Del despacho de Nisman

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Resumen de los contenidos de la denuncia

En una muy dura y grave denuncia de casi de trescientas páginas, el

Fiscal General Dr. Alberto Nisman acusó ante la justicia federal argentina a

Cristina Fernández de Kirchner y a altos miembros de su gobierno de decidir,

negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA,

con el propósito de fabricar la inocencia de Irán.
Intereses geopolíticos y

comerciales del gobierno de Cristina Fernández iban a beneficiarse con la

fabricación de esta inocencia en relación con el terrible atentado terrorista que

asesinó a ochenta y cinco personas y dejó más de cien heridos en 1994.

Nisman denunció la existencia de un sofisticado plan delictivo,

destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y

fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra

la sede de la AMIA. Además, probó que esta maniobra comenzó dos años

antes de la firma del Memorando de Entendimiento -27/01/2013-,

inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner -27/10/2010-, y que

la misma involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó

negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado,

Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en la Argentina.

Esta confabulación criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la

Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y puesta en funcionamiento,

principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor

Marcos Timerman. Asimismo, la denuncia acreditó la activa participación

criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al Diputado

Nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la

Presidencia de la Nación, a los dirigentes Luis Ángel D’Elía y Fernando Luis

Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y al

referente comunitario iraní, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil. Ello motivó que

el Sr. Fiscal solicitara respecto de todos los nombrados la declaración

indagatoria y un embargo de bienes por la suma de doscientos millones de

pesos, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados

iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio

de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y

genocidio.

Para la época en que se urdió e instrumentó este plan criminal, la

urgencia energética que atravesaba -y aún atraviesa- Argentina y el anhelo por 2

un acercamiento geopolítico y el restablecimiento de plenas relaciones

comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán fueron, según las

pruebas presentadas, los factores determinantes para que la primera

mandataria, Dra. Cristina Fernández tomara la aciaga decisión de llevar

adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA.

El plan denunciado tuvo un único y delictivo propósito: lograr la

impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad

jurisdiccional en su contra, en pos de dar un paso hacia un acercamiento

geopolítico y al restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel

estatal con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por

parte de la sociedad argentina.

El Fiscal Nisman se ocupó de aclarar que nada había de reprochable en

la relación comercial y/o en la vinculación geopolítica entre estados, pero que

aquí correspondía formular acusación porque en este caso se había constatado

la existencia de conductas delictivas por parte de las autoridades del gobierno

argentino denunciadas, que consistieron en sacrificar una causa judicial en

trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan

criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los

prófugos iraníes, para otorgarles impunidad definitiva.

Múltiples elementos probatorios confirmaron que el anhelo por el

petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas.

Se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin

perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado.

En primer lugar y antes de la firma del acuerdo, cuando se conocía la

existencia de encuentros diplomáticos entre iraníes y argentinos en Suiza por

el caso AMIA, pero nada se sabía de lo que se estaba negociando

verdaderamente, Fernando Esteche, partícipe de esta maniobra, aseveró:

“…los tipos quieren restablecer relaciones…que lo van a hacer…

multidimensionalmente eso. A nivel gobierno, te digo, a nivel Estado…lo que

tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados…”.

En segundo lugar, en mayo de 2013, pocos días después de regresar de

Irán, el referente local del régimen Jorge Khalil afirmó: “…el tema que

necesita Argentina, es petróleo…hay un verdadero interés para empezar y

entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios

del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o

a Beirut mejor…para empezar las relaciones directas de funcionarios a 3

funcionarios…”. Días más tarde, Luis D’Elía manifestó: “…Ahí hablé con

Julio”, en referencia al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios, Arquitecto Julio De Vido, y agregó: “…acá hay urgencia

energética…”.

Después, el 20 de mayo y por orden de Cristina Fernández, se

reunieron el Ministro De Vido y Luis D´Elía, quien luego dio cuenta del

encuentro al referente de Irán: “…ellos están dispuestos a mandar a la gente

de YPF con nosotros a hacer negocios allá”, en alusión a Irán, “…está muy

interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne”, en referencia al

petróleo. Y agregó: “…la reunión fue porque lo pidió la Jefa, ¡eh!...Estamos

al más alto nivel…”.

Más tarde, ese mismo día, Jorge Khalil informó a Irán del avance de las

negociaciones: “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y

todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a

cambio de granos…” y agregó: “…Argentina tiene una gran necesidad de

petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el

intercambio…”.

El comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba

supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es

decir, al avance del plan de impunidad. El acuerdo era un medio para habilitar

el comercio. En la presentación judicial, se acreditaron reuniones y contactos

ejecutados por expresa orden presidencial, con el objeto de presionar la

ratificación interna del Memorando por parte de Irán, a fin de avanzar en los

intercambios comerciales de Estado a Estado.

Al respecto, luego de reunirse con De Vido, D´Elía comunicó a Irán:

“…tiene un problema político, necesitan que se apruebe el memorando…”. A

ello, para explicar los motivos por los que Teherán estaba dilatando la

aprobación interna del acuerdo, Khalil le replicó: “…De Vido tiene que saber

que Timerman no cumplió con algunas cosas, esto es así de claro, no cumplió

con algunas cosas…”. No obstante la réplica, Khalil comunicó a Irán la

necesidad transmitida por Cristina Fernández a través del Ministro De Vido:

“…Acá hay luz verde para hacer las operaciones y mandar a la gente, el tema

es que quieren que se apure el memorándum… De Vido entiende que para dar

un paso en esto…o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del

memorándum, porque si no, siguen los privados, nada más…como están

laburando…O sea, que se firme primero el memorándum para empezar a 4

hacerlo de Estado a Estado, porque por ahora los únicos que están

trabajando son los privados…”.

Pero, además, las pruebas reunidas evidencian que de estas

negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen

Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que

ocurrían en el seno de nuestro gobierno. Para citar un ejemplo de los tantos

que constan en la denuncia, se transcribe uno de los informes telefónicos

recibidos por Rabbani: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de

Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas

autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción

puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani

contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…Irán

fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero

puede cambiar…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que

están listos para vender petróleo a la Argentina…y también comprar

armas...”.

Esta posibilidad de comprar armas a la Argentina fue comunicada por

Mohsen Rabbani a una persona de su entorno, Adalberto Assad, quien ese

mismo día venía de reunirse con un alto funcionario del gobierno argentino,

que iba intermediar para conseguirle una reunión personal con la Sra.

Presidente.

En el marco de este plan criminal, Jorge Khalil ha sido la persona de

confianza de Rabbani, que le ha reportado constantemente desde Buenos

Aires: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego a mi

casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Gracias a

Khalil, Rabbani estaba mejor informado que los familiares y víctimas del

atentado, que la dirigencia judía local y que las autoridades judiciales

argentinas, ninguno de los cuales, al mes de mayo de 2013, conocía estas

tratativas.

Es decir, mientras la justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos

funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado

terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Sra.

Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus acciones estaban

exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y

que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso,

uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente 5

negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales

ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo

que es más grave aún: su impunidad.

En consecuencia, la denuncia pone de resalto la siguiente secuencia. El

18 de julio de 1994 ocurrió un atentado terrorista en Buenos Aires. La justicia

investigó y determinó responsabilidades de varios sujetos de nacionalidad

iraní en la ideación y planificación de ese atentado. Esas personas han estado

hasta la actualidad protegidas por el régimen al que pertenecen y que gobierna

la República Islámica de Irán. El gobierno nacional negoció un acuerdo con

ese país y, pasando por alto a la justicia y a la Constitución Nacional, brindó el

marco jurídico necesario para que aquellos acusados puedan quedar

desvinculados fraudulentamente de la causa por el atentado e impunes. Y en

ese contexto, uno de los prófugos de la justicia argentina y beneficiario del

pacto ilegal, Mohsen Rabbani, envalentonado por la posición del gobierno

argentino, en lugar de responder a las serias acusaciones en su contra, negoció

su impunidad, decidió los pasos a seguir, controló el avance del plan criminal

y, además, planificó “comprar armas”.

Lo denunciado reviste una gravedad institucional extrema e inusitada,

tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra

criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el

“delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el

atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de

lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo

Canicoba Corral.

En la causa “AMIA” ya se ha determinado que las máximas autoridades

iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de cometer el atentado

terrorista, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su

ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.

A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del

ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie

Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del

ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia

Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro

de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en

Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán 6

en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de

Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour.

A raíz de los cuestionamientos de Teherán ante Interpol, se inició un

extenso trámite en ese organismo policial. En el marco de esas diligencias, la

Oficina de Asuntos Legales de Interpol efectuó una saludable distinción entre

las solicitudes de detención de ciudadanos iraníes formuladas por el ex juez

Galeano (a las que denominó AMIA I) y las órdenes de capturas libradas en

noviembre de 2006 a solicitud del Dr. Nisman (a las que llamó AMIA II)

recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a la

solicitud de publicar notificaciones rojas.

Además, sobre la presentación que formuló el Fiscal General del caso,

Alberto Nisman, en la sede de INTERPOL, la Oficina de Asuntos Jurídicos y

el entonces Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvieron: “...la

altamente profesional explicación de su caso, acusado por acusado,

proporcionada por los fiscales argentinos que intervienen en la causa fue

importante en la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que el caso

del pedido de las notificaciones rojas por parte de la OCN Buenos Aires no

revestía un carácter político predominante como para que entrara en vigor la

prohibición del artículo 3…[Carta de la Organización Internacional de Policía

Criminal- Interpol]”

A raíz de estos esfuerzos, en noviembre de 2007, la Asamblea General

de Interpol decidió emitir notificaciones rojas respecto de cinco de los

imputados iraníes: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari; sobre los que

pesa, entonces, la máxima prioridad de búsqueda que registra la policía

internacional.

Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido

reclamando por años a la República Islámica de Irán –hasta el momento,

infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados

iraníes.

En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso

a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que

rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados

a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente

judicial. Varios testimonios –del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de

los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller,

Roberto García Moritán- coinciden en describir los pactos propuestos por Irán 7

y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino. Al respecto, el

nombrado García Moritán afirmó que los iraníes habían ofrecido un acuerdo

que “también tenía 9 puntos y era muy similar al actual” y que “con sus

matices, tenía el mismo espíritu”, comparándolo al pacto firmado por

Timerman.

En todos los casos, el gobierno de Néstor Kirchner y el ex presidente en

particular entendió que estas propuestas conllevaban una injerencia

inadecuada del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial. Tal era el criterio del ex

presidente que, en forma consecuente, decidió remover a Luis D´Elía de la

función pública cuando éste encabezó –en noviembre de 2006- una protesta

contra la acusación judicial a los ciudadanos iraníes por el caso AMIA. D´Elía

sostuvo públicamente que: “el dictamen judicial que acusa a la República

Islámica de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por

circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad”. Funcionarios

del gobierno de Néstor Kirchner explicaron –en aquel momento- a la prensa

que, a entender del presidente, D´Elía había cruzado “una línea infranqueable:

nunca jamás, un funcionario del gobierno debe abrir juicios sobre causas

judiciales abiertas, y menos si atañen a un tema tan sensible como la voladura

de la AMIA”. Además, en aquella ocasión Kirchner se comunicó con su par de

Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión

diplomática del Embajador Roger Capella en Argentina, promotor de la

protesta comandada por Luis D´Elía.

En suma, durante todo su mandato y podría decirse mientras vivió, el ex

Presidente Néstor Kirchner fue consecuente con su postura con el caso AMIA:

un fuerte reclamo a Irán por su falta de cooperación en la causa, la firme

decisión de rechazar las propuestas iraníes que propiciaban dejar de lado las

conclusiones de la justicia argentina y su inestimable apoyo a la investigación

judicial por el atentado contra la sede de la AMIA fueron los ejes centrales de

esta política de estado.

En la denuncia se documenta que Irán siempre intentó una salida

negociada y política al caso AMIA, que evite enfrentar y –mejor aúndesarticule

la acusación judicial. Así, en abril de 2005, Irán condicionó la

respuesta a un exhorto librado en la causa, en los siguientes términos: “...Si

asistimos al poder judicial argentino: a) ¿No estaremos siendo vistos como

acusados o sospechosos? b) Supongamos que recibimos los exhortos y los

contestamos [...] Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente 8

que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la

AMIA? c) ¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? d) ¿cómo

podemos saber si el juez cerrará el dossier o no?”

Y añadió: “el asunto principal es que de alguna manera podamos estar

convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa llegará a la

conclusión de que el señor X o el señor Y no están ni estuvieron implicados en

la explosión de la AMIA. Recuerden que desde el 19 de julio de 1994 nos

manifestamos dispuestos a colaborar con la justicia argentina, posición y

oferta que continúa aún válida. Si tuviéramos garantías objetivas, cosas

tangibles (resultados tangibles) no tendríamos ningún problema en: a) recibir

todos los exhortos; b) contestar todos los exhortos; c) incluso más: hacer

algunas investigaciones ulteriores en Irán…”

Otro ejemplo de esta actitud iraní en cuanto a sus falsos ofrecimientos

de colaboración con la causa surge de un “non paper” entregado por la

diplomacia iraní a la argentina, en el que se proponía el siguiente acuerdo: “1.

Las partes aceptan que no ha existido ninguna acusación contra ciudadanos

iraníes en relación con la Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue

el Juez argentino a cargo de la investigación en lo que respecta a los

ciudadanos iraníes fue ordenado con el mero fin de recopilar información. 2.

Las partes… se abstendrán de efectuar cualquier tipo de inferencia criminal,

tanto en forma directa como indirecta, o acusación contra la otra parte y sus

funcionarios.3… las cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina

serán enmendadas de forma tal que no se formule ningún alegato o

acusación, ya sea en forma explícita o implícita, contra el gobierno iraní y sus

ciudadanos…4. Tras lo dispuesto en el párrafo tercero, el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Irán recibirá oficialmente las cartas rogatorias…5.

La parte argentina…revocará cualquier orden de arresto librada por el Juez

a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la República Islámica de

Irán…”.

Esta histórica postura de Irán respecto al caso AMIA se deriva de una

estrategia del régimen consistente en negar toda relación de sus ciudadanos

con el atentado y jamás brindar información a la pesquisa, para desligarse de

toda responsabilidad por actos de terrorismo.

Esto fue expuesto por dos ex cancilleres. Rafael Bielsa mencionó la

oferta iraní de cuatro mil millones de dólares en compras de maíz y trigo,

condicionada a dejar de lado la causa AMIA. Sobre la diplomacia iraní, 9

expresó: “…era una actitud extorsiva…Siempre nos estaban haciendo

trampa…Les decíamos: los vamos a seguir hasta debajo de la cama, acá no

hay arreglo, contesten los exhortos. Uno de sus argumentos era: se están

perdiendo 4 mil millones de dólares…Jamás hubo la más mínima

concesión…ellos querían que un punto sugiriera que podía haber algún error

por parte del Poder Judicial en el requerimiento de estos dignatarios

iraníes…”. Jorge Taiana aseveró que por parte de Irán: “No hubo ninguna

muestra de que existiera la más mínima voluntad de ayudar a esclarecer el

hecho…”.

Se trata, además, de una estrategia que ha sido replicada por Irán ante

otras acusaciones por terrorismo, como en el caso “Mykonos” y en el

asesinato de Chapour Bakhtiar; y fue reconocida por el ex Canciller iraní Ali

Akbar Salehi como una estrategia “exitosa” del Líder Supremo. Así, quedó

expuesto en la denuncia la evidente decisión política del régimen iraní de

garantizar impunidad en un atentado planeado y ordenado por el mismo

régimen.

Ahora bien, la línea forjada por Néstor Kirchner en torno al caso AMIA

continuó durante los primeros años del mandato de su esposa Cristina

Fernández. Sin embargo, la inconmovible negativa iraní fue logrando, de

algún modo, erosionar las expectativas del gobierno nacional, sin que ello

modifique, al menos inicialmente, el objetivo perseguido, que siempre

consistió en que Irán someta a los imputados a nuestra jurisdicción. Ejemplo

de ello fue el ofrecimiento formulado por Argentina en septiembre de 2010

para realizar el juicio por AMIA en un tercer país ante la presencia de

veedores internacionales. Dicha oferta fue rechazada mediante una carta del

Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones

Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expresó que las

acusaciones argentinas carecían de fundamento y que la actual investigación

transitaba un “camino equivocado” que no llevaría a encontrar a los

“auténticos autores” del atentado. Khazaee tachó de falsa, arbitraria e

infundada la acusación contra los ciudadanos iraníes, afirmando que el

procedimiento judicial argentino estaba plagado de irregularidades, violaba

garantías procesales y derechos fundamentales y no tenía por fin la verdad y la

justicia. Asimismo, aseveró que: “El Gobierno de la República Islámica del

Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado,

directa o indirectamente, en la explosión del AMIA”. Y acusó a las 10

autoridades argentinas de colaborar y financiar a grupos terroristas, como los

Muyahidin Jalq. En suma, el ofrecimiento argentino para realizar el juicio en

un tercer país quedó trunco por una respuesta de Teherán, tan falazmente

fundada como provocativa.

Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por

la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la

sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin

antes obtener cooperación en el caso por parte de Teherán, es decir, la entrega

de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional.

La consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en

torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la

actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permitiera a los

imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente del accionar de la

justicia, a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a

nivel estatal con la República Islámica de Irán. El ex canciller Bielsa resaltó el

cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: “le

dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado.

Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema

sagrado para Néstor….Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle

a Irán era casus belli”.

En la presentación judicial del Fiscal Nisman se aclaró expresamente

que no se estaba cuestionando un cambio de política exterior –resorte

exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto, tema no judiciable-,

sino que se denunciaba que se haya optado lisa y llanamente por el camino del

delito: borrar una acusación y una investigación judicial en pleno trámite.

Justamente, la denuncia demuestra que, en este contexto histórico y con

el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el

gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de

180 grados en relación a su consideración del caso AMIA.

Se detectó una circunstancia indicativa de que hasta agosto de 2010 no

se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en torno al

caso AMIA, esto es, que la decisión de encubrir aún no había sido tomada.

Prueba de ello es que el día 11 de agosto de 2010, el Ministro Timerman

mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Sra.

Hillary Clinton, y luego declaró: “…pude conectar que un atentado que se

frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, 11

el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. No lo

sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una

conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la

AMIA…”.

El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. Lo

cierto fue que la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para

convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Así comenzó a

negociarse la impunidad. Su mayor opositor, Néstor Carlos Kirchner, había

fallecido. El camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado

despejado. Hacía más de 20 años que Irán protegía a los acusados y obstruía la

investigación. A esa histórica protección iraní se le sumó este plan de

impunidad orquestado por la máxima autoridad del gobierno argentino,

Cristina Fernández y su Canciller Héctor Timerman.

Así las cosas, el plan criminal se activó en enero de 2011, cuando

Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió

con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades

políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso

AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un

acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales

entre ambos estados.

Concretamente, el 23 de enero de 2011, Timerman arribó a Damasco,

donde se reunió con el canciller sirio Walid al-Mohalem. Posteriormente,

viajó a Alepo, donde se entrevistó con el Presidente Bashar Al-Assad. La

cancillería no emitió comunicado al respecto. No obstante, un cable público de

la agencia oficial de noticias Siria –SANA- informó que, con fecha 23 de

enero de 2011, el canciller sirio se había reunido con sus pares de Argentina y

de Irán, uno después del otro, y que al día siguiente ambos cancilleres viajaron

a la ciudad de Alepo. Obran evidencias que demuestran que existió “un mano

a mano entre Salehi y Timerman para tratar el tema”

La denuncia del Fiscal Nisman demostró que el Canciller Salehi tomó

nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó por escrito al entonces Presidente

Mahmoud Ahmadinejad: “…Argentina ya no está más interesada en resolver

aquellos dos atentados…en cambio prefiere mejorar sus relaciones

comerciales con Irán”.

Sobre el tema, se citó el testimonio del periodista José Ricardo

Eliaschev quien declaró, bajo juramento, haber accedido a una copia de ese 12

documento secreto redactado por el canciller iraní. Como si estos elementos

no fueran suficientes, el propio Alí Akbar Salehi reconoció posteriormente:

“…nos hemos reunido durante dos años con el Canciller argentino Héctor

Timerman…”, esto literalmente ubicó el inicio de las negociaciones en enero

de 2011, justamente, para la reunión de Alepo. De esa forma, Salehi desmintió

categóricamente a Timerman que, empeñosamente, había intentado mantener

oculto el inicio de las maniobras delictivas.

Así, la cumbre de Alepo marcó el primer indicio concreto y corroborado

de la existencia de una decisión de los más altos funcionarios denunciados del

gobierno argentino de abandonar la legítima pretensión de enjuiciar a los

acusados iraníes judicialmente imputados por el caso AMIA. Fue la primera

vez que un estado agredido prácticamente imploró a un estado agresor para

que firme un acuerdo que otorgase impunidad a los agresores.

De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los

gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012 y

durante el cual, ambas partes realizaron gestos claramente indicativos del

acuerdo que, en esa época, se estaba incubando.

El primer indicio consistió en la reacción a la noticia publicada por José

“Pepe” Eliaschev en el diario Perfil cuando, en marzo de 2011, reveló la

existencia de la reunión en Alepo y su verdadera finalidad. En lugar de dar

explicaciones que esclarecieran las graves implicancias del trascendido

informativo, el Canciller Timerman en persona salió a cuestionar al Sr.

Eliaschev, sosteniendo simplemente que los datos publicados eran falsos y

tenían por objeto dañar su casi contemporánea visita a Israel. Expresó: “…esa

fue una información falsa, fue una operación que se hizo en contra de mis

relaciones, o sea de mi viaje a Israel…Fue el oportunismo de un pseudoperiodista

que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme…”

Otro de esos gestos tuvo lugar en julio de 2011, cuando el gobierno

argentino calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la

cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva

hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia.

Un tercer indicio se verificó el 22 de septiembre de 2011, ocasión en

que la Sra. Presidente instruyó al entonces Embajador argentino ante las

Naciones Unidas, Jorge Argüello, para que permanezca en su asiento mientras

pronunciaba su discurso el, en aquel tiempo, Presidente de la República

Islámica, Mahmoud Ahmadinejad. Ello, en contraste con la decisión sostenida 13

por la mandataria en los años previos, de retirar a la delegación argentina del

piso y no presenciar los discursos de Ahmadinejad.

Otro gesto registrado tuvo lugar en septiembre de 2012 cuando, por

primera vez en años, Presidencia de la Nación decidió no invitar a formar

parte de la comitiva argentina que viajó a la 67ª Asamblea General de

Naciones Unidas a ninguno de los dirigentes comunitarios de las instituciones

judías locales. Así lo reconoció uno de ellos: “…el último año no hemos sido

invitados, lamentablemente. Y es cuando surge justamente la propuesta de

esta mesa de diálogo por parte de la Presidenta de la Nación…”, en

referencia al anuncio presidencial de “inicio” de negociaciones con Irán que,

ahora se sabe, ya venían llevándose a cabo desde antes y en secreto por –al

menos- un año y medio.

Un quinto indicador de este acercamiento secreto con Irán se

materializó en el “silencio cómplice” de las autoridades argentinas

denunciadas ante declaraciones de funcionarios iraníes que acusaron a

“agentes de Tel Aviv” por el atentado y que catalogaron de “sionista” al Fiscal

Nisman. Nunca antes el gobierno argentino había permanecido en silencio

ante este tipo de declaraciones. De hecho, Néstor Kirchner siempre repudió

este tipo de descalificaciones, exigiendo –por vía diplomática- las

explicaciones correspondientes, como lo hizo, por ejemplo, en el año 2006,

cuando trascendidos aseveraron que la justicia iraní solicitaría el arresto y la

extradición del Fiscal Nisman por la acusación emitida por la justicia

argentina contra exfuncionarios iraníes, luego avalada por Interpol.

