Diagnóstico

Editorial I
De mal en peor
La Argentina no transita desde las elecciones de octubre hacia una sociedad más republicana y abierta

La velocidad de los acontecimientos ocurridos desde las últimas elecciones presidenciales y legislativas de octubre último ha sido suficiente para la verificación del nuevo rumbo por el que transita la Argentina. Y, ciertamente, no es hacia una sociedad más republicana, abierta, pluralista y eficiente.

Por el contrario, el país avanza hacia un régimen más autoritario, con un poder más concentrado que el de los últimos ocho años, con perseverantes maniobras oficialistas para lograr el control absoluto del Poder Judicial, mientras crece la interferencia estatal en la actividad económica y se cercenan, entre otras libertades, la libertad de prensa.

Es parte sustancial de ese cuadro una corrupción sistematizada como forma de hacer política y de llenarse con desparpajo los bolsillos. Ella se ha abierto paso en ausencia de instituciones vigorosas y competentes, y de jueces verdaderamente dispuestos a frenarla o combatirla, con pocas excepciones.

En tal escenario, la sociedad ha actuado como un protagonista paralizado por acostumbramiento, por fatiga o por el cinismo de aplicarse a los beneficios circunstanciales de un consumismo alocado que no ha estado al alcance de los núcleos más paupérrimos de la población. Y ha desatendido así, ceñida a lo inmediato, los síntomas evidentes de que la fiesta entra en su última etapa; la realidad golpeará a todos por igual y más fuerte lo hará cuanto más tarde se produzca la reacción.

El agravamiento manifiesto de la situación se ha producido desde octubre, cuando el kirchnerismo obtuvo no sólo el 54 por ciento de los votos, sino además el control del Congreso de la Nación. Semejante concentración de poder se ha usado para completar la casi total eliminación de los escasos jueces independientes que aún permanecían en la Cámara de Casación Penal y reemplazarlos con jueces de notoria cercanía con el Poder Ejecutivo. También se ha acentuado la influencia sobre el Consejo de la Magistratura. De esa manera, el Gobierno se ha asegurado, por un lado, impunidad en materia de corrupción y, por el otro, valerse de un arma feroz para la persecución de los adversarios o de los ex aliados caídos en desgracia. A veces la incoherencia ocasiona más estragos que la perversión.

La interferencia abusiva en la economía es otro síntoma de lo que sucede. Con la excusa de la corrida cambiaria de noviembre, se han acentuado los controles cambiarios. El secretario de Comercio ha pasado a controlar las importaciones de una manera nunca antes vista, con excepción de los años del primer peronismo. Pero a favor de este último debería decirse, si cabe, que dictaba reglas y asumía responsabilidades formales, sin esconderse en las frecuentes instrucciones "de palabra" que han caracterizado la conducta de la Secretaría de Comercio en el régimen de los Kirchner, pero que por sobradas pruebas de otro orden de nada servirán más adelante para excusar conductas.

Nuevos sectores han caído bajo el ataque de un gobierno especializado en derivar a chivos expiatorios sus gravísimos errores. Forman parte ahora de los blancos tratados con beligerancia los sectores petrolero y eléctrico, a los que se acusa de no invertir lo suficiente. Los disparos alcanzan, incluso, a algunas figuras del ámbito financiero señaladas hasta no hace mucho por la disposición con la cual aplaudían cualquier anuncio, en un sentido o en otro, con tal de que provinieran de despachos oficiales. Hasta se prestaron por encargo a descalificar las primeras denuncias sobre el grado de inflación a que llegaba el país.

El llamado "relato", más apropiado a la fantasía del verso que a la prosa llana, pretende ocultar que los padecimientos objetivados en la economía nacional se originan, ni más ni menos, que en la política oficial en curso desde hace casi diez años. "El pasado son ellos", se ha dicho con acierto de quienes gobiernan, a fin de desnudarlos de una vez por todas en la obstinada pretensión de echar culpas sobre administraciones precedentes cuando no consiguen hacerlo sobre destinatarios más inmediatos.

Desde hace casi diez años se han manipulado precios y tarifas energéticas, manteniéndolas a niveles artificialmente deprimidas. Cuando la realidad ha terminado por doblegar al voluntarismo populista, se han dirigido reproches a empresas mal reguladas y peor supervisadas, que cuentan hasta con directores estatales. Es tarde. A nadie puede engañarse cuando hemos llevado años denunciando esas políticas, como lo han hecho con reiteración también ocho ex secretarios de Estado de Energía. Lo paradójico es que el inevitable tarifazo en marcha -en realidad, un impuestazo sin autorización legislativa- no mejorará las posibilidades de inversión de las empresas. Está destinado con exclusividad a reducir los exorbitantes subsidios estatales, impagables a estas alturas, y a recaudar más impuestos sobre el consumo.

La política de profundización de controles arrincona a la Argentina en el grupo de países más cerrados del mundo, acentúa su aislamiento y desalienta las inversiones. Nadie invierte si no puede disponer libremente de sus ganancias legítimas. Por añadidura, esa política trabará el crecimiento y la actividad industrial que depende de insumos y partes importadas. Sólo el anacronismo de algunos economistas e intelectuales incompetentes o cómplices de los bolsones industriales de absurda ineficiencia o nula innovación y creatividad puede proclamar las supuestas bondades de la política de "vivir con lo nuestro".

Debe reconocerse, tal como se ha señalado con insistencia en estas columnas, que el avance autoritario del Estado ha contado hasta ahora, en general, con el silencio de las víctimas. La pusilanimidad, cuando no la obsecuencia de una amplia franja de la dirigencia empresaria, ha facilitado ese intervencionismo sin reglas ni ecuanimidad.

De modo similar a lo que sucede en Venezuela y en Ecuador, se persigue a los periodistas y medios independientes, sin que muchos jueces se animen a garantizar el orden constitucional pleno. La imposición de cupos de importación de papel de diario y las medidas tendientes a asfixiar a Papel Prensa son otros ejemplos de la dirección que ha tomado la política oficial.

La corrupción impune se instala en los regímenes autocráticos como método habitual de hacer política y de comprar voluntades. La utilización de jueces adictos, como Norberto Oyarbide, en casos tan sonados como los de Skanska, la investigación del vertiginoso enriquecimiento del matrimonio Kirchner, la causa del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o el affaire Schoklender-Bonafini, contribuye a cerrar sin investigaciones reales la conducta de los comprometidos o a que los juicios se dilaten sin resultados. Así se cierra con precisión el sistema de degradación institucional, en el que las pruebas indiciarias que han ido apareciendo en torno de los negocios del vicepresidente Amado Boudou con la ex Ciccone terminan por completar un estado de cosas en esos niveles jerárquicos del Estado.

Nada de lo expuesto se explicaría de haber existido una oposición articulada y coherente, y con más figuras dispuestas a la firme defensa de las instituciones y a correr menos detrás de la agenda gubernamental.

Desde luego, las sociedades suelen tener los gobiernos y regímenes que se merecen, pero también el tipo de oposición que más acabadamente refleje la sensibilidad y las opiniones dominantes. Si los lamentos llegan tarde para ser útiles, habrá que ver cuántos podrán asumir la queja con la debida autoridad moral, aun cuando nunca deba prescindirse del concurso de todos los espíritus dispuestos a la rectificación y recuperación de una república en camino de perderse.