En síntesis, trascendió a la prensa la reunión secreta que Héctor

Timerman mantuvo en Alepo y el canciller argentino cuestionó duramente al

periodista que difundió la noticia. De un día para el otro y sin justificativo

alguno, en julio de 2011, Irán se declaró dispuesto a negociar en relación al

atentado y el gobierno argentino lo celebró, pese a que la propuesta suponía

una hipótesis distinta a aquella sostenida por la justicia nacional. El gobierno

argentino presenció por intermedio de su embajador, después de dos años de

no hacerlo, el discurso del Presidente Ahmadinejad ante la Asamblea General

de las Naciones Unidas. La Presidente Fernández omitió invitar a las

instituciones comunitarias judías, como había sido su costumbre, a formar

parte de la comitiva que la acompañó a la siguiente reunión anual de las

Naciones Unidas y justamente, en esa oportunidad, anunció una negociación

con la República Islámica de Irán en relación al ataque terrorista del 18 de 14

julio de 1994. La denuncia descartó de plano que todos estos signos pudieran

ser tomados, simplemente, como frutos de la casualidad; sino que fueron,

inequívocamente, manifestaciones amistosas de dos partes que estaban

negociando un acuerdo secreto.

En efecto, suficientemente avanzadas dichas negociaciones secretas

donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el

mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández oficializó las reuniones,

siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas,

adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de

negociar por el caso AMIA y anunció haber instruido a su canciller en ese

sentido. Entonces se clarificaron los motivos por los cuales la Sra. Presidente,

en aquella oportunidad y por primera vez, no había invitado a las instituciones

comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate

General. El anuncio que haría había sido acordado con anterioridad y con una

finalidad distinta a la que se invocó.

Tal manifestación de la Sra. Presidente fue solo una puesta en escena, la

primera de varias que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de

impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí

denunciados. Con este gesto se oficializaba “un hecho consumado”. Se buscó

ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán

como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciaban en ese

momento, cuando ya llevaban –al menos- un año y medio. Para impedir que

trasciendan, primero la existencia de los contactos y después, su contenido, se

recurrió a la negación de los hechos, a su tergiversación y hasta se llegó a

cuestionar y desacreditar a las fuentes que brindaban información sobre el

tema.

Aún más, mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas,

el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de

comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un

aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia

una falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero –

fundamentalmente- que desincrimine a los iraníes.

El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas,

fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en

Etiopía. Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya

estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando 15

plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el referido memorando, que

no fue -en realidad- el inicio sino la culminación de una maniobra criminal

que ya llevaba más de dos años de ejecución.

La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento

jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La

realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos para viabilizar el

plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resulta funcional

a esta maniobra espuria.

Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las

autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan

criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia

argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló

para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el tema de la

manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la

suscripción del mencionado acuerdo bilateral. Este debía poder ser presentado

como un instrumento pensado para procurar justicia, cuando –en realidadestaba

y está claramente destinado a lo contrario: a obstruirla y a impedirla.

De allí la elaborada sofisticación del delito denunciado.

La denuncia explica que la letra del Memorando de Entendimiento

prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol;

que contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar

indefinidamente su vigencia en el tiempo hasta diluir por completo la causa;

que las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de

antemano y que su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis,

falsa y armada con pruebas inventadas.

En la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que

gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que

tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Claro ejemplo de

ello fue el episodio protagonizado por el entonces Ministro de Defensa de

Irán, Ahmad Vahidi quien, en el mes de junio de 2011, debió abandonar

territorio boliviano ante la presión generada por la vigencia de la notificación

roja en su contra. Este tipo de dificultades gestaron el interés iraní que llevaría

a que las partes acordaran, como lo hicieron, hacerlas cesar. De allí que el

punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto de

aplicación inmediata sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado, es

decir, del único con carácter operativo. La baja de las notificaciones rojas fue 16

el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman

hacia la desvinculación definitiva de los imputados.

Esto fue corroborado también por el documento descripto por el Sr.

Eliaschev en su declaración testimonial, en el cual el Ministro Salehi proponía

al Presidente Ahmadinejad, que lo autorice a solicitar la revocación de los

pedidos de captura internacional con respaldo de Interpol, expresando un

especial interés en mejorar la situación procesal del entonces Ministro de

Defensa Ahmad Vahidi, uno de los imputados con notificación roja vigente.

Según el citado documento, la cancillería iraní recomendaba: “…avanzar en

un acuerdo importante con Argentina porque…están dadas las condiciones

para que los argentinos decidan dar vuelta de página…”.

Por otra parte, la denuncia demostró la existencia de, al menos, un

antecedente al pacto con Irán que data del año 2006, redactado por Fernando

Esteche que, a través de Jorge Khalil, llegó a las autoridades iraníes. Al

respecto, Khalil reconoció: “…ese plan lo hicimos con Fernando Esteche

hace seis años…cuando se lo llevé a Baharvand, me dijo no…”, en referencia

al entonces Encargado de Negocios de Irán en la Argentina. Hoy se puede

concluir que el rechazo iraní se pudo deber a que, en aquella época, Interpol

no había emitido aún las notificaciones rojas contra los funcionarios persas y,

en consecuencia, no existía el motivo que activó posteriormente el interés de

Teherán en avanzar con un acuerdo por el tema, conforme ha sido probado en

la presentación del Fiscal. Antes de las notificaciones rojas, no había interés

de Irán para firmar acuerdos de este tipo con Argentina.

El gobierno argentino daba por sentado que el punto séptimo del

Memorando bajaría automáticamente las notificaciones rojas, lo que –al

mismo tiempo- era desmentido por sus voceros. Sin embargo, las

agrupaciones de víctimas, familiares y entidades comunitarias advirtieron que

su aplicación podía derivar en el cese de estas notificaciones y, por lo tanto,

propiciaron un anexo al Memorando de Entendimiento que especifique que

éstas no caerían. Si bien primero trascendió que ello había sido aceptado por

Timerman, luego el Canciller negó haberse comprometido a elaborar dicho

anexo.

Las víctimas tenían razón. Al mes de haberse firmado el Memorando de

Entendimiento, un agente de inteligencia de Presidencia de la Nación

individualizado en la denuncia como parte del plan de impunidad le comunicó

al operador iraní Khalil: “Tengo un chisme…me dijeron ahí en ´la casa´ [en 17

referencia a la Secretaría de Inteligencia]…Interpol va a levantar el pedido de

captura de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]…lo va a levantar

ahora”. Es decir, se trataba de un resultado esperado y que se palpitaba

inminente.

Por su parte, la interpretación que Irán tenía del punto siete del acuerdo

surgió palmaria en el artículo publicado por la agencia oficial de noticias iraní

IRNA, bajo el título “Memorando de Entendimiento firmado entre Irán y

Argentina: Gran éxito diplomático”, que consistió en un análisis jurídico del

texto del acuerdo por el experto iraní en derecho internacional, Mohammad

Hossein Mahdavi, que sostuvo: “El propósito del artículo [punto 7 del

memorando], en realidad, era que las dos partes conjuntamente señalaban a

INTERPOL que la diferencia entre las dos partes por el caso AMIA, y que

motivó que algunas personas aparezcan en la lista de alerta roja de esta

organización, se había resuelto a través de la cooperación mutua, y por lo

tanto, la INTERPOL podía anular esta lista….”

Esta interpretación fue indiscutidamente refrendada por las

declaraciones del propio Ministro Salehi -cofirmante del tratado- cuando,

según informó la agencia de noticias IRNA, manifestó que: “según el acuerdo

firmado por ambos países, la Interpol (Policía Internacional) debe eliminar

las acusaciones contra las autoridades iraníes”. Se esperaba que aun sin

entrar en vigencia, el acuerdo sirviera para dar de baja las notificaciones rojas

de Interpol. Si éstas caían, ya nada llevaría a los sospechados a ponerse

verdaderamente a disposición de la justicia argentina.

Para comprender cabalmente el rol del memorando en el plan,

corresponde tener presente que se trató de la excusa esgrimida para solicitar a

Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. La comunicación de la

firma del acuerdo a un organismo exclusivamente policial, sin injerencia ni

interés alguno en los tratados o avenimientos entre sus estados miembros,

como es Interpol, tuvo como único propósito el cese de esas notificaciones.

Estos objetivos se vieron truncados cuando, con fecha 15 de marzo de

2013, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol- envió una

misiva al Canciller Timerman, firmada por Jöel Sollier, Consejero Jurídico del

organismo, en la que, en referencia al memorando de entendimiento, afirmaba:

“…La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de INTERPOL

manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus 18

de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados

en la causa AMIA…”

La, para las partes, sorpresiva negativa de Interpol a dar de baja las

notificaciones rojas se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del

encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus

negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los

iraníes. Salehi criticó a Interpol por haber aseverado que las alertas

permanecían vigentes. Pero Interpol se mantuvo firme y desde que comunicó

la vigencia de las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA,

la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y

hasta el momento de la denuncia, no ha comunicado oficialmente su

aprobación interna por nota verbal.

Es decir, el interés iraní en torno a la ratificación del acuerdo

desapareció al no caer las notificaciones rojas. Nótese que con fecha 10 de

marzo de 2013, el Memorando de Entendimiento había sido elevado al

Parlamento de Irán para su convalidación. Días después, el 15 de marzo,

Interpol garantizó la estabilidad de las notificaciones rojas. Al día siguiente, el

Canciller Salehi expresó públicamente su disconformidad con lo resuelto por

la Organización Internacional de Policía Criminal, al aclarar que, conforme lo

convenido, con la sola firma del acuerdo, Interpol debía hacer cesar las

notificaciones rojas. La consecuencia de dicho revés desalentador para Irán

fue que el tratado nunca recibió tratamiento parlamentario y pareció quedar

fuera de la agenda legislativa iraní, pese a que había sido ingresado y tenía

asignado tratamiento prioritario. Se tornó evidente que sin la baja de las

notificaciones rojas, la República Islámica de Irán había perdido interés en el

acuerdo.

El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas

aportadas. En mayo de 2013 y al día siguiente de regresar de Irán, el agente

persa Khalil comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza:

“…hay un poquito de desazón de allá, de allá…hay desazón…Me parece que

el ruso este de mierda se mandó alguna”, en referencia a Héctor Timerman, y

agregó “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares”, en

alusión a las notificaciones rojas.

Luego de la reunión del 20 de mayo de 2013 entre D´Elía y De Vido y

ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de

Memorando de Entendimiento, Khalil afirmó: “…De Vido tiene que saber que 19

Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…”. Existía una promesa por parte del canciller Timerman

para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no

haya querido, sino porque Interpol se lo impidió.

En los meses de septiembre y noviembre de 2013, Timerman continuó

intentado subsanar la inesperada vigencia de las notificaciones rojas. Con ese

fin se reunió con el entonces Secretario General de Interpol, Ronald Noble,

para convencerlo de que ceda y autorice el cese de dichas notificaciones, bajo

el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. Por fortuna

tampoco entonces pudo lograr su cometido.

Este revés no desarticuló la operación de encubrimiento montada por las

autoridades argentinas denunciadas. Además y de acuerdo con el derecho

penal argentino, para la configuración del delito de encubrimiento en este caso

resulta irrelevante el interés de Irán o su predisposición respecto de la

maniobra desplegada por los autores y partícipes argentinos, dado que esta

figura penal no exige consentimiento del sujeto encubierto y ni siquiera

demanda su conocimiento.

Ahora bien, la denuncia también destaca que afirmaciones como

“…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares…” y

“…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…” transmiten la certeza, junto con otros elementos, de que

además del Memorando de Entendimiento firmado han existido entre las

partes otros acuerdos secretos.

Al ver truncada la posibilidad de avanzar con el compromiso asumido,

Salehi no trepidó en poner en evidencia a Timerman y al sentirse traicionado,

reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las

autoridades iraníes….El [contenido] del acuerdo entre Irán y Argentina en

relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y

la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos

siguiendo…”. Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de

2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de

Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a

conocer.

Estos acuerdos secretos quedaron también evidenciados en otro

episodio, cuando en febrero de 2013 el entonces vocero de la cancillería iraní,

Ramin Mehmanparast, afirmó: “…El tema de la indagatoria de un 20

responsable iraní [por Vahidi] es totalmente falso…Parece que los que se

inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones…”. Es decir,

Irán sostenía públicamente que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad

Vahidi, nunca sería interrogado pese a que esta medida estaba incluida en el

Memorando. Al respecto, Jorge Khalil aseguró que el rumor era cierto, que

ese tema en particular “estaba conversado antes….estaba dentro del marco” y

que el acuerdo era “más profundo todavía”.

Es decir, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,

Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento

abiertamente inconstitucional que garantiza la impunidad de los acusados

iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos

para los prófugos. De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó

públicamente, de dos partes contrapuestas que negociaron un acuerdo

bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan

criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa

AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de

ellos. De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, un agente de inteligencia

argentino involucrado en este plan le confesó a su par de Irán: “…Tranquilo,

ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”,

dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal.

Ahora bien, como ya se dijo, la oportuna intervención de Interpol

manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a

futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución

de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la

letra del Memorando de Entendimiento, dotando al plan de la suficiente

flexibilidad para poder adaptarlo a distintos escenarios.

En ese sentido, la denuncia explica que el cese de las notificaciones

rojas podría lograrse por una vía indirecta, esto es, a través de la aplicación del

punto quinto del acuerdo. Este artículo regla la realización de audiencias en

Teherán para que la comisión interrogue a los imputados iraníes con

notificación roja de Interpol, es decir, solamente a cinco de los ocho acusados.

Si hubiera habido una verdadera voluntad de someter a todos los

imputados iraníes a la acción de la justicia argentina, como se argumentó ante

la opinión pública, todos ellos –los ocho- hubieran estado incluidos en esas

audiencias y se hubieran acordado verdaderas declaraciones indagatorias

conforme la ley argentina, y no meras entrevistas. Del texto del acuerdo no 21

surge, en modo alguno, que el interrogatorio esté a cargo de las autoridades

judiciales argentinas como así tampoco incluye referencias expresas a la

aplicación de la normativa procesal argentina en ese acto y, menos aún,

habilita al juez a detener a los imputados. Por el contrario, la acusación debe

estar respaldada por un juez iraní de acuerdo a lo reglado por la ley iraní, lo

que nunca sucederá si se tiene cuenta lo expresado públicamente por el

régimen de Teherán, en tanto afirmó haberse asegurado de la inocencia de

todos sus ciudadanos.

Ello demuestra que estas audiencias constituyen una vía indirecta

prevista para dar de baja las notificaciones rojas. Una vez que los iraníes

buscados por Interpol participen de esas simples entrevistas, se podría

argumentar que han desaparecido los motivos legales para seguir requiriendo

su máxima prioridad de búsqueda, habilitando –de esa forma- el cese de las

notificaciones rojas.

Sin embargo, es completamente falaz afirmar que los imputados se

encontrarían a derecho con solo presentarse a la entrevista ante la “Comisión

de la Verdad”, conforme lo estipula el punto 5. La amplitud y vaguedad del

instrumento y las múltiples interpretaciones posibles, abrirían necesariamente

un debate, con el sólido riesgo de que esta discusión se desarrolle con las

notificaciones rojas ya extintas. Como puede advertirse, todo está estructurado

para la impunidad, con varias alternativas posibles para lograr tal fin.

Por otra parte, el Memorando de Entendimiento está dotado de un

enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se

siente a escuchar los cargos de la justicia argentina, la verificación de una

larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible

cumplimiento, atento a la incompatibilidad con las respectivas legislaciones:

1) que ambos países ratifiquen internamente los términos del acuerdo; 2) que

se remitan mutuamente las notas reversales notificando dicha ratificación; 3)

que cada uno de los signatarios proceda a la elección de personas de

reconocida trayectoria jurídica y probidad personal para que integren la

“Comisión de la Verdad”; 4) que los elegidos acepten la designación; 5) que

entre ambas partes y de común acuerdo, seleccionen al quinto miembro de la

comisión, es decir, a su presidente; 6) que los miembros de la Comisión

redacten las reglas del procedimiento al que se sujetarán, las cuales deberán

ser aprobadas por ambas partes; 7) que la Comisión solicite y reciba

información del caso AMIA por parte de las autoridades argentinas y/o 22

iraníes; 8) que la información y las pruebas requeridas se traduzcan; 9) que

cada uno de los miembros de la comisión analice las pruebas remitidas; 10)

que se reúnan para emitir recomendaciones; 11) que se notifiquen dichas

recomendaciones a los signatarios; 12) que se establezca una fecha para

cumplir con las audiencias; 13) que se cite a los imputados; 14) que éstos

efectivamente comparezcan a un interrogatorio que –cabe aclarar- no reúne las

condiciones mínimas para ser considerado una declaración indagatoria válida

para el derecho argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado

para ser cumplido. Tan es así, que han pasado dos años desde la firma del

Memorando y todavía Irán no ha comunicado por nota reversal la ratificación

del acuerdo.

Con contundencia, la denuncia demuestra que los términos de este

pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, están redactados de modo

tal que muy sencillamente se puede demorar en forma indefinida su

cumplimiento. Lo único que importó fue favorecer y encubrir a los imputados,

garantizándoles impunidad. Por eso el acuerdo no garantiza ley ni proceso y

solo garantiza impunidad.

Ahora bien, el memorando permite que la impunidad definitiva sea

también alcanzada mediante la efectiva actuación de la “Comisión de la

Verdad” cuya finalidad consiste en recibir y valorar nuevas pruebas y

presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el

redireccionamiento de la pesquisa. Poco importa su futura conformación, dado

que las conclusiones ya fueron arregladas de antemano, con independencia de

quienes vayan a ser luego elegidos como sus miembros.

Para ello, el pacto guarda en la amplitud de su redacción cierto grado de

sutileza. Con ese norte, se decidió que las conclusiones de la comisión no

fueran propiamente vinculantes, dado que ello hubiera sido demasiado

evidente. Pero en los hechos es como si lo fueran, ya que los gobiernos se

comprometieron a atar “sus futuras acciones” a los descubrimientos y

recomendaciones de la comisión creada que, como su nombre lo sugiere,

desentrañará “la verdad”. Esto obliga al Estado Argentino y a sus distintos

órganos, a atender al referido dictamen.

La comisión tiene la capacidad de descartar lo actuado por la justicia,

generando un efecto deslegitimador irreversible. Al respecto, el agente iraní

Jorge Khalil, el mismo día de la firma del memorando, expresó: “…alguien va

a salir con la cara manchada de acá…” y ciertamente estaba seguro que no 23

sería el país al que sirve porque “…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va

a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la

mesa…”. Al respecto, los referentes iraníes reconocían que: “…si se cae la

traffic, olvidate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta…

[en referencia a la conclusión judicial que asevera que la bomba se encontraba

dentro de una camioneta Renault traffic]… ya está… ¿Me estás

cargando?...ya está, no te puedo hablar, adelantar nada, pero YA ESTÁ

TODO”. Así, se demostró que los agentes de inteligencia argentinos e iraníes

tenían la seguridad que los acusados iban a quedar liberados de la imputación

de la justicia. “…Que en un año y medio tengamos las buenas noticias…” es

la expresión inequívoca que reflejó ese pensamiento. Estaba todo arreglado.

En otro pasaje de la denuncia se comprueba que autores y cómplices,

como parte integral del plan criminal, ya habían planificado y avanzado en la

fabricación de una hipótesis acusatoria falsa, con pruebas inventadas, para

redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar

definitivamente a los nacionales iraníes.

Presente ello, en una fecha tan temprana como noviembre de 2012, el

agente iraní Jorge “Yussuf” Khalil ya se había reunido con el Dr. Héctor

Yrimia, ex fiscal que intervino en la causa y ex juez de Instrucción,

actualmente vinculado a un sector de la Secretaría de Inteligencia y partícipe

de la maniobra que se denuncia. Así lo relató: “…tuve una charla con el

fiscal…El fiscal de la causa…el que estaba, no el que está ahora…El que sabe

es éste que te digo…el fiscal de la causa….”. Para luego señalar que el

contacto con Yrimia le llegó a través de Fernando Esteche: “…Y, el que me

sienta es Fernando”.

Habían decidido recurrir a individuos que hubieran tenido contacto con

la investigación del caso AMIA, como el caso del nombrado Yrimia,

sumamente útil como fuente de información para la fabricación de la nueva

hipótesis porque estuvo en una posición privilegiada de contacto directo con el

expediente a raíz de su función como Fiscal del caso AMIA: “eso te puede

servir bien concreto para cualquiera de las tesis distintas de….tercer país o lo

que fuera, cualquiera de las cosas que vayan a resolverse va a servir porque

es información”. Así, estuvieron en condiciones de elegir la mejor falsa

hipótesis, la más creíble, porque contaron con información del caso.

Y como la decisión de crear un “nuevo culpable” ya había sido tomada,

resultó vital contar con información que se apoye en datos ya incorporados a 24

la causa, y que permitieran fabricar la más creíble de todas las falsas

versiones. Al respecto, en diciembre de 2012, Fernando Esteche aseveró:

“quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la

AMIA, es una necesidad que tienen que construirla…”. De esa misma

conversación se desprende que esa tarea quedó a cargo de funcionarios de la

Secretaría de Inteligencia, especialmente designados para ello.

Para construir este “nuevo enemigo”, como “no van a poder decir que

fueron los israelíes”, porque claramente no sería creíble, entonces tenían que

armar una hipótesis falsa pero verosímil y hasta hablaron de involucrar a “una

conexión de fachos locales”. También se especulaba con que: “…si se cae la

trafic, olvídate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta…”,

aludiendo a la desarticulación ilegal de la conclusión judicial que explica que

una camioneta Renault Trafic fue utilizada para provocar la explosión del

edificio de la AMIA.

Es decir, ya en noviembre-diciembre de 2012, cuando ni la justicia ni

los familiares sabían qué estaba ocurriendo con la negociación entre Argentina

e Irán, los partícipes del encubrimiento conocían perfectamente que se venía

un cambio de hipótesis y el redireccionamiento fraudulento de la investigación

hacia nuevos imputados. Esto era así, pues ellos mismos estaban justamente a

cargo de armar la falsa acusación.

El objetivo de generar esta hipótesis fraguada y redireccionar la

pesquisa ha sido: “…la esencia del nudo, el núcleo del nudo…es la inocencia

de Irán…”. Sin importar las evidencias, los hechos o su verdadera

responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados

de la causa, se le iba a lavar la cara a Irán y ello estaba cerrado “muy arriba”,

es decir, tenía el sello presidencial. La orden para ejecutar el delito provino

directa y personalmente de la Presidente de la Nación.

Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una

pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional. Casi

con ironía, al suscribir el acuerdo, el canciller emitió un comunicado que

rezaba: “…El gobierno nacional ratifica que el único compromiso es con las

víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la

reparación debida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar

para intereses geopolíticos, ni propios, ni ajenos…”. Esto no era cierto. La

denuncia ha puesto al descubierto que intereses comerciales y geopolíticos 25

fueron el verdadero motor de un plan secreto de impunidad que nada tiene que

ver con la búsqueda de justicia.

Por eso, personal de inteligencia implicado en la maniobra denunciada

afirmó “…estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar

en otro contexto…” y “…va a venir otra hipótesis con otras pruebas…” que

iban a descolocar totalmente al Dr. Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA,

“porque nunca las vio, él, las pruebas…lo que viene ahora”, pruebas que –por

supuesto- eran inventadas.

Por otra parte, la denuncia destaca la tranquilidad con la que actuaron

todos los partícipes del plan de impunidad, en particular el personal de

inteligencia involucrado en la maniobra, que se desenvolvió libremente sin

considerar necesario actuar de modo encubierto, ni siquiera ante la extrema

sensibilidad del asunto que llevaba adelante. Ello se debió simplemente a la

circunstancia de haber actuado por órdenes superiores, por directivas expresas

de la Presidente de la Nación, razón por la cual sólo tuvieron que preocuparse

por camuflar sus actividades en relación a terceros y no respecto de sus

superiores y/o de sus cómplices iraníes. La redirección de la investigación y el

desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación tenían el

sello presidencial. Se reconocía: “tranquilo, está cerrado muy arriba”.

La presentación del Dr. Nisman también detalla la contribución

personal, tanto la Sra. Presidente como su Canciller, al perfeccionamiento del

plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática

caracterizada por toda una artillería de falsedades, de promesas que estos

funcionarios sabían perfectamente que nunca cumplirían, de puestas en

escenas y demás estrategias comunicacionales falaces, cuyo único objetivo fue

predisponer favorablemente a la opinión pública.

Los encubridores mintieron sobre el momento en que verdaderamente

se habían iniciado las negociaciones, sobre la entidad de las cuestiones

negociadas y sobre cuál de las partes había propiciado e impulsado el

acercamiento. También se recurrió a intermediarios clandestinos y a reuniones

“pantalla” para avanzar con la negociación secreta. Por ello se desmintió y se

cuestionó a la prensa cuando comunicó circunstancias de la negociación que

se habían pretendido mantener en secreto. Y se atacó a ex funcionarios del

gobierno que confirmaron la existencia de antecedentes al pacto que,

justamente por sus implicancias ilegales, no habían prosperado en el pasado. 26

Además, desde un inicio se pretendió instalar, entre otras falsas

cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AMIA estaba paralizada

prácticamente desde que comenzó. En efecto, en el discurso ante la 68°

Asamblea General de Naciones Unidas, del 24 de septiembre de 2013, la Sra.

Presidente afirmó: “…la causa está estancada, desde hace 19 años no se

moviliza…”. Tamaña falsedad ha sido refutada por el fiscal de la causa, Dr.

Nisman, quien detalló numerosos y significativos avances que tuvo el

expediente, desde que se creó la Unidad Fiscal a su cargo.

Entre ellos, se destaca que en el año 2005, luego de diligencias y

medidas probatorias realizadas en Estados Unidos, con asistencia de la Fiscal

de la Unidad de Contraterrorismo del Distrito Este de Michigan, Dra. Bárbara

Mc Quade y en virtud a información aportada por la Secretaría de Inteligencia,

se estableció que quien condujo la camioneta traffic que estalló frente a la

sede de la AMIA fue el ciudadano libanés Ibrahim Hussein Berro.

Luego, en el año 2006, se solicitó la captura nacional e internacional de

un conjunto de imputados (ocho iraníes y un libanés), que fue avalada por

amplia mayoría en la Asamblea General de Interpol de noviembre de 2007. Al

año siguiente, en 2008, se concluyó la labor que dio lugar a la denuncia por

otro encubrimiento verificado en este caso, que beneficiara al imputado

Alberto Jacinto Kanoore Edul y que actualmente se encuentra en etapa de

juicio oral. Además, a fines de 2008 se dictaron los embargos preventivos

contra las propiedades de los acusados, resultando en la inhibición general de

bienes que Mohsen Rabbani posee en nuestro país.

En 2009, la fiscalía del Dr. Nisman emitió un nuevo dictamen relativo

al atentado. Allí se plasmó el trabajo relacionado con la identificación del

coche bomba utilizado en el ataque y se explicó en detalle el funcionamiento

de la célula terrorista de Hezbollah que actuó en la ejecución material del

hecho. Incluso se pudo establecer la identidad y la participación del jefe de

dicho grupo operativo, el libanés Samuel Salman El Reda, a quien se le

atribuye haber coordinado la llegada y la partida, las operaciones de logística

y las demás actividades desplegadas por el grupo operativo encargado de

ejecutar la fase final del atentado. Sobre este sujeto también se dictó orden de

captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de

Interpol. En ese pronunciamiento, se determinó que El Reda era un miembro

activo del Hezbollah libanés, de una probada vinculación con destacados

personajes radicados en la Triple Frontera, pertenecientes a esa organización. 27

En 2013, en virtud de la actividad investigativa realizada por esa

fiscalía, que incluyó la obtención de testimonios en el extranjero y de la

prueba recolectada en los dos años anteriores –justamente relacionada con

actividades ilegales de agentes al servicio del régimen de Teherán- se emitió

un nuevo pronunciamiento de más de quinientas páginas, en el cual se

estableció la modalidad del régimen iraní para infiltrar varios países de

Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer,

fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de

exportación de la revolución.

La obtención de esta información fue central para contextualizar,

regional y estratégicamente, el atentado contra la sede de la AMIA, así como

también para acreditar con mayor detalle el rol del imputado Mohsen Rabbani

en dicho ataque, fortaleciendo –de ese modo- la imputación previa. En ese

dictamen se demostró que el atentado contra la mutual judía no se trató de un

hecho aislado, sino que resultó ser un engranaje de un entramado mucho

mayor, dominado por la política de penetración iraní en la región.

Así como se buscó instalar la falsa premisa de que la causa por el

atentado contra la AMIA “estaba paralizada”, también se pretendió engañar a

la opinión pública aseverando que con el Memorando de Entendimiento “no

había nada que perder”. Esto constituyó un nuevo argumento falaz destinado a

justificar el acuerdo que, como la denuncia demostró, era el camino de la

impunidad de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA. Cabe tener

presente que pende sobre la causa la posibilidad de que, nuevamente, sea

acribillada de nulidades si se avanza con acciones procesales no previstas por

la ley y contrarias a la Constitución Nacional y los principios de derechos

público previstos en ella.

Es falso que no haya riesgos. En concreto, el Memorando de

Entendimiento incluyó entre sus disposiciones la obligación de entregar la

totalidad de las actuaciones en trámite ante la justicia argentina -no a los

imputados, lo que corresponde por derecho- para su revisión por parte de la

“Comisión de la Verdad” prevista en el convenio. Justamente, la eventual

puesta en conocimiento de las autoridades iraníes de informaciones,

investigaciones, revelaciones y/o conclusiones elaboradas por organismos y/o

agencias extranjeras, constituyó una severa perturbación a los canales

internacionales que nutren a la causa de elementos probatorios de interés, lo

que claramente se ha erigido en una traba que opera en detrimento de la 28

investigación. En los hechos, ya se produjeron perjuicios, pues terceros países

han cesado, a partir de la firma del acuerdo, en el envío de información.

En realidad y así quedó expuesto en la presentación judicial, lo único

que desde siempre se necesitó destrabar en la causa AMIA ha sido la firme

negativa de Irán a extraditar a sus nacionales, para ponerlos a disposición de la

justicia argentina.

En el marco de esta misma campaña, Héctor Timerman afirmó que la

negociación con Irán no incluía temas comerciales y alegó públicamente en

febrero de 2013: “…¡Cómo voy a hacer algo que está prohibido por las

Naciones Unidas!…no puede haber intereses económicos…porque hay

sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, de las cuales la

Argentina es suscripta, que impiden el comercio con Irán más allá del que se

está realizando, que es en granos, y eso no lo hace el gobierno argentino…lo

hacen las empresas privadas….yo les pedí que no lo hagan…”. Lo cierto es

que, a excepción de un conjunto de insumos relacionados con el plan nuclear

iraní, no existe óbice legal que impida intercambios comerciales de Estado a

Estado entre Argentina e Irán. Todas las resoluciones que el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas ha dictado impidiendo a los países

miembros comerciar con la República Islámica de Irán se han referido a

artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías relacionadas con el

enriquecimiento, reprocesamiento de minerales nucleares o agua pesada, o con

el desarrollo de sistemas de vectores de armas nucleares. Más aún, en

contradicción con las declaraciones aquí transcriptas, en abril de 2011 y en

ocasión de una conferencia de prensa que brindó en una visita a Israel junto

con su par israelí Avigdor Lieberman, Timerman afirmó: “…no existe ningún

problema de comerciar con Irán. Argentina no tiene ningún embargo contra

Irán. Irán no tiene ningún embargo contra Argentina…”. Y en clara

contradicción con lo declarado por Timerman, la denuncia acreditó con

pruebas irrefutables que, en forma secreta, Cristina Fernández ordenó que el

Ministro De Vido se reúna con D’Elía para así transmitir a Irán el interés del

gobierno argentino de intercambiar granos por petróleo.

También con el objeto de deslegitimar la investigación judicial por el

caso AMIA, Timerman hizo declaraciones completamente inexactas sobre las

vicisitudes del trámite de extradición del Embajador iraní en la Argentina para

la época del atentado, Hadi Soleimanpour, ante las autoridades del Reino

Unido. En el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación, el Canciller 29

declaró: “…el pedido de extradición ordenado por la Argentina del ex

embajador iraní Hadi Soleimanpour fue desechado por la justicia británica

debido a la inexistencia de pruebas...que Interpol se negó a emitir una

circular roja por considerar que ya había sido detenido y sobreseído y

liberado por falta de pruebas...”. Una vez más, los hechos se probaron

alejados de las palabras. No fue una corte británica, sino el Subsecretario de

Estado del Reino Unido quien decidió no dar curso al juicio de extradición de

Soleimanpour, que no se pudo sustanciar, por razones de índole política no

expresadas en la decisión y en virtud de una prerrogativa legal prevista en el

tratado de extradición que rigió el caso. En suma, si no se pudo lograr la

extradición de Soleimanpour en aquel momento fue por una decisión política

y no razones judiciales o probatorias. Soleimanpour no fue nunca sobreseído

por la justicia inglesa, como se dijo. Esto fue también advertido por la Cámara

Federal y expuesto en el fallo fechado en 15 de mayo de 2014, que declaró

inconstitucional al Memorando de Entendimiento con Irán, y a su ley

aprobatoria.

Asimismo, en la denuncia quedó expuesto el modo en que la Dra.

Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de

las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando

una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tuvieron su

ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida,

que aseguraba una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación

de cualquier propuesta por parte de Irán. En septiembre de 2012, la primera

mandataria expresó: “…tengan la certeza de que esta Presidenta no va a

tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea

formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas

directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con

representación parlamentaria en mi país, porque esto no lo puede decidir una

sola fuerza política…”.

Contrario a lo prometido, jamás se los consultó. Es más, los familiares y

las víctimas del atentado debieron enterarse por los medios de comunicación

de la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de

Irán. Así lo afirmó el entonces Presidente de la AMIA, Guillermo Borger:

“este memorando nos sorprende a toda la ciudadanía el pasado 27 de enero,

jamás fue consultado, ni siquiera comentado”. 30

Los familiares y las instituciones tampoco fueron escuchados cuando

expresaron en el Congreso Nacional su rechazo mayoritario a la ratificación

del acuerdo. Sofía Guterman, madre de una joven fallecida en el atentado,

declaró: “… Nadie nos dijo nada. Me sorprendió mucho…No pensé que iban a

apurar tanto el trámite, pero evidentemente la carrera se terminaba y tenían

que llegar a la meta propuesta…Me repugnó cuando Pichetto dijo ´apuremos

que la presidenta dijo que se termine´…”, en referencia al jefe de la bancada

oficialista, Miguel Ángel Pichetto. Así también, Laura Ginsberg, viuda de otra

víctima del atentado, afirmó: “…Uno esperaría que el Congreso fuera un

ámbito de reflexión, Timerman imprimió, como también lo senadores del

oficialismo, las características de un ambiente pobre, chicanero y vulgar…” y

en alusión al debate, señaló: “…estuvo en manos de Timerman y del gobierno,

porque la intención de ellos era apurar rapidito la ley…”. Finalmente,

sentenció: “…Lo único que el gobierno quiere es sancionar lo antes posible

esta ley, que significa un punto final para el tema de la AMIA…”.

Ante el rechazo inicial al acuerdo, por agrupaciones de damnificados y

por las instituciones comunitarias, Timerman intentó revertir esta reacción

mediante una nueva manipulación, que tuvo lugar el 29 de enero de 2013,

cuando se reunió con estos actores claves, que propiciaban un anexo al

Memorando de Entendimiento.

En esa ocasión y luego de la reunión con el canciller argentino, el

entonces Presidente de la AMIA, Sr. Guillermo Borger, dijo públicamente:

“…el canciller está dispuesto a generar una nota aclaratoria…El canciller

contestó a todas las dudas y prometió suscribir él en persona, y

probablemente con la Presidenta un documento anexo que aclare estas

dudas…El anexo, que deberá ser aprobado también por Irán y llevaría la

firma de la presidenta Cristina Kirchner, deberá ser ratificado por el

parlamento…”. La agrupación “Memoria Activa”, que también participó de la

reunión, emitió el siguiente comunicado: “…Memoria Activa concurrió el

martes 29/1 a una reunión convocada por el canciller Hector Timerman en la

sede de la AMIA. En la misma el canciller aclaró los términos del acuerdo en

relación a los siguientes puntos, que pasan a ser las bases innegociables del

mismo y que serán ratificadas por el gobierno argentino por escrito: 1-Los

imputados serán indagados en Teherán bajo el código penal procesal de la

República Argentina por el juez y el fiscal de la causa AMIA. 2- Las alertas

rojas y pedidos de captura de Interpol de los imputados se mantendrán 31

vigentes….” Sin embargo, luego trascendió que el Canciller Timerman negó

haber accedido a elaborar ningún tipo de anexo al pacto.

Resumiendo, la denuncia comprobó que para llevar a buen puerto el

acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se tuvo que incumplir

la promesa de una consulta previa a cualquier acuerdo y el compromiso

asumido para negociar un anexo al convenio. Se hizo creer que se buscaría el

consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero –en los

hechos- se desoyeron completamente las múltiples y extendidas opiniones

contrarias al memorando.

Quedó claro, entonces, que dijeran lo que dijeran los familiares la

decisión estaba tomada. El memorando había sido firmado para garantizar un

objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados iraníes y permitir al

gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la comunidad internacional

el restablecimiento de las relaciones comerciales y el alineamiento con

Teherán. Por ello, el acuerdo debía ser aprobado a cualquier costo, porque

despejaba el único escollo que existía para asociarse con Irán. Era

estrictamente necesario para la consecución del plan criminal pergeñado.

Una Presidente que públicamente se ha regodeado manifestando a los

sobrevivientes y a los familiares de las víctimas su compromiso en la

búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá

que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que ha

tomado cartas en el asunto porque “la causa estaba paralizada”, que celebró la

firma de un acuerdo “histórico”; fue, en realidad, la principal artífice, junto

con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la

investigación y del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se habló

de justicia y verdad. En los hechos se acordó impunidad.

La denuncia también expone que la reunión del 28 de septiembre de

2013 entre los cancilleres de ambos países fue una puesta en escena

previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernández

para engañar a la opinión pública argentina.

El 24 de septiembre de 2013, ante la Asamblea General de las Naciones

Unidas, la Dra. Fernández reclamó fuertemente a las autoridades iraníes que

respondan a las solicitudes argentinas en relación al pacto firmado varios

meses atrás. Días después, el jueves 26 de septiembre, Héctor Timerman

afirmó haber recibido un llamado del canciller iraní para concertar un

encuentro el sábado 28: “Hace unos minutos hemos recibido una llamada de 32

las autoridades de la República Islámica de Irán solicitando tener una

reunión en el marco de las Naciones Unidas entre los dos cancilleres para

tratar el tema del memorándum…”. El Ministro Timerman aclaró que el

objetivo del encuentro era: “…conocer el estado actual del memorándum de

acuerdo a la legislación iraní, es decir, si fue aprobado por el Congreso o no.

Si fue aprobado por el Congreso, entonces, establecer el marco con el cual

vamos a formalizar la fecha de conformación de la Comisión y al mismo

tiempo el viaje de las autoridades judiciales a Teherán…Y si no fue aprobado,

cuándo se aprobará…”.

La puesta en escena aquí detallada tuvo por objeto que la gente crea que

la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados y que Irán cedía ante el

fuerte discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea General de Naciones

Unidas. Sin embargo, lo cierto fue que las verdaderas e ilícitas intenciones del

gobierno argentino fueron transmitidas a través de una diplomacia paralela

conformada por canales de negociación y comunicación alternativos entre

ambos gobiernos que actuó para que la realidad se acomodara a los intereses

de los encubridores. A través de estos canales, la Dra. Cristina Fernández

indirectamente entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con el

mismo Mohsen Rabbani. El mensajero argentino Luis D’Elía especificó el

pedido: “…tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar allá

urgente [en referencia a Irán], antes de mañana…Estoy en la casa de gobierno

ahora…no hay asunto más importante que este, créemelo….necesito que

hables con el Sheik de allá [en referencia a Mohsen Rabbani] mira que es muy

groso lo que tengo eh!...”. Una vez más el imputado Mohsen Rabbani fue

avisado al instante de los mensajes de Cristina Fernández.

Presidencia de la Nación quería comunicarse con Teherán con suma

urgencia, un día antes del encuentro de cancilleres y a través de los canales no

oficiales. El mensaje no fue transmitido por el Palacio San Martín a la

cancillería iraní. No se comunicó Héctor Timerman con Mohammad Javad

Zarif Khonsari, a pesar de que ambos se encontraban en Nueva York. No

podía hacerse de esa manera. Sino que el mensaje salió del despacho

presidencial de la Dra. Fernández, llegó a Luis D´Elía, a Jorge “Yussuf”

Khalil, al Encargado de Negocios Iraní en Buenos Aires, y de allí a Teherán.

Secreto. Oculto. Completamente inaudito. Propio del plan criminal llevado

adelante. 33

En este caso concreto, la Sra. Presidente buscaba obtener ciertos

pronunciamientos públicos por parte de Teherán, aunque fueran falsos, porque

serían funcionales al plan de impunidad. El receptor del mensaje de D’Elía y

transmisor a Irán, Jorge Khalil, reveló la información al expresar: “…Necesita

que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la

conformación de la Comisión de la Verdad…Y también que se defina el día,

en el mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán….”.

Los elementos probatorios aportados en la denuncia demuestran tres

cuestiones. Primero y una vez más, el interés imperioso de los encubridores en

avanzar con el plan. El tema no figuraba en la agenda de Irán en Nueva York:

“…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…” y “…fíjate que

Rohani ni habló del tema AMIA en su discurso…”. La actitud pública de

Argentina de “apurar” a los iraníes fue pour la galerie o “para la galería”.

Segundo, quedó en exposición que había cosas que se conversaron y

arreglaron de antemano sin ser comunicadas a la opinión pública, a la que se

buscó engañar con puesta en escenas, falsas negociaciones, acuerdos ocultos,

etc. Más allá de las reservas propias con que se tratan temas delicados, en este

caso, la confidencialidad tuvo por único fin engañar y ocultar actividades

ilícitas. Fue un instrumento para aparentar y no ser descubiertos.

Tercero, estas pruebas pusieron en evidencia que, por detrás, sin que

nadie lo supiera, estaba todo arreglado y, en realidad, no existió ningún

secreto ni expectativa, porque las autoridades argentinas sabían lo que

ocurriría en la cumbre. A través del canal paralelo por el que también se

ejecutó este encubrimiento, Luis D´Elía llamó a su amigo Jorge “Yussuf”

Khalil, referente orgánico de Irán en el país, para transmitirle un mensaje que

debía llevar a Teherán, sobre lo que la Presidente necesitaba que los iraníes

anuncien en el encuentro, para engañar a la ciudadanía respecto del estado real

de situación.

La reunión del sábado 28 de septiembre de 2013, entre Timerman y el

flamante Canciller iraní Mohammad Javad Zarif Khonsari, en la sede de

Naciones Unidas en Nueva York, fue una mise en scene, es decir, una puesta

en escena para que la gente crea verdaderamente que estaban negociando algo

y/o que la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados en función de la

reciente demanda pública de la mandataria.

Como lo acreditó la denuncia, lo cierto fue que las autoridades

argentinas pidieron –por canales no oficiales- un anuncio conjunto de ambos 34

cancilleres y definiciones sobre varios temas, algo, aparentemente, demasiado

ambicioso. Pero los iraníes, en lo que pudo ser “…un gesto…hacia el

gobierno argentino en vísperas de elecciones…”, aceptaron meramente que

Timerman anuncie pública, aunque no conjuntamente, que Irán había

aprobado el memorando con el aval del Consejo Superior de Seguridad

Nacional y del Líder Supremo, fuera cierto o no. Nuevamente “pour la

galerie”. Como se verá, nada de esto fue verdad.

Aquel sábado 28 los cancilleres tuvieron dos reuniones, con consultas

intermedias a sus mandatarios. No se intercambiaron las notas reversales. El

tratado no entró en vigor. No se definió ningún plazo respecto de la “Comisión

de la Verdad” ni sobre las audiencias de Teherán. No hubo ningún anuncio

conjunto. Ninguna autoridad iraní declaró nada oficialmente.

De hecho, en Irán, la pretendida aprobación del acuerdo fue meramente

informada por el “Tehran Times” que tomó como única fuente de esta

novedad a la agencia de noticias oficial argentina TÉLAM. Inédito. El diario

persa “Tehran Times”, uno de los más importantes de Irán, en su tarea de

informar sobre una decisión adoptada por el gobierno de su país refirió como

fuente a la agencia oficial de noticias de otro país, Argentina. La denuncia

destaca lo sugestivo de este dato: ¿Cómo puede ser que la fuente no haya sido

iraní? ¿Cómo puede ser que para un acto de gobierno decidido y producido en

Teherán la fuente del “Tehran Times” haya sido TÉLAM?

Este episodio resultó ser un ejemplo de la existencia de canales de

comunicación y negociación paralelos a los oficiales y ocultos a la opinión

pública, demostró que varios detalles sobre el plan criminal se arreglaron en

secreto y con antelación por tales canales y que las manifestaciones públicas

de la Presidente y el Canciller fueron solo maquillaje mediático para engañar a

la ciudadanía respecto a la real situación del caso AMIA. Esto fue

fundamental porque los encubridores necesitaron contar siempre con el mayor

apoyo posible por parte de la opinión pública para facilitar la implementación

de su plan criminal.

Así, la mendacidad y el doble discurso han sido la regla en este asunto.

La gravedad de las acciones a ocultar eclipsó los medios para hacerlo. Era tan

terrible lo que se pretendía esconder -el encubrimiento de terroristas prófugosque

se recurrió a cualquier medio para lograr ese objetivo. No se reparó en

mentir y/o engañar públicamente al parlamento, a los damnificados, a las

instituciones judías, a los familiares y a la ciudadanía toda, si ello podía 35

contribuir a mantener oculto el plan encubridor. Tan es esto así, que mientras

transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad

avanzó solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y

negociación con Irán.

La denuncia explicó que la calidad delictiva del plan necesitó –

justamente- contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías

concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los

acusados iraníes por el caso AMIA. La actividad de estos canales configuró,

sin más, una diplomacia paralela de facto, es decir, una diplomacia para

estatal que, desde las sombras, permitió llevar adelante el plan criminal, por

expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente.

En efecto, múltiples elementos probatorios corroboraron la existencia de

estos canales paralelos al oficial, interconectados con el mismo, que facilitaron

los contactos entre Teherán y Buenos Aires, a los fines del objetivo delictivo.

Como ejemplo de estos mensajes ocultos, la denuncia reproduce los dichos de

Khalil: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D´Elía

y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron temprano que

querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar…Y

ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador…”, en

referencia al Encargado de Negocios de Irán en Argentina, máxima autoridad

oficial en territorio nacional. Al respecto, Khalil también dijo:

“…Larroque…se sentó conmigo y me dio un mensaje que tengo que transmitir

a la embajada. Fui a la embajada y transmití lo que tenía…” y aclaró:

“…ellos me mandaron a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”.

Estos canales también fueron utilizados para hacer llegar información

actualizada a Mohsen Rabbani, de distintos aspectos configurativos del plan

destinado a encubrirlo, y contribuyeron al desarrollo de acciones destinadas a

la creación de una versión alternativa y falsa sobre el atentado, verosímil a la

opinión pública, para redireccionar la pesquisa hacia nuevos imputados.

La circunstancia de que las autoridades iraníes hayan estado al tanto de

lo que resolvía y decidía el gobierno argentino, volvió a demostrar que el

Memorando de Entendimiento, lejos de haber sido elaborado para contribuir

con la causa, como falsamente se proclamó, fue el disfraz jurídico de un

acuerdo ilegal previo y mucho más amplio.

Ahora bien, los autores de este encubrimiento siempre tuvieron claro

que una parte importante del mismo consistía en contar con la buena 36

predisposición de las autoridades del régimen iraní y de sus referentes locales,

dado que la aquiescencia, o mejor aún, el respaldo de estos actores,

contribuiría a facilitar el avance del plan criminal. En esa línea, la denuncia

constató la concesión de una serie de favores concretos, como por ejemplo:

facilitación de gestiones, promesas de puestos de trabajo y acceso a contactos

importantes; todos ellos procurados a los referentes locales del régimen.

La prueba reunida reveló que, producto de las negociaciones entabladas

secretamente y de esta alianza forjada sobre ochenta y cinco muertes que se

decidió quedaran impunes, se comenzó a dar una relación de apoyo y

protección del gobierno a los iraníes y sus representantes en Argentina. Estos

referentes comenzaron a tener acceso a los despachos de distintos funcionarios

de la gestión de Cristina Fernández. Por ejemplo: personal de inteligencia

involucrado en el plan le prometió a Khalil cargos en la Dirección Nacional de

Aduanas y en el Ministerio de Interior y Transporte para gente de la

comunidad chiita. Por su parte, Luis D’Elía garantizó el contacto directo con

el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, para

resolver unos problemas impositivos que le mencionó Khalil.

Y como se dijo, todo era reportado constantemente a Mohsen Rabbani,

incluso estos favores y la buena predisposición del gobierno: “…muchas cosas

lindas que estamos viendo…reunidos con el Ministro…porque el Ministro va

a hablar con la Presidente, me dijo hoy, para que me reciba…tengo ganas de

verla a la Presidenta…”. Al respecto, Rabbani entendía que:

“…nosotros…habíamos conversado con Argentina…Irán fue el primer

comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero…puede cambiar

esta situación con ustedes y con el gobierno”, en alusión a los actuales

referentes de Irán en Argentina, como Khalil, y las autoridades del presente

gobierno argentino.

En esa misma línea se interpretó, por ejemplo, el episodio que tuvo

lugar en noviembre de 2012, antes de firmarse el acuerdo, cuando Luis D’Elía

y Andrés Larroque le solicitaron a Jorge “Yussuf” Khalil que no se sume a

una marcha organizada por partidos de izquierda en defensa de la “causa

palestina” porque ese tipo de acciones podían repercutir en las –en aquel

momento- nuevas relaciones bilaterales con Irán. Khalil accedió al pedido y

explicó los motivos de su allanamiento: “…Me imagino que los troskos van a

empezar con mensajes en contra del gobierno, cosa que yo no quiero…no

queremos hacer algo que irrite…no queremos irritar al gobierno 37

argentino…no voy a hacer nada para irritar al gobierno argentino…estamos

arreglando un problema mayor para nosotros…”, en evidente alusión a las

imputaciones de los iraníes por el atentado contra la AMIA. Y aclaró:

“…Aparte fue un pedido del gobierno. Yo estuve hablando con D´Elía y con el

Cuervo Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al Safir…y el Safir me

dijo lo mismo…´no hagamos algo que, que pueda molestar´…”.

La denuncia sostiene que mientras a la sociedad argentina se le decía

que se había logrado doblegar, de cierta manera, la histórica renuencia iraní a

colaborar con la causa judicial y que Teherán se allanaba a los requerimientos

argentinos; lo cierto es que el mensaje recibido en Teherán era otro: la Dra.

Fernández había decidido garantizar la impunidad de los iraníes acusados por

el atentado terrorista, como prolegómeno al comercio por petróleo persa. Y

estaba dispuesta a congraciarse con el régimen a cualquier precio.

Ese fue el mensaje recibido en Teherán, y así lo expresaron sus

referentes: “…porque el gobierno ahora está a favor…” de Irán y “…el

gobierno banca…”. Incluso los partícipes del encubrimiento dieron por

sentado la desincriminación de los iraníes y el consecuente blanqueo de la

comunidad, y comenzaron a planificar proyectos futuros. En ese sentido, un

agente de inteligencia con activa participación en el plan de impunidad

sostuvo: “…hay un montón de temas que tenemos que ir armándolo …con

inteligencia…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos….tenemos que

hacer un trabajo de acá a 10 años...¿me entendés? Que en un año y medio

tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho

tiempo…”.

Los autores y un conjunto de cómplices de este sofisticado plan han

sido identificados y acusados en la denuncia del Dr. Nisman, donde fueron

caracterizados y se especificaron sus roles y aportes a la maniobra delictiva.

La primera y más importante referencia alude a la Sra. Presidente de la

Nación Argentina, de quien se probó haber emitido una expresa directiva para

que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento tendiente a desvincular a

los acusados de nacionalidad iraní en la causa por el atentado contra la sede de

la AMIA, a efectos de garantizarles su impunidad definitiva. En varias

oportunidades, los partícipes del plan criminal han hecho referencia a ello,

asegurando que todo está: “cerrado muy arriba”, todo había sido decidido “al

más alto nivel” porque “lo pidió la jefa” y su canciller, obediente, implementó

el plan porque fue “orden, orden y orden”. 38

Tal fue el grado de compromiso que asumió la Dra. Fernández en este

plan criminal de impunidad que se ocupó de seleccionar muy cuidadosamente

a algunos de sus colaboradores. Principalmente, delegó gran parte de la

instrumentación del plan criminal en su Canciller, Héctor Timerman. Por otra

parte, como muchas de las acciones relacionadas con la implementación del

plan, por ser notoriamente delictivas, de ninguna manera podían ser ejecutadas

por funcionarios nacionales, tuvo que recurrir a intermediarios que oficiaran

de nexo entre autores y ejecutores, de modo tal de evitar contactos directos

que pudieran comprometer públicamente a los funcionarios involucrados. Para

ello, se valió de ciertos sectores de la Secretaría de Inteligencia, del dirigente

Luis D´Elía y, especialmente, del Diputado Nacional Andrés Larroque.

Según la denuncia, en enero de 2011 y por orden presidencial,

Timerman se apartó de la comitiva oficial que visitaba distintos países de

Medio Oriente, para dirigirse a la ciudad siria de Alepo, lugar donde mantuvo,

en secreto, una reunión con el canciller iraní, Ali Salehi, a quien transmitió el

siguiente mensaje: “…la Argentina ya no está más interesada en resolver

aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones

económicas con Irán…”. Asimismo, las instrucciones presidenciales

incluyeron: la instrumentación de un mecanismo que permita disponer el cese

de las notificaciones rojas; la autorización a sellar acuerdos secretos con los

representantes iraníes; la orden de construir una hipótesis falsa sostenida en

pruebas inventadas para fabricar autores para el atentado; entre otras.

Otro aporte destacable al plan de la Dra. Fernández fue el anuncio que

efectuó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre

de 2012, ocasión en la informó que, en respuesta a un pedido efectuado una

semana atrás por la República Islámica de Irán, había instruido a su canciller

que inicie un proceso de negociación con dicho país. Esta contribución al plan

resultó fundamental, porque en el relato oficial respaldado por la Sra.

Presidente se pretendió –y así se hizo- ocultar que ya venían manteniéndose

un año y medio de negociaciones secretas y que el acercamiento se había

materializado por iniciativa de Argentina, y no de Irán, como se afirmó. No

podía reconocer públicamente que le había ordenado a su Canciller que

ofreciera a las autoridades iraníes impunidad para sus nacionales, a cambio de

un acercamiento geopolítico y comercial.

A pesar de negar públicamente que el comercio fuera un interés en la

vinculación con Irán, en forma secreta, la Sra. Presidente buscó poner en 39

práctica su decisión de comerciar con Teherán, encomendando gestiones a su

Ministro de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido. El compromiso

con los damnificados por el atentado era nulo, al punto que ya para el mes de

mayo de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional, por orden de la Dra. Fernández,

se hallaba embarcado en negociaciones secretas con Irán para intercambiar

petróleo por carne y granos. Más aún y como ya se refirió, la denuncia

acreditó irrefutablemente que de estas mismas tratativas comerciales participó

Mohsen Rabbani.

Otra de sus contribuciones tuvo lugar el viernes 27 de septiembre de

2013, un día antes del encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores

argentino e iraní, cuando le ordenó a Luis D’Elía que transmitiera un mensaje

al agente iraní Jorge Khalil, quien –luego- especificó el pedido de Cristina

Fernández: “…Necesita que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino

mañana anuncie la conformación de la ‘Comisión de la Verdad’…que por

favor lo anuncien en conjunto mañana en la reunión…que se defina el día de

la reunión de la ‘Comisión de la Verdad’ y también que se defina el día, en el

mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán…”. Mientras

Timerman afirmaba públicamente “…hemos recibido una llamada de la

República Islámica de Irán solicitando tener una reunión…”, los referentes

iraníes reconocían. “…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…”.

La Sra. Presidente decidió la articulación de este plan criminal de

impunidad y en todo momento estuvo en control del mismo, ya sea

impartiendo órdenes directas a sus cómplices, o bien encabezando la necesaria

campaña discursiva para camuflar la perpetración del delito. Eligió a algunos

partícipes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a –cuanto

menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; controló la evolución

del plan; negoció por interpósitas personas con uno de los prófugos; y se

involucró personalmente en algunas acciones de ocultamiento que este

sofisticado plan requería.

La denuncia demuestra que el Ministro de Relaciones Exteriores y

Culto de la Nación, Héctor Timerman, fue -sin duda alguna- el principal

instrumentador del plan de impunidad. Desde su función, transmitió a Irán la

decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la

causa AMIA; acordó en secreto la baja de las notificaciones rojas e intentó

convencer –sin éxito- al Secretario General de Interpol que procediera en ese

sentido; signó acuerdos secretos con la parte iraní, que luego fueron 40

reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Ali Akbar Salehi; participó

de las negociaciones, de la redacción y de la firma del Memorando de

Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. De hecho, la suscripción

de este memorando en representación de la República Argentina constituyó

una contribución central al plan, pues se trató de una acción definitiva en la

ejecución de la maniobra criminal. Además, para llegar a ese objetivo,

comandó las tratativas con los representantes iraníes, aquellas que se

mantuvieron en secreto y también las que tomaron estado público,

desempeñando un rol central en la negociación con la contraparte iraní, para

convenir la impunidad definitiva de los prófugos, así como el cese de las

notificaciones rojas.

Su participación principal en el delito surge con nitidez de las

manifestaciones relativas a los acuerdos secretos sellados con Irán, en las

cuales los representantes persas hicieron notar su disconformidad por el

fracaso en la baja de las notificaciones rojas: “…hay un poquito de desazón de

allá… Desazón…Me parece que el ruso este de mierda [en alusión a Héctor

Timerman] se mandó alguna…estaba firmado algo, donde estaba el tema de

las cautelares [en referencia a las notificaciones rojas]…” y agregaron:

“…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…”.

Además, la presentación judicial detalla que Héctor Timerman abusó

del secreto propio que pueden gozar las tratativas diplomáticas para ocultar los

avances del plan delictual y emitió comunicados desde la Cancillería

Argentina para engañar a la opinión pública sobre el contenido de las

negociaciones, a fin de garantizar que nada detenga el curso criminal.

Y también se involucró personalmente en la campaña de descrédito y

engaño destinada a destruir la credibilidad de la causa judicial con el fin de,

dolosamente, presentar al acuerdo con Irán como la única vía apta para

solucionar el caso. En la tarea de desprestigiar a la investigación judicial,

señaló: “…Por primera vez hay un compromiso por escrito de Irán…para que

la causa AMIA pueda salir de la total parálisis en la que se encuentra”, para

luego agregar que el “…proceso judicial en curso… no ha tenido avances de

ningún tipo en los últimos años”.

Otra contribución a la maniobra delictiva denunciada se advirtió en el

rol que desempeñó Timerman en relación a la puesta en escena de septiembre

de 2013, en la que se pretendió engañar a la opinión pública. En esa ocasión, 41

el canciller comunicó que la reunión con su par iraní nacía de un pedido de

Teherán, en respuesta al discurso presidencial ante la Asamblea General de

Naciones Unidas, cuando –en realidad- se comprobó que “…la reunión se

hace de apuro a pedido de Cristina…”.

Resumiendo, quien debería velar por los intereses de todos los

argentinos en materia de relaciones exteriores, se encuentra involucrado en la

ejecución de un ominoso plan de encubrimiento ideado, planificado e

instrumentado para dotar de impunidad a los acusados iraníes por el caso

AMIA y desvincularlos de forma definitiva de la investigación por el atentado.

En esta tarea, faltó a sus deberes de funcionario público, conforme lo

requiere el alto cargo ministerial que ostenta y lo exige la Ley de Ministerios

de la Nación; infringió la ley penal, incurriendo en múltiples conductas

delictivas; avasalló la actuación de la justicia argentina de los últimos ocho

años, efectuando concesiones que echan por tierra los logros obtenidos en el

marco de una causa sumamente compleja; engañó y mintió a dirigentes

comunitarios, a las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado, a los

sobrevivientes, a legisladores nacionales, a la prensa y a la sociedad argentina

toda, no dudando en tergiversar la realidad, con el objeto de ocultar el plan

criminal del que participó.

Otro de los partícipes centrales de este plan fue Luis Ángel D’Elía,

desde siempre un acérrimo defensor tanto del régimen iraní como del gobierno

nacional, al punto de calificarse a sí mismo como “un soldado” incondicional

de la Presidente: “…Yo tengo que hacer el juego de la Rosada…Si tengo

orden de no ir, soy un soldado acá…”.

Funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades

gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los

mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinados a ejecutar el plan y

remover los obstáculos que fue presentando el avance del encubrimiento. Fue

el encargado de transmitir la desazón que se generó en Irán por la vigencia de

las notificaciones rojas de Interpol. Su voz ha sido la del gobierno nacional.

Sus antecedentes lo avalaron para ocupar esa función. Esto se verificó en la

puesta en escena de septiembre de 2013. También se comprobó que fue

partícipe de las negociaciones comerciales ligadas al plan, que involucraron al

imputado Mohsen Rabbani, con quien está relacionado hace años.

Consustanciado ideológicamente con ambas partes del pacto delictivo,

estuvo varias veces en Irán invitado por el régimen. En sus visitas, se 42

entrevistó con altas autoridades y se pudieron comprobar reuniones con, al

menos, dos de los prófugos del caso AMIA: Ahmad Reza Asghari y Mohsen

Rabbani.

Al regreso de su viaje a Irán de principios de 2007, D´Elía refirió que le

habían entregado evidencias y documentación que demostraban que Irán no

había tenido nada que ver con el atentado contra la AMIA y que la acusación

de la fiscalía del caso estaba apoyaba en pruebas falsas. No obstante y luego

de haberse investigado en profundidad las pruebas aportadas por D´Elía,

quedó claramente comprobado que esa versión no encontraba apoyo, ni

siquiera, en los elementos y medidas de prueba que él mismo había propuesto.

Y, en consecuencia, se dio por finalizada esa línea de investigación,

concluyéndose que “la versión esbozada por Luis D´Elía, huérfana de todo

sustento, queda reducida a una teoría disparatada y antojadiza que cae por su

propio peso y no amerita un mayor análisis”.

A principios de 2010, esta vez acompañado por Jorge Khalil, Luis

D’Elía volvió a visitar Irán por una invitación del gobierno persa, y en esta

ocasión, le ofrecieron un acuerdo de similares características al que terminó

firmando Héctor Timerman tres años después, que ya incluía el cese de las

notificaciones rojas: “…Es parecido a lo que nos propusieron en el primer

viaje a Teherán ¿te acordás?...”, mencionó Khalil. Así, lo habían invitado

para ir adelantándole la solución política para desvincular a Irán del caso

AMIA y –de ese modo- dejar de lado las acusaciones de la justicia argentina y

habilitar la baja de las notificaciones rojas, en línea con lo históricamente

postulado por Teherán.

En su entorno, se destacan figuras como el ex embajador venezolano en

Argentina, Roger Capella, quien en noviembre de 2006 incitó a D´Elía a

realizar la protesta por el caso AMIA en contra de la justicia argentina, que le

costó su espacio en el gobierno de Kirchner. Sin embargo y más allá de haber

dejado la función pública, D´Elía siguió muy vinculado al gobierno, actuando

desde la “Federación de Tierras y Viviendas”. Su persistente injerencia en este

tema se vio corroborada, por ejemplo, en las palabras de Jorge Khalil quien

afirmó: “Recién salgo de donde Luis…le pedí hectáreas para nosotros, me las

va a dar ahora…para hacer un predio para nosotros….”

Entre los muchos hechos probados en la presentación judicial, se

comprobó que el mismo día en que se firmó el acuerdo, tanto a través del

entonces Secretario General de Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, como 43

de personal de la Secretaría de Inteligencia, le comunicaron a D’Elía la firma

del acuerdo y le hicieron llegar la indicación presidencial de silencio

estratégico por diez días, para no alterar los ánimos de la comunidad judía. Le

dijeron: “…Por las dudas que te llamen hoy los medios o alguno, tené perfil

bajo, por diez días por lo menos…”, y respondió: “…Bárbaro…me dijo

Parrilli recién también…”. Sin ser funcionario del gobierno, la directiva y el

hecho de ser anoticiado por el secretario presidencial al instante, demuestra

que Luis D´Elía era parte del plan criminal. Además, esta comunicación

personalizada resulta paradójica, si se tiene en cuenta que los familiares de las

víctimas del atentado tuvieron que enterarse de la firma del acuerdo por las

redes sociales y los medios de comunicación.

En agosto de 2013, en el acto del Día de Al Quds, Luis D´Elía

reivindicó a Hezbollah y se jactó de sus contactos con la organización

terrorista acusada de ejecutar el atentado contra la sede de la AMIA. Hizo

referencia a un viaje a la República del Líbano de marzo de 2012, donde visitó

sitios propios de la organización y estuvo en contacto con sus dirigentes. Su

militancia a favor de la referida organización terrorista llegó al punto de

solicitarle a Jorge “Yussuf” Khalil, que le facilite contactos con dirigentes de

Hamas y Hezbollah, por razones periodísticas: “…que le habilites contactos

allá con Hezbollah y Hamas…”.

En este sentido, la denuncia comprueba que D’Elía no es una persona

simplemente alineada con Cristina Fernández por mera afinidad en relación al

caso AMIA, sino que se trata de uno de sus operadores, alguien que trabaja

para sus intereses, al que se le imparten instrucciones y que responde sin

cuestionamientos. No se eligió a cualquiera como intermediario para avanzar

en la negociación con Irán, eligieron a un “soldado”. Ya participaba del plan

cuando el acuerdo aún se estaba negociando, cuando se firmó el Memorando

de Entendimiento, cuando se lo trató en el Congreso Nacional, cuando quedó

trabado por el desinterés de Irán, y cuando se montó una actuación entre las

partes para engañar a la opinión pública simulando que intentaban

diplomáticamente acordar una salida dialogada a las desavenencias surgidas.

D´Elía estuvo involucrado en todo momento.

Según las pruebas, D´Elía realizó aportes fundamentales en distintas

instancias de este sofisticado delito. Recibió instrucciones de parte de Andrés

Larroque, se comunicó innumerables veces con el interlocutor del régimen

iraní, Jorge Khalil; contactó y se reunió con el representante diplomático de 44

Irán y abogó públicamente por la buena marcha del plan. Es decir, desde su

posición, contribuyó constantemente al avance del delito.

Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil ha sido el referente más importante de

las autoridades del régimen iraní en Argentina, incluso por encima del

entonces Encargado de Negocios de Irán en nuestro país, sobre quien, en el

marco de estas tratativas, tenía más poder y respecto de quien se refirió

despectivamente: “…Me chupa un huevo Pakdamán…” En otra ocasión,

afirmó: “…Yo lo puenteé, porque a mí me dijeron que yo tengo que hacer las

cosas y bueno…las hago. Aparte hablé con el jefe de él, si tiene algún

problema que se lo diga al jefe de él…”. Además, el sucesor de Pakdaman

como Encargado de Negocios de Irán en Argentina, obtuvo su cargo gracias a

la gestión y venia de Khalil: “…Éste es un embajador que elegí. Cuando a mí

me preguntaron ¿fulano, mengano o zutano? Dije fulano y yo se lo dije a este

Embajador ¿Ud. sabe que le puse yo el dedo a Usted? Me dice: si si si, yo le

quiero agradecer, porque habló por mí…”

Militante a tiempo completo de los intereses persas, ha sido la voz y

oídos de Irán en Argentina. En ese carácter, funcionó como el nexo central en

la vinculación entre funcionarios iraníes y argentinos en el marco de los

hechos denunciados, operando –de ese modo- como el referente de la

diplomacia paralela entre Buenos Aires con Teherán. Khalil siempre fue

consciente de su posición y la explicó manifestando: “yo soy orgánico le

dije…a mí me dieron la orden de allá, no tengo que mover un dedo…no

muevo un dedo” en alusión a que obedece enteramente las indicaciones y

directivas que recibe de Teherán. Considerado “…el interlocutor ante la

Embajada…”, él mismo explicó: “yo no estoy operando para ellos, yo estoy

operando para los nuestros, para lo que es la embajada…ellos me mandaron

a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”, en clara referencia a su obediencia

a Teherán.

Otro rasgo de importancia para entender el peso de Khalil en este plan

criminal, gira en torno a su vinculación con el acusado Mohsen Rabbani, con

quien se ha comunicado telefónicamente y por correo electrónico en forma

asidua y con quien ha estado relacionado desde la época del atentado contra la

AMIA: “…te estoy hablando del 93, del 94, cuando explotó la bomba…”.

Cuando se debatía la aprobación del memorando en el Congreso Nacional,

Khalil le dijo a Rabbani: “…lo vamos a defender nosotros, en el Congreso,

adentro de la cárcel, afuera, en todos lados si Dios quiere, porque nosotros45

somos lo mismo, usted y la comunidad ésta, es lo mismo…si acusan a un

iraní, si acusan a un iraní van a tener que acusar a toda la comunidad

islámica del país, así de corta se lo digo….”.

La denuncia contiene pruebas contundentes que demuestran que Khalil

le envió a Rabbani todo tipo de información y, además, le hizo saber datos –

públicos y secretos- que recabó de sus fuentes locales, ya sea que hubieran

provenido de operadores con llegada al despacho presidencial, como el caso

del Diputado Larroque, de actores relevantes que responden al servicio de

inteligencia argentino y/o de históricos aliados locales de Teherán, como son

D´Elía y Esteche.

Luego de la ya referida reunión con el Ministro De Vido, Khalil reportó:

“…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en

donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para

arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de

granos y a través de otras cosas…bueno es cuestión de verlo”. A ello,

Rabbani respondió: “…Mándame para que evalúe…” y Khalil agregó: “…yo

le mando un mail, bien serio, de cómo fue la conversación y usted

evalúa…Agha, quédese tranquilo que estamos trabajando bien”. En otra

ocasión, dijo: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego

a mi casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Así, le

ha llevado tranquilidad a uno de los imputados por el atentado.

En la misma línea, la confianza de Rabbani en Khalil se demostró

cuando, por ejemplo, luego de una discusión entre ambos y ante el

ofuscamiento de Khalil, Rabbani se disculpó diciéndole: “lo maltrato a usted

en la confianza porque usted es responsable de todo”, o cuando Rabbani le

dijo: “…no mezcle más las cosas. Usted trabaja conmigo….”.

En lo concerniente al delito denunciado, Jorge Khalil ha tenido una

participación clave en el armado de la pista falsa destinada a redireccionar la

investigación. En ese sentido, fue quien se mantuvo en contacto telefónico

constante con personal de la Secretaría de Inteligencia abocado a esta tarea. Y

mucho antes de firmarse el acuerdo, Khalil ya trabajaba en el tema, junto con

Fernando Esteche, quien también aportó ideas para fabricar la versión

alternativa –falsa pero verosímil- que explique el atentado. Sabía

perfectamente, para ello había trabajado, que vendría “otra hipótesis, con

otras pruebas”, que descolocaría al Fiscal del caso y ridiculizaría la actual

investigación judicial usando pruebas falsas ajenas al expediente; y que la 46

“Comisión de la Verdad” no había sido creada para investigar, sino que estaba

destinada –justamente- a desvincular a los iraníes:“…alguien va a salir…con

la cara manchada de acá…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va a ser

para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa…”.

En suma, la denuncia corrobora que tanto Luis D’Elía como Jorge

“Yussuf” Khalil fueron operadores cuidadosamente seleccionados para oficiar

de nexos clandestinos en el plan de encubrimiento. Una de las cualidades que

comparten es que, pese a la profunda consustanciación con los gobiernos a los

que representan y la confianza que inspiran en sus mandantes, no son figuras

oficiales. No ejercen cargos públicos ni tienen responsabilidades políticas

visibles en los gobiernos a los que sirven. Pero como denominador común,

operan muy cerca del poder, son de confianza del poder y, valga la

redundancia, poseen -en sus respectivos ámbitos- mucho poder.

En el marco de este plan, estos personajes no podían aparecer

vinculándose con las autoridades de ninguno de los gobiernos. De allí que, en

Argentina, para intermediar entre los autores del plan delictivo y varios de sus

ejecutores, se recurrió a una persona cercana y de confianza de la primera

mandataria y que –fundamentalmente- pudiera dar cuenta, con facilidad, de

sus contactos tanto con unos como con otros. Este nexo fundamental para la

articulación del plan fue el Diputado Nacional Andrés Larroque, quien

transmitió las decisiones presidenciales a sus ejecutores, a sabiendas de lo

delictivas que eran.

En efecto, la denuncia también identifica entre los partícipes de este

plan, al Diputado Nacional Andrés Larroque, quien ha sido un actor clave en

la articulación de la maniobra pues, dada su cercanía tanto con la Presidente

de la Nación como con los partícipes del encubrimiento, ha operado como

nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices.

La denuncia acreditó distintos episodios en los que Larroque comunicó

directivas presidenciales, tanto a Khalil como a D´Elía, sobre cómo debían

actuar. Como por ejemplo, la ocasión en que, en noviembre de 2012, Khalil

reconoció: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis

D´Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron

temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el

gobierno para dar…Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa

del Embajador…”. La interacción quedó evidenciada. Larroque transmitió

mensajes relativos al plan criminal, emanados de las autoridades del gobierno 47

nacional involucradas en el encubrimiento y Khalil los hizo llegar a las

autoridades iraníes.

La intervención del Diputado Larroque, conforme lo necesitaba el plan

de la Dra. Fernández, estuvo destinada a proteger las negociaciones con

Teherán de cualquier tensión innecesaria que pudiera surgir fundamentalmente

en el escenario político local. Así, Khalil reconoció: “…yo estuve hablando

con D’Elía y con el ‘Cuervo’ Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al

Safir [Se trata del Encargado de Negocios de Irán en Argentina] y el Safir me

dijo lo mismo…no hagamos algo que pueda molestar”.

Asimismo, Larroque intervino en las comunicaciones por cuestiones

comerciales y así lo mencionó Khalil al aseverar: “…yo fui a hablar con

D´Elía y le dije…todas las propuestas y de la cancillería, de la cancillería

también…lo que me había propuesto…Y él lo elevó al “Cuervo” Larroque…el

de “La Cámpora”, el Jefe de “La Cámpora”…Y ya iban a hablar con

Cristina…”.

En suma, las constancias probatorias verifican que el Diputado

Larroque operó, en el marco de este plan, como nexo entre la Sra. Presidente y

Luis D´Elía, le llevó mensajes e indicaciones al referente de Teherán, Jorge

Khalil, y se mantuvo en comunicación con Fernando Esteche en relación al

plan. Un actor clave en la articulación de las comunicaciones y negociaciones

que viabilizaron la maniobra denunciada, operó para evitar complicaciones

que pudieran dañar el acercamiento con Teherán y también fue necesario en la

facilitación de las cuestiones comerciales subyacentes al encubrimiento.

Fernando Luis Esteche es el líder de la agrupación “Quebracho”, de

buena relación política con algunos funcionarios del gobierno nacional. Desde

antaño ha mantenido una postura favorable a los intereses iraníes, tanto que ha

sido sostenido económicamente por dicho régimen. Su intervención fue

determinante pues viabilizó el avance del plan de impunidad, acercando al

agente iraní en Buenos Aires con los funcionarios de inteligencia argentinos, y

en especial, sumando al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA,

Héctor Yrimia. Además aportó ideas concretas para la construcción de la

nueva hipótesis falsa. Al respecto, ya en diciembre de 2012 explicaba los

pasos que se debían tomar en relación al plan: “…quieren construir un nuevo

enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de AMIA, por ejemplo, es una

necesidad que tienen que construirla, van a querer ir construyendo el

consenso de esto…no van a poder decir que fueron los israelíes…”, 48

sugiriendo que podían atribuirle el hecho a “…una conexión de fachos

locales…”, y para sumar a Yrimia agregó: “…El Fiscal de AMIA es de ellos

[en referencia al servicio de inteligencia argentino], Yrimia, que lo echaron

del caso AMIA, él te puede…generar información, quiero que me den

información del caso AMIA, ¿se puede o no se puede? ¿Qué están dispuestos

a aportar?...”.

El Dr. Héctor Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en lo

Criminal y Correccional Federal, fue designado el día del atentado -junto a

otros fiscales- para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en el caso

AMIA. De allí que conozca en detalle los hechos materia de investigación por

haber estado en contacto con pruebas, testimonios, peritajes e informes de la

causa. Justamente, este minucioso grado de cognición tornó fundamental al

Dr. Yrimia para el buen desarrollo del plan, que contaba con las siguientes

“credenciales”: 1) un conocimiento personal específico sobre la causa del

atentado, por haber sido, entre otros, uno de los primeros fiscales del caso; 2)

su vinculación con el sector de la Secretaría de Inteligencia encargado del

armado de la nueva hipótesis falsa; 3) su relación directa con el agente iraní

Jorge “Yussuf” Khalil. Yrimia se encontraba en condiciones de aportar

información de primera mano de la causa y, consecuentemente, su aporte fue

realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde,

valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública,

cooperó para que la misma sea verosímil y se adapte a la realidad procesal de

la causa.

El primer registro contabilizado del contacto entre Jorge Khalil y Héctor

Yrimia data de principios de noviembre de 2012: “Tuve una charla con el

Fiscal…El Fiscal de la causa….el que estaba, no el que está ahora, el que

estaba…”. Esto ocurría antes de la firma del Memorando de Entendimiento.

Es de toda lógica que para esa época ya se estuviera trabajando en la

construcción de la pista alternativa, de la falsa hipótesis que desplazaría la

imputación a los acusados iraníes. Yrimia se sumó al plan e inició sus fluidos

contactos con los referentes locales de Teherán gracias a la intermediación de

Fernando Esteche. Y así lo explicó Khalil: “…Y, el que me sienta es

Fernando”, quien lo sugirió como fuente de información “eso te puede servir

bien concreto para cualquiera de las tesis…cualquiera de las cosas que vayan

a resolverse va a servir porque es información”. 49

Khalil llegó a reconocer que Yrimia y el personal de inteligencia

argentino: “…son los que están acomodando toda la historia…”, en alusión a

la fabricación de la pista falsa para redireccionar la investigación de la causa

“AMIA” hacia otra hipótesis y nuevos imputados.

Conforme la prueba que se acompañó en la denuncia, los contactos de

Khalil con Yrimia continuaron mes tras mes y se fueron profundizando:

“…Hoy hablé con el ex juez y ex fiscal de la causa AMIA, Yrimia…tuve una

reunión dos horas…”. Además, existen datos que demuestran que ambos

utilizaban sus reuniones para camuflar detrás de cuestiones religiosas el

avance del plan: “…nosotros estamos hablando de trabajar, de hacer un

trabajo conjunto entre la iglesia y el chiismo…esas son las excusas. Ahora,

después, estos tipos operaron mucho el tema…uno fue…ex juez de la causa

AMIA…Yrimia…Yrimia…con ese me junto hoy…”. Las reuniones por

cuestiones religiosas, completamente ajenas al objeto de la denuncia, se ha

probado que constituyen meras excusas, como lo reconoce Khalil, toda vez

que la vinculación con Yrimia giró siempre en torno al encubrimiento de los

acusados por AMIA.

Mientras se reunían por cuestiones lícitas y legítimas, como el

acercamiento entre dos religiones, motorizaron, al mismo tiempo y en las

mismas reuniones, el plan criminal encabezado por la Sra. Presidente y el Sr.

Canciller. Este modus operandi ya fue denunciado y expuesto por el Dr.

Nisman en otras presentaciones judiciales. Se trata nada menos que del modo

dual que los agentes iraníes han utilizado para ocultar actividades subrepticias

y hasta delictivas. Ocultan sus fines criminales detrás de fachadas religiosas o

culturales. La nueva denuncia resalta que ese accionar aparece ahora replicado

en este nuevo encubrimiento o, al menos, en una parte de él.

En esta maniobra criminal, las pruebas acreditan la participación

imprescindible de personal de la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de

la Nación que, con acceso al entorno presidencial y con información

privilegiada, instrumentó, materializó y llevó adelante los designios criminales

de la Sra. Presidente y del Sr. Canciller. Así, se actuó -en reiteradas ocasionesa

favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales, transmitiendo

informaciones secretas y protegidas por la Ley de Inteligencia Nacional a

agentes de una potencia extranjera. Se negoció la impunidad de los prófugos

de la causa AMIA y, para ello, se articuló el armado de una pista falsa y se

utilizaron los resortes del Estado Nacional para establecer buenas relaciones 50

con la comunidad iraní, facilitarle favores y allanar cualquier obstáculo que

surgiera durante la ejecución del plan.

En relación al cese de las notificaciones rojas, que el gobierno pensaba

inminente en febrero de 2013, uno de los agentes de inteligencia con mayor

involucramiento en esta maniobra, confesó: “…Tengo un chisme…me dijeron

ahí en ´la casa´…Interpol va a levantar el pedido de captura de los

amigos...Lo va a levantar ahora…”, aludiendo a la Secretaría de Inteligencia

como “la casa” y a los iraníes como “los amigos”.

El acceso al entorno presidencial de los agentes involucrados en el plan

de impunidad se acreditó también con la información privilegiada, verídica y

secreta que manejaban, hasta sobre la salud de la Dra. Fernández: “Te cuento

la doctora está con gripe y está con una fiebre de la puta madre. Así que está

con un quilombo de la puta madre, a ver si mañana arranca para hablar….si

va a hablar, va a hablar de última….después de las cuatro o cinco”, sobre el

acto del 25 de mayo de 2013. Y en ocasión de la sorpresiva intervención

quirúrgica a la que fue sometida la Sra. Presidente en octubre de 2013, y

cuando públicamente nada se sabía, comentaban: “…tiene un coágulo viste,

casi seguro que la operan…Ella se da cuenta el sábado cuando empezó a

hacer gimnasia…le empezó a pic…¿viste cuando se te duerme la mano?...que

te da picazón. ¡Y pensaron que era del corazón y salieron cagando! Bueno, de

allí le hacen todo un estudio dentro de, del sistema médico de la quinta, le

meten el anticoagulante, que eso es muy bueno, eso no siguió el daño,

¿entendés?...Ya está internada hace una hora y media…”.

Apenas se firmó el Memorando de Entendimiento, un agente de

inteligencia argentino le dijo a su contraparte iraní: “…Tranquilo, ya

ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”. Y

en febrero de 2013, también en relación a la entonces reciente firma del

Memorando de Entendimiento, agentes de inteligencia argentinos comentaban

a los iraníes: “…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos…tenemos que

hacer un trabajo de acá a diez años, ¿me entendés? Que en un año y medio

tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho

tiempo…Si, pero tranquilo, está cerrado muy arriba, quedate tranca….”.

Otro aporte fundamental de los servicios de inteligencia a la ejecución

del plan criminal remite a la construcción de la nueva hipótesis delictiva para

la causa AMIA destinada a desplazar a las acusaciones alzadas por la justicia

nacional en contra los iraníes. Al respecto, los espías reconocieron: “…ya 51

estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro

contexto…”, y este “trabajar en otro contexto” implicaba que la prioridad era

el acercamiento geopolítico a Irán, que imponía dejar de lado las acusaciones

contra funcionarios de dicho país. Con ese fin, y en referencia al Fiscal

Nisman, le comunicaron al agente de Irán: “…él sabe lo que va a venir, que

va a venir otra hipótesis, con otras pruebas y a hacer culo al norte porque

nunca las vio él las pruebas...”. Así, con una posición estratégica dentro del

gobierno nacional, comunicaban a un agente que opera para una potencia

extranjera, que se iban a presentar pruebas falsas para alterar ilegalmente el

curso de una causa judicial, deslegitimar a los actuales investigadores y

encubrir a los imputados.

Además de proveer información secreta y reservada a los contactos

locales iraníes, transmitieron tranquilidad a Teherán en distintos momentos del

despliegue encubridor. Así, por ejemplo, cuando se hizo público el

pronunciamiento emitido el 29 de mayo de 2013 por la Unidad Fiscal del caso

AMIA, en el que se presentaron nuevas pruebas que profundizaron la

implicación de los acusados iraníes en el atentado, los espías calmaron al

agente Khalil: “…Queda ahí…cuando llega al juez para arriba, ¿cómo va a

hacer?”, dejando entrever que estaba todo controlado, que nada iba a pasar

con ese dictamen fiscal, porque la decisión última dependía de las distintas

instancias del Poder Judicial y no de lo que demuestre o sostenga el Ministerio

Público Fiscal.

Ahora bien, la denuncia presentada por el Dr. Nisman se sustenta en un

contundente conjunto de elementos probatorios, entre los que se encuentra el

producido de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. El contenido

de estas comunicaciones resultó ser sumamente verosímil, dado que luego se

comprobó un fuerte y concluyente correlato entre lo conversado y hechos de la

realidad. Más aún, las conversaciones interceptadas dan respuesta a

prácticamente todos los interrogantes que la ciudadanía se había planteado

desde un inicio sobre este oscuro Memorando de Entendimiento, cuya sola

lectura despertó inmediatas y fundadas suspicacias.

De hecho, circunstancias y referencias que surgen de las

comunicaciones registradas pudieron ser corroboradas, ya sea porque tomaron

estado público o bien, porque se condicen con hechos o manifestaciones

posteriores que también trascendieron al conocimiento de todos. Es decir que,

referencias, circunstancias, fechas, episodios, posicionamientos políticos, es 52

decir, un conjunto heterogéneo de cuestiones mencionadas en los intercambios

telefónicos aportados en la denuncia, tuvieron correlato en la realidad y ello ha

redundado en la verosimilitud de las conversaciones registradas.

En consecuencia, las conclusiones de la denuncia, lejos de basarse en

inferencias o suposiciones, responden a hechos y circunstancias fácticas muy

difíciles de controvertir de acuerdo a los principios de la lógica racional y la

experiencia. Es más, las circunstancias acreditadas, de por sí sumamente

graves, apenas constituyen el piso probatorio desde el cual deberá partir la

investigación. La trama que evidencian es mucho más grave.

Por otra parte, la denuncia asume que aquellas personas que no

trepidaron en ejecutar un plan criminal para destruir la investigación por el

atentado a la AMIA y encubrir a imputados terroristas, tampoco dudarán en

recurrir a cualquier medio para salvaguardar sus patrimonios personales y

escapar así a las responsabilidades económicas derivadas de la comisión del

delito denunciado. Por esa razón, por la extensión del daño causado por el

delito y por la multiplicidad de víctimas afectadas, el Fiscal Nisman requirió

el dictado de un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados, por la

suma de $200.000.000 (doscientos millones de pesos).

En fin, la denuncia presentada por el Dr. Alberto Nisman ha revelado un

sofisticado plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los acusados

iraníes en la causa AMIA, que fue decidido por la Sra. Presidente Cristina

Fernández, e instrumentado –principalmente- por su canciller Héctor

Timerman, con la colaboración de otros sujetos entre los que se destaca el

Diputado Nacional Andrés Larroque.

La paradójica y por cierto irritante circunstancia de este entramado

delictivo es que los autores del plan, para lograr sus objetivos criminales, al

mismo tiempo que clamaban públicamente que solo buscaban verdad y

justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputación de la justicia argentina

a expensas de ochenta y cinco muertes. Así, la denuncia destaca la inusitada

gravedad institucional de este plan criminal, que no solo buscó destruir la

investigación judicial del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro

país, sino que en su ideación, planificación e instrumentación han participado

algunas de las más altas autoridades del gobierno nacional, incluyendo la

cabeza del Poder Ejecutivo. 1

Resumen de los contenidos de la denuncia

En una muy dura y grave denuncia de casi de trescientas páginas, el

Fiscal General Dr. Alberto Nisman acusó ante la justicia federal argentina a

Cristina Fernández de Kirchner y a altos miembros de su gobierno de decidir,

negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA,

con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Intereses geopolíticos y

comerciales del gobierno de Cristina Fernández iban a beneficiarse con la

fabricación de esta inocencia en relación con el terrible atentado terrorista que

asesinó a ochenta y cinco personas y dejó más de cien heridos en 1994.

Nisman denunció la existencia de un sofisticado plan delictivo,

destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y

fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra

la sede de la AMIA. Además, probó que esta maniobra comenzó dos años

antes de la firma del Memorando de Entendimiento -27/01/2013-,

inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner -27/10/2010-, y que

la misma involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó

negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado,

Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en la Argentina.

Esta confabulación criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la

Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y puesta en funcionamiento,

principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor

Marcos Timerman. Asimismo, la denuncia acreditó la activa participación

criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al Diputado

Nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la

Presidencia de la Nación, a los dirigentes Luis Ángel D’Elía y Fernando Luis

Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y al

referente comunitario iraní, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil. Ello motivó que

el Sr. Fiscal solicitara respecto de todos los nombrados la declaración

indagatoria y un embargo de bienes por la suma de doscientos millones de

pesos, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados

iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio

de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y

genocidio.

Para la época en que se urdió e instrumentó este plan criminal, la

urgencia energética que atravesaba -y aún atraviesa- Argentina y el anhelo por 2

un acercamiento geopolítico y el restablecimiento de plenas relaciones

comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán fueron, según las

pruebas presentadas, los factores determinantes para que la primera

mandataria, Dra. Cristina Fernández tomara la aciaga decisión de llevar

adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA.

El plan denunciado tuvo un único y delictivo propósito: lograr la

impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad

jurisdiccional en su contra, en pos de dar un paso hacia un acercamiento

geopolítico y al restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel

estatal con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por

parte de la sociedad argentina.

El Fiscal Nisman se ocupó de aclarar que nada había de reprochable en

la relación comercial y/o en la vinculación geopolítica entre estados, pero que

aquí correspondía formular acusación porque en este caso se había constatado

la existencia de conductas delictivas por parte de las autoridades del gobierno

argentino denunciadas, que consistieron en sacrificar una causa judicial en

trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan

criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los

prófugos iraníes, para otorgarles impunidad definitiva.

Múltiples elementos probatorios confirmaron que el anhelo por el

petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas.

Se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin

perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado.

En primer lugar y antes de la firma del acuerdo, cuando se conocía la

existencia de encuentros diplomáticos entre iraníes y argentinos en Suiza por

el caso AMIA, pero nada se sabía de lo que se estaba negociando

verdaderamente, Fernando Esteche, partícipe de esta maniobra, aseveró:

“…los tipos quieren restablecer relaciones…que lo van a hacer…

multidimensionalmente eso. A nivel gobierno, te digo, a nivel Estado…lo que

tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados…”.

En segundo lugar, en mayo de 2013, pocos días después de regresar de

Irán, el referente local del régimen Jorge Khalil afirmó: “…el tema que

necesita Argentina, es petróleo…hay un verdadero interés para empezar y

entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios

del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o

a Beirut mejor…para empezar las relaciones directas de funcionarios a 3

funcionarios…”. Días más tarde, Luis D’Elía manifestó: “…Ahí hablé con

Julio”, en referencia al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios, Arquitecto Julio De Vido, y agregó: “…acá hay urgencia

energética…”.

Después, el 20 de mayo y por orden de Cristina Fernández, se

reunieron el Ministro De Vido y Luis D´Elía, quien luego dio cuenta del

encuentro al referente de Irán: “…ellos están dispuestos a mandar a la gente

de YPF con nosotros a hacer negocios allá”, en alusión a Irán, “…está muy

interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne”, en referencia al

petróleo. Y agregó: “…la reunión fue porque lo pidió la Jefa, ¡eh!...Estamos

al más alto nivel…”.

Más tarde, ese mismo día, Jorge Khalil informó a Irán del avance de las

negociaciones: “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y

todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a

cambio de granos…” y agregó: “…Argentina tiene una gran necesidad de

petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el

intercambio…”.

El comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba

supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es

decir, al avance del plan de impunidad. El acuerdo era un medio para habilitar

el comercio. En la presentación judicial, se acreditaron reuniones y contactos

ejecutados por expresa orden presidencial, con el objeto de presionar la

ratificación interna del Memorando por parte de Irán, a fin de avanzar en los

intercambios comerciales de Estado a Estado.

Al respecto, luego de reunirse con De Vido, D´Elía comunicó a Irán:

“…tiene un problema político, necesitan que se apruebe el memorando…”. A

ello, para explicar los motivos por los que Teherán estaba dilatando la

aprobación interna del acuerdo, Khalil le replicó: “…De Vido tiene que saber

que Timerman no cumplió con algunas cosas, esto es así de claro, no cumplió

con algunas cosas…”. No obstante la réplica, Khalil comunicó a Irán la

necesidad transmitida por Cristina Fernández a través del Ministro De Vido:

“…Acá hay luz verde para hacer las operaciones y mandar a la gente, el tema

es que quieren que se apure el memorándum… De Vido entiende que para dar

un paso en esto…o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del

memorándum, porque si no, siguen los privados, nada más…como están

laburando…O sea, que se firme primero el memorándum para empezar a 4

hacerlo de Estado a Estado, porque por ahora los únicos que están

trabajando son los privados…”.

Pero, además, las pruebas reunidas evidencian que de estas

negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen

Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que

ocurrían en el seno de nuestro gobierno. Para citar un ejemplo de los tantos

que constan en la denuncia, se transcribe uno de los informes telefónicos

recibidos por Rabbani: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de

Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas

autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción

puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani

contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…Irán

fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero

puede cambiar…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que

están listos para vender petróleo a la Argentina…y también comprar

armas...”.

Esta posibilidad de comprar armas a la Argentina fue comunicada por

Mohsen Rabbani a una persona de su entorno, Adalberto Assad, quien ese

mismo día venía de reunirse con un alto funcionario del gobierno argentino,

que iba intermediar para conseguirle una reunión personal con la Sra.

Presidente.

En el marco de este plan criminal, Jorge Khalil ha sido la persona de

confianza de Rabbani, que le ha reportado constantemente desde Buenos

Aires: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego a mi

casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Gracias a

Khalil, Rabbani estaba mejor informado que los familiares y víctimas del

atentado, que la dirigencia judía local y que las autoridades judiciales

argentinas, ninguno de los cuales, al mes de mayo de 2013, conocía estas

tratativas.

Es decir, mientras la justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos

funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado

terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Sra.

Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus acciones estaban

exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y

que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso,

uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente 5

negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales

ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo

que es más grave aún: su impunidad.

En consecuencia, la denuncia pone de resalto la siguiente secuencia. El

18 de julio de 1994 ocurrió un atentado terrorista en Buenos Aires. La justicia

investigó y determinó responsabilidades de varios sujetos de nacionalidad

iraní en la ideación y planificación de ese atentado. Esas personas han estado

hasta la actualidad protegidas por el régimen al que pertenecen y que gobierna

la República Islámica de Irán. El gobierno nacional negoció un acuerdo con

ese país y, pasando por alto a la justicia y a la Constitución Nacional, brindó el

marco jurídico necesario para que aquellos acusados puedan quedar

desvinculados fraudulentamente de la causa por el atentado e impunes. Y en

ese contexto, uno de los prófugos de la justicia argentina y beneficiario del

pacto ilegal, Mohsen Rabbani, envalentonado por la posición del gobierno

argentino, en lugar de responder a las serias acusaciones en su contra, negoció

su impunidad, decidió los pasos a seguir, controló el avance del plan criminal

y, además, planificó “comprar armas”.

Lo denunciado reviste una gravedad institucional extrema e inusitada,

tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra

criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el

“delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el

atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de

lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo

Canicoba Corral.

En la causa “AMIA” ya se ha determinado que las máximas autoridades

iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de cometer el atentado

terrorista, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su

ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.

A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del

ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie

Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del

ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia

Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro

de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en

Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán 6

en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de

Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour.

A raíz de los cuestionamientos de Teherán ante Interpol, se inició un

extenso trámite en ese organismo policial. En el marco de esas diligencias, la

Oficina de Asuntos Legales de Interpol efectuó una saludable distinción entre

las solicitudes de detención de ciudadanos iraníes formuladas por el ex juez

Galeano (a las que denominó AMIA I) y las órdenes de capturas libradas en

noviembre de 2006 a solicitud del Dr. Nisman (a las que llamó AMIA II)

recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a la

solicitud de publicar notificaciones rojas.

Además, sobre la presentación que formuló el Fiscal General del caso,

Alberto Nisman, en la sede de INTERPOL, la Oficina de Asuntos Jurídicos y

el entonces Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvieron: “...la

altamente profesional explicación de su caso, acusado por acusado,

proporcionada por los fiscales argentinos que intervienen en la causa fue

importante en la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que el caso

del pedido de las notificaciones rojas por parte de la OCN Buenos Aires no

revestía un carácter político predominante como para que entrara en vigor la

prohibición del artículo 3…[Carta de la Organización Internacional de Policía

Criminal- Interpol]”

A raíz de estos esfuerzos, en noviembre de 2007, la Asamblea General

de Interpol decidió emitir notificaciones rojas respecto de cinco de los

imputados iraníes: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari; sobre los que

pesa, entonces, la máxima prioridad de búsqueda que registra la policía

internacional.

Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido

reclamando por años a la República Islámica de Irán –hasta el momento,

infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados

iraníes.

En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso

a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que

rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados

a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente

judicial. Varios testimonios –del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de

los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller,

Roberto García Moritán- coinciden en describir los pactos propuestos por Irán 7

y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino. Al respecto, el

nombrado García Moritán afirmó que los iraníes habían ofrecido un acuerdo

que “también tenía 9 puntos y era muy similar al actual” y que “con sus

matices, tenía el mismo espíritu”, comparándolo al pacto firmado por

Timerman.

En todos los casos, el gobierno de Néstor Kirchner y el ex presidente en

particular entendió que estas propuestas conllevaban una injerencia

inadecuada del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial. Tal era el criterio del ex

presidente que, en forma consecuente, decidió remover a Luis D´Elía de la

función pública cuando éste encabezó –en noviembre de 2006- una protesta

contra la acusación judicial a los ciudadanos iraníes por el caso AMIA. D´Elía

sostuvo públicamente que: “el dictamen judicial que acusa a la República

Islámica de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por

circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad”. Funcionarios

del gobierno de Néstor Kirchner explicaron –en aquel momento- a la prensa

que, a entender del presidente, D´Elía había cruzado “una línea infranqueable:

nunca jamás, un funcionario del gobierno debe abrir juicios sobre causas

judiciales abiertas, y menos si atañen a un tema tan sensible como la voladura

de la AMIA”. Además, en aquella ocasión Kirchner se comunicó con su par de

Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión

diplomática del Embajador Roger Capella en Argentina, promotor de la

protesta comandada por Luis D´Elía.

En suma, durante todo su mandato y podría decirse mientras vivió, el ex

Presidente Néstor Kirchner fue consecuente con su postura con el caso AMIA:

un fuerte reclamo a Irán por su falta de cooperación en la causa, la firme

decisión de rechazar las propuestas iraníes que propiciaban dejar de lado las

conclusiones de la justicia argentina y su inestimable apoyo a la investigación

judicial por el atentado contra la sede de la AMIA fueron los ejes centrales de

esta política de estado.

En la denuncia se documenta que Irán siempre intentó una salida

negociada y política al caso AMIA, que evite enfrentar y –mejor aúndesarticule

la acusación judicial. Así, en abril de 2005, Irán condicionó la

respuesta a un exhorto librado en la causa, en los siguientes términos: “...Si

asistimos al poder judicial argentino: a) ¿No estaremos siendo vistos como

acusados o sospechosos? b) Supongamos que recibimos los exhortos y los

contestamos [...] Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente 8

que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la

AMIA? c) ¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? d) ¿cómo

podemos saber si el juez cerrará el dossier o no?”

Y añadió: “el asunto principal es que de alguna manera podamos estar

convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa llegará a la

conclusión de que el señor X o el señor Y no están ni estuvieron implicados en

la explosión de la AMIA. Recuerden que desde el 19 de julio de 1994 nos

manifestamos dispuestos a colaborar con la justicia argentina, posición y

oferta que continúa aún válida. Si tuviéramos garantías objetivas, cosas

tangibles (resultados tangibles) no tendríamos ningún problema en: a) recibir

todos los exhortos; b) contestar todos los exhortos; c) incluso más: hacer

algunas investigaciones ulteriores en Irán…”

Otro ejemplo de esta actitud iraní en cuanto a sus falsos ofrecimientos

de colaboración con la causa surge de un “non paper” entregado por la

diplomacia iraní a la argentina, en el que se proponía el siguiente acuerdo: “1.

Las partes aceptan que no ha existido ninguna acusación contra ciudadanos

iraníes en relación con la Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue

el Juez argentino a cargo de la investigación en lo que respecta a los

ciudadanos iraníes fue ordenado con el mero fin de recopilar información. 2.

Las partes… se abstendrán de efectuar cualquier tipo de inferencia criminal,

tanto en forma directa como indirecta, o acusación contra la otra parte y sus

funcionarios.3… las cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina

serán enmendadas de forma tal que no se formule ningún alegato o

acusación, ya sea en forma explícita o implícita, contra el gobierno iraní y sus

ciudadanos…4. Tras lo dispuesto en el párrafo tercero, el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Irán recibirá oficialmente las cartas rogatorias…5.

La parte argentina…revocará cualquier orden de arresto librada por el Juez

a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la República Islámica de

Irán…”.

Esta histórica postura de Irán respecto al caso AMIA se deriva de una

estrategia del régimen consistente en negar toda relación de sus ciudadanos

con el atentado y jamás brindar información a la pesquisa, para desligarse de

toda responsabilidad por actos de terrorismo.

Esto fue expuesto por dos ex cancilleres. Rafael Bielsa mencionó la

oferta iraní de cuatro mil millones de dólares en compras de maíz y trigo,

condicionada a dejar de lado la causa AMIA. Sobre la diplomacia iraní, 9

expresó: “…era una actitud extorsiva…Siempre nos estaban haciendo

trampa…Les decíamos: los vamos a seguir hasta debajo de la cama, acá no

hay arreglo, contesten los exhortos. Uno de sus argumentos era: se están

perdiendo 4 mil millones de dólares…Jamás hubo la más mínima

concesión…ellos querían que un punto sugiriera que podía haber algún error

por parte del Poder Judicial en el requerimiento de estos dignatarios

iraníes…”. Jorge Taiana aseveró que por parte de Irán: “No hubo ninguna

muestra de que existiera la más mínima voluntad de ayudar a esclarecer el

hecho…”.

Se trata, además, de una estrategia que ha sido replicada por Irán ante

otras acusaciones por terrorismo, como en el caso “Mykonos” y en el

asesinato de Chapour Bakhtiar; y fue reconocida por el ex Canciller iraní Ali

Akbar Salehi como una estrategia “exitosa” del Líder Supremo. Así, quedó

expuesto en la denuncia la evidente decisión política del régimen iraní de

garantizar impunidad en un atentado planeado y ordenado por el mismo

régimen.

Ahora bien, la línea forjada por Néstor Kirchner en torno al caso AMIA

continuó durante los primeros años del mandato de su esposa Cristina

Fernández. Sin embargo, la inconmovible negativa iraní fue logrando, de

algún modo, erosionar las expectativas del gobierno nacional, sin que ello

modifique, al menos inicialmente, el objetivo perseguido, que siempre

consistió en que Irán someta a los imputados a nuestra jurisdicción. Ejemplo

de ello fue el ofrecimiento formulado por Argentina en septiembre de 2010

para realizar el juicio por AMIA en un tercer país ante la presencia de

veedores internacionales. Dicha oferta fue rechazada mediante una carta del

Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones

Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expresó que las

acusaciones argentinas carecían de fundamento y que la actual investigación

transitaba un “camino equivocado” que no llevaría a encontrar a los

“auténticos autores” del atentado. Khazaee tachó de falsa, arbitraria e

infundada la acusación contra los ciudadanos iraníes, afirmando que el

procedimiento judicial argentino estaba plagado de irregularidades, violaba

garantías procesales y derechos fundamentales y no tenía por fin la verdad y la

justicia. Asimismo, aseveró que: “El Gobierno de la República Islámica del

Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado,

directa o indirectamente, en la explosión del AMIA”. Y acusó a las 10

autoridades argentinas de colaborar y financiar a grupos terroristas, como los

Muyahidin Jalq. En suma, el ofrecimiento argentino para realizar el juicio en

un tercer país quedó trunco por una respuesta de Teherán, tan falazmente

fundada como provocativa.

Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por

la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la

sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin

antes obtener cooperación en el caso por parte de Teherán, es decir, la entrega

de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional.

La consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en

torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la

actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permitiera a los

imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente del accionar de la

justicia, a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a

nivel estatal con la República Islámica de Irán. El ex canciller Bielsa resaltó el

cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: “le

dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado.

Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema

sagrado para Néstor….Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle

a Irán era casus belli”.

En la presentación judicial del Fiscal Nisman se aclaró expresamente

que no se estaba cuestionando un cambio de política exterior –resorte

exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto, tema no judiciable-,

sino que se denunciaba que se haya optado lisa y llanamente por el camino del

delito: borrar una acusación y una investigación judicial en pleno trámite.

Justamente, la denuncia demuestra que, en este contexto histórico y con

el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el

gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de

180 grados en relación a su consideración del caso AMIA.

Se detectó una circunstancia indicativa de que hasta agosto de 2010 no

se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en torno al

caso AMIA, esto es, que la decisión de encubrir aún no había sido tomada.

Prueba de ello es que el día 11 de agosto de 2010, el Ministro Timerman

mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Sra.

Hillary Clinton, y luego declaró: “…pude conectar que un atentado que se

frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, 11

el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. No lo

sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una

conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la

AMIA…”.

El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. Lo

cierto fue que la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para

convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Así comenzó a

negociarse la impunidad. Su mayor opositor, Néstor Carlos Kirchner, había

fallecido. El camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado

despejado. Hacía más de 20 años que Irán protegía a los acusados y obstruía la

investigación. A esa histórica protección iraní se le sumó este plan de

impunidad orquestado por la máxima autoridad del gobierno argentino,

Cristina Fernández y su Canciller Héctor Timerman.

Así las cosas, el plan criminal se activó en enero de 2011, cuando

Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió

con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades

políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso

AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un

acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales

entre ambos estados.

Concretamente, el 23 de enero de 2011, Timerman arribó a Damasco,

donde se reunió con el canciller sirio Walid al-Mohalem. Posteriormente,

viajó a Alepo, donde se entrevistó con el Presidente Bashar Al-Assad. La

cancillería no emitió comunicado al respecto. No obstante, un cable público de

la agencia oficial de noticias Siria –SANA- informó que, con fecha 23 de

enero de 2011, el canciller sirio se había reunido con sus pares de Argentina y

de Irán, uno después del otro, y que al día siguiente ambos cancilleres viajaron

a la ciudad de Alepo. Obran evidencias que demuestran que existió “un mano

a mano entre Salehi y Timerman para tratar el tema”

La denuncia del Fiscal Nisman demostró que el Canciller Salehi tomó

nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó por escrito al entonces Presidente

Mahmoud Ahmadinejad: “…Argentina ya no está más interesada en resolver

aquellos dos atentados…en cambio prefiere mejorar sus relaciones

comerciales con Irán”.

Sobre el tema, se citó el testimonio del periodista José Ricardo

Eliaschev quien declaró, bajo juramento, haber accedido a una copia de ese 12

documento secreto redactado por el canciller iraní. Como si estos elementos

no fueran suficientes, el propio Alí Akbar Salehi reconoció posteriormente:

“…nos hemos reunido durante dos años con el Canciller argentino Héctor

Timerman…”, esto literalmente ubicó el inicio de las negociaciones en enero

de 2011, justamente, para la reunión de Alepo. De esa forma, Salehi desmintió

categóricamente a Timerman que, empeñosamente, había intentado mantener

oculto el inicio de las maniobras delictivas.

Así, la cumbre de Alepo marcó el primer indicio concreto y corroborado

de la existencia de una decisión de los más altos funcionarios denunciados del

gobierno argentino de abandonar la legítima pretensión de enjuiciar a los

acusados iraníes judicialmente imputados por el caso AMIA. Fue la primera

vez que un estado agredido prácticamente imploró a un estado agresor para

que firme un acuerdo que otorgase impunidad a los agresores.

De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los

gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012 y

durante el cual, ambas partes realizaron gestos claramente indicativos del

acuerdo que, en esa época, se estaba incubando.

El primer indicio consistió en la reacción a la noticia publicada por José

“Pepe” Eliaschev en el diario Perfil cuando, en marzo de 2011, reveló la

existencia de la reunión en Alepo y su verdadera finalidad. En lugar de dar

explicaciones que esclarecieran las graves implicancias del trascendido

informativo, el Canciller Timerman en persona salió a cuestionar al Sr.

Eliaschev, sosteniendo simplemente que los datos publicados eran falsos y

tenían por objeto dañar su casi contemporánea visita a Israel. Expresó: “…esa

fue una información falsa, fue una operación que se hizo en contra de mis

relaciones, o sea de mi viaje a Israel…Fue el oportunismo de un pseudoperiodista

que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme…”

Otro de esos gestos tuvo lugar en julio de 2011, cuando el gobierno

argentino calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la

cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva

hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia.

Un tercer indicio se verificó el 22 de septiembre de 2011, ocasión en

que la Sra. Presidente instruyó al entonces Embajador argentino ante las

Naciones Unidas, Jorge Argüello, para que permanezca en su asiento mientras

pronunciaba su discurso el, en aquel tiempo, Presidente de la República

Islámica, Mahmoud Ahmadinejad. Ello, en contraste con la decisión sostenida 13

por la mandataria en los años previos, de retirar a la delegación argentina del

piso y no presenciar los discursos de Ahmadinejad.

Otro gesto registrado tuvo lugar en septiembre de 2012 cuando, por

primera vez en años, Presidencia de la Nación decidió no invitar a formar

parte de la comitiva argentina que viajó a la 67ª Asamblea General de

Naciones Unidas a ninguno de los dirigentes comunitarios de las instituciones

judías locales. Así lo reconoció uno de ellos: “…el último año no hemos sido

invitados, lamentablemente. Y es cuando surge justamente la propuesta de

esta mesa de diálogo por parte de la Presidenta de la Nación…”, en

referencia al anuncio presidencial de “inicio” de negociaciones con Irán que,

ahora se sabe, ya venían llevándose a cabo desde antes y en secreto por –al

menos- un año y medio.

Un quinto indicador de este acercamiento secreto con Irán se

materializó en el “silencio cómplice” de las autoridades argentinas

denunciadas ante declaraciones de funcionarios iraníes que acusaron a

“agentes de Tel Aviv” por el atentado y que catalogaron de “sionista” al Fiscal

Nisman. Nunca antes el gobierno argentino había permanecido en silencio

ante este tipo de declaraciones. De hecho, Néstor Kirchner siempre repudió

este tipo de descalificaciones, exigiendo –por vía diplomática- las

explicaciones correspondientes, como lo hizo, por ejemplo, en el año 2006,

cuando trascendidos aseveraron que la justicia iraní solicitaría el arresto y la

extradición del Fiscal Nisman por la acusación emitida por la justicia

argentina contra exfuncionarios iraníes, luego avalada por Interpol.

En síntesis, trascendió a la prensa la reunión secreta que Héctor

Timerman mantuvo en Alepo y el canciller argentino cuestionó duramente al

periodista que difundió la noticia. De un día para el otro y sin justificativo

alguno, en julio de 2011, Irán se declaró dispuesto a negociar en relación al

atentado y el gobierno argentino lo celebró, pese a que la propuesta suponía

una hipótesis distinta a aquella sostenida por la justicia nacional. El gobierno

argentino presenció por intermedio de su embajador, después de dos años de

no hacerlo, el discurso del Presidente Ahmadinejad ante la Asamblea General

de las Naciones Unidas. La Presidente Fernández omitió invitar a las

instituciones comunitarias judías, como había sido su costumbre, a formar

parte de la comitiva que la acompañó a la siguiente reunión anual de las

Naciones Unidas y justamente, en esa oportunidad, anunció una negociación

con la República Islámica de Irán en relación al ataque terrorista del 18 de 14

julio de 1994. La denuncia descartó de plano que todos estos signos pudieran

ser tomados, simplemente, como frutos de la casualidad; sino que fueron,

inequívocamente, manifestaciones amistosas de dos partes que estaban

negociando un acuerdo secreto.

En efecto, suficientemente avanzadas dichas negociaciones secretas

donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el

mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández oficializó las reuniones,

siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas,

adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de

negociar por el caso AMIA y anunció haber instruido a su canciller en ese

sentido. Entonces se clarificaron los motivos por los cuales la Sra. Presidente,

en aquella oportunidad y por primera vez, no había invitado a las instituciones

comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate

General. El anuncio que haría había sido acordado con anterioridad y con una

finalidad distinta a la que se invocó.

Tal manifestación de la Sra. Presidente fue solo una puesta en escena, la

primera de varias que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de

impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí

denunciados. Con este gesto se oficializaba “un hecho consumado”. Se buscó

ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán

como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciaban en ese

momento, cuando ya llevaban –al menos- un año y medio. Para impedir que

trasciendan, primero la existencia de los contactos y después, su contenido, se

recurrió a la negación de los hechos, a su tergiversación y hasta se llegó a

cuestionar y desacreditar a las fuentes que brindaban información sobre el

tema.

Aún más, mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas,

el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de

comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un

aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia

una falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero –

fundamentalmente- que desincrimine a los iraníes.

El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas,

fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en

Etiopía. Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya

estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando 15

plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el referido memorando, que

no fue -en realidad- el inicio sino la culminación de una maniobra criminal

que ya llevaba más de dos años de ejecución.

La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento

jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La

realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos para viabilizar el

plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resulta funcional

a esta maniobra espuria.

Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las

autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan

criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia

argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló

para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el tema de la

manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la

suscripción del mencionado acuerdo bilateral. Este debía poder ser presentado

como un instrumento pensado para procurar justicia, cuando –en realidadestaba

y está claramente destinado a lo contrario: a obstruirla y a impedirla.

De allí la elaborada sofisticación del delito denunciado.

La denuncia explica que la letra del Memorando de Entendimiento

prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol;

que contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar

indefinidamente su vigencia en el tiempo hasta diluir por completo la causa;

que las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de

antemano y que su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis,

falsa y armada con pruebas inventadas.

En la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que

gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que

tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Claro ejemplo de

ello fue el episodio protagonizado por el entonces Ministro de Defensa de

Irán, Ahmad Vahidi quien, en el mes de junio de 2011, debió abandonar

territorio boliviano ante la presión generada por la vigencia de la notificación

roja en su contra. Este tipo de dificultades gestaron el interés iraní que llevaría

a que las partes acordaran, como lo hicieron, hacerlas cesar. De allí que el

punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto de

aplicación inmediata sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado, es

decir, del único con carácter operativo. La baja de las notificaciones rojas fue 16

el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman

hacia la desvinculación definitiva de los imputados.

Esto fue corroborado también por el documento descripto por el Sr.

Eliaschev en su declaración testimonial, en el cual el Ministro Salehi proponía

al Presidente Ahmadinejad, que lo autorice a solicitar la revocación de los

pedidos de captura internacional con respaldo de Interpol, expresando un

especial interés en mejorar la situación procesal del entonces Ministro de

Defensa Ahmad Vahidi, uno de los imputados con notificación roja vigente.

Según el citado documento, la cancillería iraní recomendaba: “…avanzar en

un acuerdo importante con Argentina porque…están dadas las condiciones

para que los argentinos decidan dar vuelta de página…”.

Por otra parte, la denuncia demostró la existencia de, al menos, un

antecedente al pacto con Irán que data del año 2006, redactado por Fernando

Esteche que, a través de Jorge Khalil, llegó a las autoridades iraníes. Al

respecto, Khalil reconoció: “…ese plan lo hicimos con Fernando Esteche

hace seis años…cuando se lo llevé a Baharvand, me dijo no…”, en referencia

al entonces Encargado de Negocios de Irán en la Argentina. Hoy se puede

concluir que el rechazo iraní se pudo deber a que, en aquella época, Interpol

no había emitido aún las notificaciones rojas contra los funcionarios persas y,

en consecuencia, no existía el motivo que activó posteriormente el interés de

Teherán en avanzar con un acuerdo por el tema, conforme ha sido probado en

la presentación del Fiscal. Antes de las notificaciones rojas, no había interés

de Irán para firmar acuerdos de este tipo con Argentina.

El gobierno argentino daba por sentado que el punto séptimo del

Memorando bajaría automáticamente las notificaciones rojas, lo que –al

mismo tiempo- era desmentido por sus voceros. Sin embargo, las

agrupaciones de víctimas, familiares y entidades comunitarias advirtieron que

su aplicación podía derivar en el cese de estas notificaciones y, por lo tanto,

propiciaron un anexo al Memorando de Entendimiento que especifique que

éstas no caerían. Si bien primero trascendió que ello había sido aceptado por

Timerman, luego el Canciller negó haberse comprometido a elaborar dicho

anexo.

Las víctimas tenían razón. Al mes de haberse firmado el Memorando de

Entendimiento, un agente de inteligencia de Presidencia de la Nación

individualizado en la denuncia como parte del plan de impunidad le comunicó

al operador iraní Khalil: “Tengo un chisme…me dijeron ahí en ´la casa´ [en 17

referencia a la Secretaría de Inteligencia]…Interpol va a levantar el pedido de

captura de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]…lo va a levantar

ahora”. Es decir, se trataba de un resultado esperado y que se palpitaba

inminente.

Por su parte, la interpretación que Irán tenía del punto siete del acuerdo

surgió palmaria en el artículo publicado por la agencia oficial de noticias iraní

IRNA, bajo el título “Memorando de Entendimiento firmado entre Irán y

Argentina: Gran éxito diplomático”, que consistió en un análisis jurídico del

texto del acuerdo por el experto iraní en derecho internacional, Mohammad

Hossein Mahdavi, que sostuvo: “El propósito del artículo [punto 7 del

memorando], en realidad, era que las dos partes conjuntamente señalaban a

INTERPOL que la diferencia entre las dos partes por el caso AMIA, y que

motivó que algunas personas aparezcan en la lista de alerta roja de esta

organización, se había resuelto a través de la cooperación mutua, y por lo

tanto, la INTERPOL podía anular esta lista….”

Esta interpretación fue indiscutidamente refrendada por las

declaraciones del propio Ministro Salehi -cofirmante del tratado- cuando,

según informó la agencia de noticias IRNA, manifestó que: “según el acuerdo

firmado por ambos países, la Interpol (Policía Internacional) debe eliminar

las acusaciones contra las autoridades iraníes”. Se esperaba que aun sin

entrar en vigencia, el acuerdo sirviera para dar de baja las notificaciones rojas

de Interpol. Si éstas caían, ya nada llevaría a los sospechados a ponerse

verdaderamente a disposición de la justicia argentina.

Para comprender cabalmente el rol del memorando en el plan,

corresponde tener presente que se trató de la excusa esgrimida para solicitar a

Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. La comunicación de la

firma del acuerdo a un organismo exclusivamente policial, sin injerencia ni

interés alguno en los tratados o avenimientos entre sus estados miembros,

como es Interpol, tuvo como único propósito el cese de esas notificaciones.

Estos objetivos se vieron truncados cuando, con fecha 15 de marzo de

2013, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol- envió una

misiva al Canciller Timerman, firmada por Jöel Sollier, Consejero Jurídico del

organismo, en la que, en referencia al memorando de entendimiento, afirmaba:

“…La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de INTERPOL

manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus 18

de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados

en la causa AMIA…”

La, para las partes, sorpresiva negativa de Interpol a dar de baja las

notificaciones rojas se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del

encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus

negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los

iraníes. Salehi criticó a Interpol por haber aseverado que las alertas

permanecían vigentes. Pero Interpol se mantuvo firme y desde que comunicó

la vigencia de las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA,

la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y

hasta el momento de la denuncia, no ha comunicado oficialmente su

aprobación interna por nota verbal.

Es decir, el interés iraní en torno a la ratificación del acuerdo

desapareció al no caer las notificaciones rojas. Nótese que con fecha 10 de

marzo de 2013, el Memorando de Entendimiento había sido elevado al

Parlamento de Irán para su convalidación. Días después, el 15 de marzo,

Interpol garantizó la estabilidad de las notificaciones rojas. Al día siguiente, el

Canciller Salehi expresó públicamente su disconformidad con lo resuelto por

la Organización Internacional de Policía Criminal, al aclarar que, conforme lo

convenido, con la sola firma del acuerdo, Interpol debía hacer cesar las

notificaciones rojas. La consecuencia de dicho revés desalentador para Irán

fue que el tratado nunca recibió tratamiento parlamentario y pareció quedar

fuera de la agenda legislativa iraní, pese a que había sido ingresado y tenía

asignado tratamiento prioritario. Se tornó evidente que sin la baja de las

notificaciones rojas, la República Islámica de Irán había perdido interés en el

acuerdo.

El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas

aportadas. En mayo de 2013 y al día siguiente de regresar de Irán, el agente

persa Khalil comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza:

“…hay un poquito de desazón de allá, de allá…hay desazón…Me parece que

el ruso este de mierda se mandó alguna”, en referencia a Héctor Timerman, y

agregó “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares”, en

alusión a las notificaciones rojas.

Luego de la reunión del 20 de mayo de 2013 entre D´Elía y De Vido y

ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de

Memorando de Entendimiento, Khalil afirmó: “…De Vido tiene que saber que 19

Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…”. Existía una promesa por parte del canciller Timerman

para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no

haya querido, sino porque Interpol se lo impidió.

En los meses de septiembre y noviembre de 2013, Timerman continuó

intentado subsanar la inesperada vigencia de las notificaciones rojas. Con ese

fin se reunió con el entonces Secretario General de Interpol, Ronald Noble,

para convencerlo de que ceda y autorice el cese de dichas notificaciones, bajo

el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. Por fortuna

tampoco entonces pudo lograr su cometido.

Este revés no desarticuló la operación de encubrimiento montada por las

autoridades argentinas denunciadas. Además y de acuerdo con el derecho

penal argentino, para la configuración del delito de encubrimiento en este caso

resulta irrelevante el interés de Irán o su predisposición respecto de la

maniobra desplegada por los autores y partícipes argentinos, dado que esta

figura penal no exige consentimiento del sujeto encubierto y ni siquiera

demanda su conocimiento.

Ahora bien, la denuncia también destaca que afirmaciones como

“…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares…” y

“…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…” transmiten la certeza, junto con otros elementos, de que

además del Memorando de Entendimiento firmado han existido entre las

partes otros acuerdos secretos.

Al ver truncada la posibilidad de avanzar con el compromiso asumido,

Salehi no trepidó en poner en evidencia a Timerman y al sentirse traicionado,

reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las

autoridades iraníes….El [contenido] del acuerdo entre Irán y Argentina en

relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y

la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos

siguiendo…”. Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de

2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de

Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a

conocer.

Estos acuerdos secretos quedaron también evidenciados en otro

episodio, cuando en febrero de 2013 el entonces vocero de la cancillería iraní,

Ramin Mehmanparast, afirmó: “…El tema de la indagatoria de un 20

responsable iraní [por Vahidi] es totalmente falso…Parece que los que se

inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones…”. Es decir,

Irán sostenía públicamente que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad

Vahidi, nunca sería interrogado pese a que esta medida estaba incluida en el

Memorando. Al respecto, Jorge Khalil aseguró que el rumor era cierto, que

ese tema en particular “estaba conversado antes….estaba dentro del marco” y

que el acuerdo era “más profundo todavía”.

Es decir, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,

Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento

abiertamente inconstitucional que garantiza la impunidad de los acusados

iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos

para los prófugos. De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó

públicamente, de dos partes contrapuestas que negociaron un acuerdo

bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan

criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa

AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de

ellos. De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, un agente de inteligencia

argentino involucrado en este plan le confesó a su par de Irán: “…Tranquilo,

ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”,

dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal.

Ahora bien, como ya se dijo, la oportuna intervención de Interpol

manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a

futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución

de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la

letra del Memorando de Entendimiento, dotando al plan de la suficiente

flexibilidad para poder adaptarlo a distintos escenarios.

En ese sentido, la denuncia explica que el cese de las notificaciones

rojas podría lograrse por una vía indirecta, esto es, a través de la aplicación del

punto quinto del acuerdo. Este artículo regla la realización de audiencias en

Teherán para que la comisión interrogue a los imputados iraníes con

notificación roja de Interpol, es decir, solamente a cinco de los ocho acusados.

Si hubiera habido una verdadera voluntad de someter a todos los

imputados iraníes a la acción de la justicia argentina, como se argumentó ante

la opinión pública, todos ellos –los ocho- hubieran estado incluidos en esas

audiencias y se hubieran acordado verdaderas declaraciones indagatorias

conforme la ley argentina, y no meras entrevistas. Del texto del acuerdo no 21

surge, en modo alguno, que el interrogatorio esté a cargo de las autoridades

judiciales argentinas como así tampoco incluye referencias expresas a la

aplicación de la normativa procesal argentina en ese acto y, menos aún,

habilita al juez a detener a los imputados. Por el contrario, la acusación debe

estar respaldada por un juez iraní de acuerdo a lo reglado por la ley iraní, lo

que nunca sucederá si se tiene cuenta lo expresado públicamente por el

régimen de Teherán, en tanto afirmó haberse asegurado de la inocencia de

todos sus ciudadanos.

Ello demuestra que estas audiencias constituyen una vía indirecta

prevista para dar de baja las notificaciones rojas. Una vez que los iraníes

buscados por Interpol participen de esas simples entrevistas, se podría

argumentar que han desaparecido los motivos legales para seguir requiriendo

su máxima prioridad de búsqueda, habilitando –de esa forma- el cese de las

notificaciones rojas.

Sin embargo, es completamente falaz afirmar que los imputados se

encontrarían a derecho con solo presentarse a la entrevista ante la “Comisión

de la Verdad”, conforme lo estipula el punto 5. La amplitud y vaguedad del

instrumento y las múltiples interpretaciones posibles, abrirían necesariamente

un debate, con el sólido riesgo de que esta discusión se desarrolle con las

notificaciones rojas ya extintas. Como puede advertirse, todo está estructurado

para la impunidad, con varias alternativas posibles para lograr tal fin.

Por otra parte, el Memorando de Entendimiento está dotado de un

enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se

siente a escuchar los cargos de la justicia argentina, la verificación de una

larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible

cumplimiento, atento a la incompatibilidad con las respectivas legislaciones:

1) que ambos países ratifiquen internamente los términos del acuerdo; 2) que

se remitan mutuamente las notas reversales notificando dicha ratificación; 3)

que cada uno de los signatarios proceda a la elección de personas de

reconocida trayectoria jurídica y probidad personal para que integren la

“Comisión de la Verdad”; 4) que los elegidos acepten la designación; 5) que

entre ambas partes y de común acuerdo, seleccionen al quinto miembro de la

comisión, es decir, a su presidente; 6) que los miembros de la Comisión

redacten las reglas del procedimiento al que se sujetarán, las cuales deberán

ser aprobadas por ambas partes; 7) que la Comisión solicite y reciba

información del caso AMIA por parte de las autoridades argentinas y/o 22

iraníes; 8) que la información y las pruebas requeridas se traduzcan; 9) que

cada uno de los miembros de la comisión analice las pruebas remitidas; 10)

que se reúnan para emitir recomendaciones; 11) que se notifiquen dichas

recomendaciones a los signatarios; 12) que se establezca una fecha para

cumplir con las audiencias; 13) que se cite a los imputados; 14) que éstos

efectivamente comparezcan a un interrogatorio que –cabe aclarar- no reúne las

condiciones mínimas para ser considerado una declaración indagatoria válida

para el derecho argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado

para ser cumplido. Tan es así, que han pasado dos años desde la firma del

Memorando y todavía Irán no ha comunicado por nota reversal la ratificación

del acuerdo.

Con contundencia, la denuncia demuestra que los términos de este

pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, están redactados de modo

tal que muy sencillamente se puede demorar en forma indefinida su

cumplimiento. Lo único que importó fue favorecer y encubrir a los imputados,

garantizándoles impunidad. Por eso el acuerdo no garantiza ley ni proceso y

solo garantiza impunidad.

Ahora bien, el memorando permite que la impunidad definitiva sea

también alcanzada mediante la efectiva actuación de la “Comisión de la

Verdad” cuya finalidad consiste en recibir y valorar nuevas pruebas y

presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el

redireccionamiento de la pesquisa. Poco importa su futura conformación, dado

que las conclusiones ya fueron arregladas de antemano, con independencia de

quienes vayan a ser luego elegidos como sus miembros.

Para ello, el pacto guarda en la amplitud de su redacción cierto grado de

sutileza. Con ese norte, se decidió que las conclusiones de la comisión no

fueran propiamente vinculantes, dado que ello hubiera sido demasiado

evidente. Pero en los hechos es como si lo fueran, ya que los gobiernos se

comprometieron a atar “sus futuras acciones” a los descubrimientos y

recomendaciones de la comisión creada que, como su nombre lo sugiere,

desentrañará “la verdad”. Esto obliga al Estado Argentino y a sus distintos

órganos, a atender al referido dictamen.

La comisión tiene la capacidad de descartar lo actuado por la justicia,

generando un efecto deslegitimador irreversible. Al respecto, el agente iraní

Jorge Khalil, el mismo día de la firma del memorando, expresó: “…alguien va

a salir con la cara manchada de acá…” y ciertamente estaba seguro que no 23

sería el país al que sirve porque “…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va

a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la

mesa…”. Al respecto, los referentes iraníes reconocían que: “…si se cae la

traffic, olvidate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta…

[en referencia a la conclusión judicial que asevera que la bomba se encontraba

dentro de una camioneta Renault traffic]… ya está… ¿Me estás

cargando?...ya está, no te puedo hablar, adelantar nada, pero YA ESTÁ

TODO”. Así, se demostró que los agentes de inteligencia argentinos e iraníes

tenían la seguridad que los acusados iban a quedar liberados de la imputación

de la justicia. “…Que en un año y medio tengamos las buenas noticias…” es

la expresión inequívoca que reflejó ese pensamiento. Estaba todo arreglado.

En otro pasaje de la denuncia se comprueba que autores y cómplices,

como parte integral del plan criminal, ya habían planificado y avanzado en la

fabricación de una hipótesis acusatoria falsa, con pruebas inventadas, para

redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar

definitivamente a los nacionales iraníes.

Presente ello, en una fecha tan temprana como noviembre de 2012, el

agente iraní Jorge “Yussuf” Khalil ya se había reunido con el Dr. Héctor

Yrimia, ex fiscal que intervino en la causa y ex juez de Instrucción,

actualmente vinculado a un sector de la Secretaría de Inteligencia y partícipe

de la maniobra que se denuncia. Así lo relató: “…tuve una charla con el

fiscal…El fiscal de la causa…el que estaba, no el que está ahora…El que sabe

es éste que te digo…el fiscal de la causa….”. Para luego señalar que el

contacto con Yrimia le llegó a través de Fernando Esteche: “…Y, el que me

sienta es Fernando”.

Habían decidido recurrir a individuos que hubieran tenido contacto con

la investigación del caso AMIA, como el caso del nombrado Yrimia,

sumamente útil como fuente de información para la fabricación de la nueva

hipótesis porque estuvo en una posición privilegiada de contacto directo con el

expediente a raíz de su función como Fiscal del caso AMIA: “eso te puede

servir bien concreto para cualquiera de las tesis distintas de….tercer país o lo

que fuera, cualquiera de las cosas que vayan a resolverse va a servir porque

es información”. Así, estuvieron en condiciones de elegir la mejor falsa

hipótesis, la más creíble, porque contaron con información del caso.

Y como la decisión de crear un “nuevo culpable” ya había sido tomada,

resultó vital contar con información que se apoye en datos ya incorporados a 24

la causa, y que permitieran fabricar la más creíble de todas las falsas

versiones. Al respecto, en diciembre de 2012, Fernando Esteche aseveró:

“quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la

AMIA, es una necesidad que tienen que construirla…”. De esa misma

conversación se desprende que esa tarea quedó a cargo de funcionarios de la

Secretaría de Inteligencia, especialmente designados para ello.

Para construir este “nuevo enemigo”, como “no van a poder decir que

fueron los israelíes”, porque claramente no sería creíble, entonces tenían que

armar una hipótesis falsa pero verosímil y hasta hablaron de involucrar a “una

conexión de fachos locales”. También se especulaba con que: “…si se cae la

trafic, olvídate, se cayó todo…no solamente se cayó, sino que se da vuelta…”,

aludiendo a la desarticulación ilegal de la conclusión judicial que explica que

una camioneta Renault Trafic fue utilizada para provocar la explosión del

edificio de la AMIA.

Es decir, ya en noviembre-diciembre de 2012, cuando ni la justicia ni

los familiares sabían qué estaba ocurriendo con la negociación entre Argentina

e Irán, los partícipes del encubrimiento conocían perfectamente que se venía

un cambio de hipótesis y el redireccionamiento fraudulento de la investigación

hacia nuevos imputados. Esto era así, pues ellos mismos estaban justamente a

cargo de armar la falsa acusación.

El objetivo de generar esta hipótesis fraguada y redireccionar la

pesquisa ha sido: “…la esencia del nudo, el núcleo del nudo…es la inocencia

de Irán…”. Sin importar las evidencias, los hechos o su verdadera

responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados

de la causa, se le iba a lavar la cara a Irán y ello estaba cerrado “muy arriba”,

es decir, tenía el sello presidencial. La orden para ejecutar el delito provino

directa y personalmente de la Presidente de la Nación.

Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una

pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional. Casi

con ironía, al suscribir el acuerdo, el canciller emitió un comunicado que

rezaba: “…El gobierno nacional ratifica que el único compromiso es con las

víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la

reparación debida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar

para intereses geopolíticos, ni propios, ni ajenos…”. Esto no era cierto. La

denuncia ha puesto al descubierto que intereses comerciales y geopolíticos 25

fueron el verdadero motor de un plan secreto de impunidad que nada tiene que

ver con la búsqueda de justicia.

Por eso, personal de inteligencia implicado en la maniobra denunciada

afirmó “…estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar

en otro contexto…” y “…va a venir otra hipótesis con otras pruebas…” que

iban a descolocar totalmente al Dr. Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA,

“porque nunca las vio, él, las pruebas…lo que viene ahora”, pruebas que –por

supuesto- eran inventadas.

Por otra parte, la denuncia destaca la tranquilidad con la que actuaron

todos los partícipes del plan de impunidad, en particular el personal de

inteligencia involucrado en la maniobra, que se desenvolvió libremente sin

considerar necesario actuar de modo encubierto, ni siquiera ante la extrema

sensibilidad del asunto que llevaba adelante. Ello se debió simplemente a la

circunstancia de haber actuado por órdenes superiores, por directivas expresas

de la Presidente de la Nación, razón por la cual sólo tuvieron que preocuparse

por camuflar sus actividades en relación a terceros y no respecto de sus

superiores y/o de sus cómplices iraníes. La redirección de la investigación y el

desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación tenían el

sello presidencial. Se reconocía: “tranquilo, está cerrado muy arriba”.

La presentación del Dr. Nisman también detalla la contribución

personal, tanto la Sra. Presidente como su Canciller, al perfeccionamiento del

plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática

caracterizada por toda una artillería de falsedades, de promesas que estos

funcionarios sabían perfectamente que nunca cumplirían, de puestas en

escenas y demás estrategias comunicacionales falaces, cuyo único objetivo fue

predisponer favorablemente a la opinión pública.

Los encubridores mintieron sobre el momento en que verdaderamente

se habían iniciado las negociaciones, sobre la entidad de las cuestiones

negociadas y sobre cuál de las partes había propiciado e impulsado el

acercamiento. También se recurrió a intermediarios clandestinos y a reuniones

“pantalla” para avanzar con la negociación secreta. Por ello se desmintió y se

cuestionó a la prensa cuando comunicó circunstancias de la negociación que

se habían pretendido mantener en secreto. Y se atacó a ex funcionarios del

gobierno que confirmaron la existencia de antecedentes al pacto que,

justamente por sus implicancias ilegales, no habían prosperado en el pasado. 26

Además, desde un inicio se pretendió instalar, entre otras falsas

cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AMIA estaba paralizada

prácticamente desde que comenzó. En efecto, en el discurso ante la 68°

Asamblea General de Naciones Unidas, del 24 de septiembre de 2013, la Sra.

Presidente afirmó: “…la causa está estancada, desde hace 19 años no se

moviliza…”. Tamaña falsedad ha sido refutada por el fiscal de la causa, Dr.

Nisman, quien detalló numerosos y significativos avances que tuvo el

expediente, desde que se creó la Unidad Fiscal a su cargo.

Entre ellos, se destaca que en el año 2005, luego de diligencias y

medidas probatorias realizadas en Estados Unidos, con asistencia de la Fiscal

de la Unidad de Contraterrorismo del Distrito Este de Michigan, Dra. Bárbara

Mc Quade y en virtud a información aportada por la Secretaría de Inteligencia,

se estableció que quien condujo la camioneta traffic que estalló frente a la

sede de la AMIA fue el ciudadano libanés Ibrahim Hussein Berro.

Luego, en el año 2006, se solicitó la captura nacional e internacional de

un conjunto de imputados (ocho iraníes y un libanés), que fue avalada por

amplia mayoría en la Asamblea General de Interpol de noviembre de 2007. Al

año siguiente, en 2008, se concluyó la labor que dio lugar a la denuncia por

otro encubrimiento verificado en este caso, que beneficiara al imputado

Alberto Jacinto Kanoore Edul y que actualmente se encuentra en etapa de

juicio oral. Además, a fines de 2008 se dictaron los embargos preventivos

contra las propiedades de los acusados, resultando en la inhibición general de

bienes que Mohsen Rabbani posee en nuestro país.

En 2009, la fiscalía del Dr. Nisman emitió un nuevo dictamen relativo

al atentado. Allí se plasmó el trabajo relacionado con la identificación del

coche bomba utilizado en el ataque y se explicó en detalle el funcionamiento

de la célula terrorista de Hezbollah que actuó en la ejecución material del

hecho. Incluso se pudo establecer la identidad y la participación del jefe de

dicho grupo operativo, el libanés Samuel Salman El Reda, a quien se le

atribuye haber coordinado la llegada y la partida, las operaciones de logística

y las demás actividades desplegadas por el grupo operativo encargado de

ejecutar la fase final del atentado. Sobre este sujeto también se dictó orden de

captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de

Interpol. En ese pronunciamiento, se determinó que El Reda era un miembro

activo del Hezbollah libanés, de una probada vinculación con destacados

personajes radicados en la Triple Frontera, pertenecientes a esa organización. 27

En 2013, en virtud de la actividad investigativa realizada por esa

fiscalía, que incluyó la obtención de testimonios en el extranjero y de la

prueba recolectada en los dos años anteriores –justamente relacionada con

actividades ilegales de agentes al servicio del régimen de Teherán- se emitió

un nuevo pronunciamiento de más de quinientas páginas, en el cual se

estableció la modalidad del régimen iraní para infiltrar varios países de

Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer,

fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de

exportación de la revolución.

La obtención de esta información fue central para contextualizar,

regional y estratégicamente, el atentado contra la sede de la AMIA, así como

también para acreditar con mayor detalle el rol del imputado Mohsen Rabbani

en dicho ataque, fortaleciendo –de ese modo- la imputación previa. En ese

dictamen se demostró que el atentado contra la mutual judía no se trató de un

hecho aislado, sino que resultó ser un engranaje de un entramado mucho

mayor, dominado por la política de penetración iraní en la región.

Así como se buscó instalar la falsa premisa de que la causa por el

atentado contra la AMIA “estaba paralizada”, también se pretendió engañar a

la opinión pública aseverando que con el Memorando de Entendimiento “no

había nada que perder”. Esto constituyó un nuevo argumento falaz destinado a

justificar el acuerdo que, como la denuncia demostró, era el camino de la

impunidad de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA. Cabe tener

presente que pende sobre la causa la posibilidad de que, nuevamente, sea

acribillada de nulidades si se avanza con acciones procesales no previstas por

la ley y contrarias a la Constitución Nacional y los principios de derechos

público previstos en ella.

Es falso que no haya riesgos. En concreto, el Memorando de

Entendimiento incluyó entre sus disposiciones la obligación de entregar la

totalidad de las actuaciones en trámite ante la justicia argentina -no a los

imputados, lo que corresponde por derecho- para su revisión por parte de la

“Comisión de la Verdad” prevista en el convenio. Justamente, la eventual

puesta en conocimiento de las autoridades iraníes de informaciones,

investigaciones, revelaciones y/o conclusiones elaboradas por organismos y/o

agencias extranjeras, constituyó una severa perturbación a los canales

internacionales que nutren a la causa de elementos probatorios de interés, lo

que claramente se ha erigido en una traba que opera en detrimento de la 28

investigación. En los hechos, ya se produjeron perjuicios, pues terceros países

han cesado, a partir de la firma del acuerdo, en el envío de información.

En realidad y así quedó expuesto en la presentación judicial, lo único

que desde siempre se necesitó destrabar en la causa AMIA ha sido la firme

negativa de Irán a extraditar a sus nacionales, para ponerlos a disposición de la

justicia argentina.

En el marco de esta misma campaña, Héctor Timerman afirmó que la

negociación con Irán no incluía temas comerciales y alegó públicamente en

febrero de 2013: “…¡Cómo voy a hacer algo que está prohibido por las

Naciones Unidas!…no puede haber intereses económicos…porque hay

sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, de las cuales la

Argentina es suscripta, que impiden el comercio con Irán más allá del que se

está realizando, que es en granos, y eso no lo hace el gobierno argentino…lo

hacen las empresas privadas….yo les pedí que no lo hagan…”. Lo cierto es

que, a excepción de un conjunto de insumos relacionados con el plan nuclear

iraní, no existe óbice legal que impida intercambios comerciales de Estado a

Estado entre Argentina e Irán. Todas las resoluciones que el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas ha dictado impidiendo a los países

miembros comerciar con la República Islámica de Irán se han referido a

artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías relacionadas con el

enriquecimiento, reprocesamiento de minerales nucleares o agua pesada, o con

el desarrollo de sistemas de vectores de armas nucleares. Más aún, en

contradicción con las declaraciones aquí transcriptas, en abril de 2011 y en

ocasión de una conferencia de prensa que brindó en una visita a Israel junto

con su par israelí Avigdor Lieberman, Timerman afirmó: “…no existe ningún

problema de comerciar con Irán. Argentina no tiene ningún embargo contra

Irán. Irán no tiene ningún embargo contra Argentina…”. Y en clara

contradicción con lo declarado por Timerman, la denuncia acreditó con

pruebas irrefutables que, en forma secreta, Cristina Fernández ordenó que el

Ministro De Vido se reúna con D’Elía para así transmitir a Irán el interés del

gobierno argentino de intercambiar granos por petróleo.

También con el objeto de deslegitimar la investigación judicial por el

caso AMIA, Timerman hizo declaraciones completamente inexactas sobre las

vicisitudes del trámite de extradición del Embajador iraní en la Argentina para

la época del atentado, Hadi Soleimanpour, ante las autoridades del Reino

Unido. En el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación, el Canciller 29

declaró: “…el pedido de extradición ordenado por la Argentina del ex

embajador iraní Hadi Soleimanpour fue desechado por la justicia británica

debido a la inexistencia de pruebas...que Interpol se negó a emitir una

circular roja por considerar que ya había sido detenido y sobreseído y

liberado por falta de pruebas...”. Una vez más, los hechos se probaron

alejados de las palabras. No fue una corte británica, sino el Subsecretario de

Estado del Reino Unido quien decidió no dar curso al juicio de extradición de

Soleimanpour, que no se pudo sustanciar, por razones de índole política no

expresadas en la decisión y en virtud de una prerrogativa legal prevista en el

tratado de extradición que rigió el caso. En suma, si no se pudo lograr la

extradición de Soleimanpour en aquel momento fue por una decisión política

y no razones judiciales o probatorias. Soleimanpour no fue nunca sobreseído

por la justicia inglesa, como se dijo. Esto fue también advertido por la Cámara

Federal y expuesto en el fallo fechado en 15 de mayo de 2014, que declaró

inconstitucional al Memorando de Entendimiento con Irán, y a su ley

aprobatoria.

Asimismo, en la denuncia quedó expuesto el modo en que la Dra.

Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de

las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando

una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tuvieron su

ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida,

que aseguraba una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación

de cualquier propuesta por parte de Irán. En septiembre de 2012, la primera

mandataria expresó: “…tengan la certeza de que esta Presidenta no va a

tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea

formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas

directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con

representación parlamentaria en mi país, porque esto no lo puede decidir una

sola fuerza política…”.

Contrario a lo prometido, jamás se los consultó. Es más, los familiares y

las víctimas del atentado debieron enterarse por los medios de comunicación

de la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de

Irán. Así lo afirmó el entonces Presidente de la AMIA, Guillermo Borger:

“este memorando nos sorprende a toda la ciudadanía el pasado 27 de enero,

jamás fue consultado, ni siquiera comentado”. 30

Los familiares y las instituciones tampoco fueron escuchados cuando

expresaron en el Congreso Nacional su rechazo mayoritario a la ratificación

del acuerdo. Sofía Guterman, madre de una joven fallecida en el atentado,

declaró: “… Nadie nos dijo nada. Me sorprendió mucho…No pensé que iban a

apurar tanto el trámite, pero evidentemente la carrera se terminaba y tenían

que llegar a la meta propuesta…Me repugnó cuando Pichetto dijo ´apuremos

que la presidenta dijo que se termine´…”, en referencia al jefe de la bancada

oficialista, Miguel Ángel Pichetto. Así también, Laura Ginsberg, viuda de otra

víctima del atentado, afirmó: “…Uno esperaría que el Congreso fuera un

ámbito de reflexión, Timerman imprimió, como también lo senadores del

oficialismo, las características de un ambiente pobre, chicanero y vulgar…” y

en alusión al debate, señaló: “…estuvo en manos de Timerman y del gobierno,

porque la intención de ellos era apurar rapidito la ley…”. Finalmente,

sentenció: “…Lo único que el gobierno quiere es sancionar lo antes posible

esta ley, que significa un punto final para el tema de la AMIA…”.

Ante el rechazo inicial al acuerdo, por agrupaciones de damnificados y

por las instituciones comunitarias, Timerman intentó revertir esta reacción

mediante una nueva manipulación, que tuvo lugar el 29 de enero de 2013,

cuando se reunió con estos actores claves, que propiciaban un anexo al

Memorando de Entendimiento.

En esa ocasión y luego de la reunión con el canciller argentino, el

entonces Presidente de la AMIA, Sr. Guillermo Borger, dijo públicamente:

“…el canciller está dispuesto a generar una nota aclaratoria…El canciller

contestó a todas las dudas y prometió suscribir él en persona, y

probablemente con la Presidenta un documento anexo que aclare estas

dudas…El anexo, que deberá ser aprobado también por Irán y llevaría la

firma de la presidenta Cristina Kirchner, deberá ser ratificado por el

parlamento…”. La agrupación “Memoria Activa”, que también participó de la

reunión, emitió el siguiente comunicado: “…Memoria Activa concurrió el

martes 29/1 a una reunión convocada por el canciller Hector Timerman en la

sede de la AMIA. En la misma el canciller aclaró los términos del acuerdo en

relación a los siguientes puntos, que pasan a ser las bases innegociables del

mismo y que serán ratificadas por el gobierno argentino por escrito: 1-Los

imputados serán indagados en Teherán bajo el código penal procesal de la

República Argentina por el juez y el fiscal de la causa AMIA. 2- Las alertas

rojas y pedidos de captura de Interpol de los imputados se mantendrán 31

vigentes….” Sin embargo, luego trascendió que el Canciller Timerman negó

haber accedido a elaborar ningún tipo de anexo al pacto.

Resumiendo, la denuncia comprobó que para llevar a buen puerto el

acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se tuvo que incumplir

la promesa de una consulta previa a cualquier acuerdo y el compromiso

asumido para negociar un anexo al convenio. Se hizo creer que se buscaría el

consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero –en los

hechos- se desoyeron completamente las múltiples y extendidas opiniones

contrarias al memorando.

Quedó claro, entonces, que dijeran lo que dijeran los familiares la

decisión estaba tomada. El memorando había sido firmado para garantizar un

objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados iraníes y permitir al

gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la comunidad internacional

el restablecimiento de las relaciones comerciales y el alineamiento con

Teherán. Por ello, el acuerdo debía ser aprobado a cualquier costo, porque

despejaba el único escollo que existía para asociarse con Irán. Era

estrictamente necesario para la consecución del plan criminal pergeñado.

Una Presidente que públicamente se ha regodeado manifestando a los

sobrevivientes y a los familiares de las víctimas su compromiso en la

búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá

que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que ha

tomado cartas en el asunto porque “la causa estaba paralizada”, que celebró la

firma de un acuerdo “histórico”; fue, en realidad, la principal artífice, junto

con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la

investigación y del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se habló

de justicia y verdad. En los hechos se acordó impunidad.

La denuncia también expone que la reunión del 28 de septiembre de

2013 entre los cancilleres de ambos países fue una puesta en escena

previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernández

para engañar a la opinión pública argentina.

El 24 de septiembre de 2013, ante la Asamblea General de las Naciones

Unidas, la Dra. Fernández reclamó fuertemente a las autoridades iraníes que

respondan a las solicitudes argentinas en relación al pacto firmado varios

meses atrás. Días después, el jueves 26 de septiembre, Héctor Timerman

afirmó haber recibido un llamado del canciller iraní para concertar un

encuentro el sábado 28: “Hace unos minutos hemos recibido una llamada de 32

las autoridades de la República Islámica de Irán solicitando tener una

reunión en el marco de las Naciones Unidas entre los dos cancilleres para

tratar el tema del memorándum…”. El Ministro Timerman aclaró que el

objetivo del encuentro era: “…conocer el estado actual del memorándum de

acuerdo a la legislación iraní, es decir, si fue aprobado por el Congreso o no.

Si fue aprobado por el Congreso, entonces, establecer el marco con el cual

vamos a formalizar la fecha de conformación de la Comisión y al mismo

tiempo el viaje de las autoridades judiciales a Teherán…Y si no fue aprobado,

cuándo se aprobará…”.

La puesta en escena aquí detallada tuvo por objeto que la gente crea que

la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados y que Irán cedía ante el

fuerte discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea General de Naciones

Unidas. Sin embargo, lo cierto fue que las verdaderas e ilícitas intenciones del

gobierno argentino fueron transmitidas a través de una diplomacia paralela

conformada por canales de negociación y comunicación alternativos entre

ambos gobiernos que actuó para que la realidad se acomodara a los intereses

de los encubridores. A través de estos canales, la Dra. Cristina Fernández

indirectamente entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con el

mismo Mohsen Rabbani. El mensajero argentino Luis D’Elía especificó el

pedido: “…tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar allá

urgente [en referencia a Irán], antes de mañana…Estoy en la casa de gobierno

ahora…no hay asunto más importante que este, créemelo….necesito que

hables con el Sheik de allá [en referencia a Mohsen Rabbani] mira que es muy

groso lo que tengo eh!...”. Una vez más el imputado Mohsen Rabbani fue

avisado al instante de los mensajes de Cristina Fernández.

Presidencia de la Nación quería comunicarse con Teherán con suma

urgencia, un día antes del encuentro de cancilleres y a través de los canales no

oficiales. El mensaje no fue transmitido por el Palacio San Martín a la

cancillería iraní. No se comunicó Héctor Timerman con Mohammad Javad

Zarif Khonsari, a pesar de que ambos se encontraban en Nueva York. No

podía hacerse de esa manera. Sino que el mensaje salió del despacho

presidencial de la Dra. Fernández, llegó a Luis D´Elía, a Jorge “Yussuf”

Khalil, al Encargado de Negocios Iraní en Buenos Aires, y de allí a Teherán.

Secreto. Oculto. Completamente inaudito. Propio del plan criminal llevado

adelante. 33

En este caso concreto, la Sra. Presidente buscaba obtener ciertos

pronunciamientos públicos por parte de Teherán, aunque fueran falsos, porque

serían funcionales al plan de impunidad. El receptor del mensaje de D’Elía y

transmisor a Irán, Jorge Khalil, reveló la información al expresar: “…Necesita

que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la

conformación de la Comisión de la Verdad…Y también que se defina el día,

en el mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán….”.

Los elementos probatorios aportados en la denuncia demuestran tres

cuestiones. Primero y una vez más, el interés imperioso de los encubridores en

avanzar con el plan. El tema no figuraba en la agenda de Irán en Nueva York:

“…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…” y “…fíjate que

Rohani ni habló del tema AMIA en su discurso…”. La actitud pública de

Argentina de “apurar” a los iraníes fue pour la galerie o “para la galería”.

Segundo, quedó en exposición que había cosas que se conversaron y

arreglaron de antemano sin ser comunicadas a la opinión pública, a la que se

buscó engañar con puesta en escenas, falsas negociaciones, acuerdos ocultos,

etc. Más allá de las reservas propias con que se tratan temas delicados, en este

caso, la confidencialidad tuvo por único fin engañar y ocultar actividades

ilícitas. Fue un instrumento para aparentar y no ser descubiertos.

Tercero, estas pruebas pusieron en evidencia que, por detrás, sin que

nadie lo supiera, estaba todo arreglado y, en realidad, no existió ningún

secreto ni expectativa, porque las autoridades argentinas sabían lo que

ocurriría en la cumbre. A través del canal paralelo por el que también se

ejecutó este encubrimiento, Luis D´Elía llamó a su amigo Jorge “Yussuf”

Khalil, referente orgánico de Irán en el país, para transmitirle un mensaje que

debía llevar a Teherán, sobre lo que la Presidente necesitaba que los iraníes

anuncien en el encuentro, para engañar a la ciudadanía respecto del estado real

de situación.

La reunión del sábado 28 de septiembre de 2013, entre Timerman y el

flamante Canciller iraní Mohammad Javad Zarif Khonsari, en la sede de

Naciones Unidas en Nueva York, fue una mise en scene, es decir, una puesta

en escena para que la gente crea verdaderamente que estaban negociando algo

y/o que la diplomacia argentina estaba obteniendo resultados en función de la

reciente demanda pública de la mandataria.

Como lo acreditó la denuncia, lo cierto fue que las autoridades

argentinas pidieron –por canales no oficiales- un anuncio conjunto de ambos 34

cancilleres y definiciones sobre varios temas, algo, aparentemente, demasiado

ambicioso. Pero los iraníes, en lo que pudo ser “…un gesto…hacia el

gobierno argentino en vísperas de elecciones…”, aceptaron meramente que

Timerman anuncie pública, aunque no conjuntamente, que Irán había

aprobado el memorando con el aval del Consejo Superior de Seguridad

Nacional y del Líder Supremo, fuera cierto o no. Nuevamente “pour la

galerie”. Como se verá, nada de esto fue verdad.

Aquel sábado 28 los cancilleres tuvieron dos reuniones, con consultas

intermedias a sus mandatarios. No se intercambiaron las notas reversales. El

tratado no entró en vigor. No se definió ningún plazo respecto de la “Comisión

de la Verdad” ni sobre las audiencias de Teherán. No hubo ningún anuncio

conjunto. Ninguna autoridad iraní declaró nada oficialmente.

De hecho, en Irán, la pretendida aprobación del acuerdo fue meramente

informada por el “Tehran Times” que tomó como única fuente de esta

novedad a la agencia de noticias oficial argentina TÉLAM. Inédito. El diario

persa “Tehran Times”, uno de los más importantes de Irán, en su tarea de

informar sobre una decisión adoptada por el gobierno de su país refirió como

fuente a la agencia oficial de noticias de otro país, Argentina. La denuncia

destaca lo sugestivo de este dato: ¿Cómo puede ser que la fuente no haya sido

iraní? ¿Cómo puede ser que para un acto de gobierno decidido y producido en

Teherán la fuente del “Tehran Times” haya sido TÉLAM?

Este episodio resultó ser un ejemplo de la existencia de canales de

comunicación y negociación paralelos a los oficiales y ocultos a la opinión

pública, demostró que varios detalles sobre el plan criminal se arreglaron en

secreto y con antelación por tales canales y que las manifestaciones públicas

de la Presidente y el Canciller fueron solo maquillaje mediático para engañar a

la ciudadanía respecto a la real situación del caso AMIA. Esto fue

fundamental porque los encubridores necesitaron contar siempre con el mayor

apoyo posible por parte de la opinión pública para facilitar la implementación

de su plan criminal.

Así, la mendacidad y el doble discurso han sido la regla en este asunto.

La gravedad de las acciones a ocultar eclipsó los medios para hacerlo. Era tan

terrible lo que se pretendía esconder -el encubrimiento de terroristas prófugosque

se recurrió a cualquier medio para lograr ese objetivo. No se reparó en

mentir y/o engañar públicamente al parlamento, a los damnificados, a las

instituciones judías, a los familiares y a la ciudadanía toda, si ello podía 35

contribuir a mantener oculto el plan encubridor. Tan es esto así, que mientras

transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad

avanzó solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y

negociación con Irán.

La denuncia explicó que la calidad delictiva del plan necesitó –

justamente- contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías

concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los

acusados iraníes por el caso AMIA. La actividad de estos canales configuró,

sin más, una diplomacia paralela de facto, es decir, una diplomacia para

estatal que, desde las sombras, permitió llevar adelante el plan criminal, por

expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente.

En efecto, múltiples elementos probatorios corroboraron la existencia de

estos canales paralelos al oficial, interconectados con el mismo, que facilitaron

los contactos entre Teherán y Buenos Aires, a los fines del objetivo delictivo.

Como ejemplo de estos mensajes ocultos, la denuncia reproduce los dichos de

Khalil: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D´Elía

y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron temprano que

querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar…Y

ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador…”, en

referencia al Encargado de Negocios de Irán en Argentina, máxima autoridad

oficial en territorio nacional. Al respecto, Khalil también dijo:

“…Larroque…se sentó conmigo y me dio un mensaje que tengo que transmitir

a la embajada. Fui a la embajada y transmití lo que tenía…” y aclaró:

“…ellos me mandaron a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”.

Estos canales también fueron utilizados para hacer llegar información

actualizada a Mohsen Rabbani, de distintos aspectos configurativos del plan

destinado a encubrirlo, y contribuyeron al desarrollo de acciones destinadas a

la creación de una versión alternativa y falsa sobre el atentado, verosímil a la

opinión pública, para redireccionar la pesquisa hacia nuevos imputados.

La circunstancia de que las autoridades iraníes hayan estado al tanto de

lo que resolvía y decidía el gobierno argentino, volvió a demostrar que el

Memorando de Entendimiento, lejos de haber sido elaborado para contribuir

con la causa, como falsamente se proclamó, fue el disfraz jurídico de un

acuerdo ilegal previo y mucho más amplio.

Ahora bien, los autores de este encubrimiento siempre tuvieron claro

que una parte importante del mismo consistía en contar con la buena 36

predisposición de las autoridades del régimen iraní y de sus referentes locales,

dado que la aquiescencia, o mejor aún, el respaldo de estos actores,

contribuiría a facilitar el avance del plan criminal. En esa línea, la denuncia

constató la concesión de una serie de favores concretos, como por ejemplo:

facilitación de gestiones, promesas de puestos de trabajo y acceso a contactos

importantes; todos ellos procurados a los referentes locales del régimen.

La prueba reunida reveló que, producto de las negociaciones entabladas

secretamente y de esta alianza forjada sobre ochenta y cinco muertes que se

decidió quedaran impunes, se comenzó a dar una relación de apoyo y

protección del gobierno a los iraníes y sus representantes en Argentina. Estos

referentes comenzaron a tener acceso a los despachos de distintos funcionarios

de la gestión de Cristina Fernández. Por ejemplo: personal de inteligencia

involucrado en el plan le prometió a Khalil cargos en la Dirección Nacional de

Aduanas y en el Ministerio de Interior y Transporte para gente de la

comunidad chiita. Por su parte, Luis D’Elía garantizó el contacto directo con

el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, para

resolver unos problemas impositivos que le mencionó Khalil.

Y como se dijo, todo era reportado constantemente a Mohsen Rabbani,

incluso estos favores y la buena predisposición del gobierno: “…muchas cosas

lindas que estamos viendo…reunidos con el Ministro…porque el Ministro va

a hablar con la Presidente, me dijo hoy, para que me reciba…tengo ganas de

verla a la Presidenta…”. Al respecto, Rabbani entendía que:

“…nosotros…habíamos conversado con Argentina…Irán fue el primer

comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero…puede cambiar

esta situación con ustedes y con el gobierno”, en alusión a los actuales

referentes de Irán en Argentina, como Khalil, y las autoridades del presente

gobierno argentino.

En esa misma línea se interpretó, por ejemplo, el episodio que tuvo

lugar en noviembre de 2012, antes de firmarse el acuerdo, cuando Luis D’Elía

y Andrés Larroque le solicitaron a Jorge “Yussuf” Khalil que no se sume a

una marcha organizada por partidos de izquierda en defensa de la “causa

palestina” porque ese tipo de acciones podían repercutir en las –en aquel

momento- nuevas relaciones bilaterales con Irán. Khalil accedió al pedido y

explicó los motivos de su allanamiento: “…Me imagino que los troskos van a

empezar con mensajes en contra del gobierno, cosa que yo no quiero…no

queremos hacer algo que irrite…no queremos irritar al gobierno 37

argentino…no voy a hacer nada para irritar al gobierno argentino…estamos

arreglando un problema mayor para nosotros…”, en evidente alusión a las

imputaciones de los iraníes por el atentado contra la AMIA. Y aclaró:

“…Aparte fue un pedido del gobierno. Yo estuve hablando con D´Elía y con el

Cuervo Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al Safir…y el Safir me

dijo lo mismo…´no hagamos algo que, que pueda molestar´…”.

La denuncia sostiene que mientras a la sociedad argentina se le decía

que se había logrado doblegar, de cierta manera, la histórica renuencia iraní a

colaborar con la causa judicial y que Teherán se allanaba a los requerimientos

argentinos; lo cierto es que el mensaje recibido en Teherán era otro: la Dra.

Fernández había decidido garantizar la impunidad de los iraníes acusados por

el atentado terrorista, como prolegómeno al comercio por petróleo persa. Y

estaba dispuesta a congraciarse con el régimen a cualquier precio.

Ese fue el mensaje recibido en Teherán, y así lo expresaron sus

referentes: “…porque el gobierno ahora está a favor…” de Irán y “…el

gobierno banca…”. Incluso los partícipes del encubrimiento dieron por

sentado la desincriminación de los iraníes y el consecuente blanqueo de la

comunidad, y comenzaron a planificar proyectos futuros. En ese sentido, un

agente de inteligencia con activa participación en el plan de impunidad

sostuvo: “…hay un montón de temas que tenemos que ir armándolo …con

inteligencia…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos….tenemos que

hacer un trabajo de acá a 10 años...¿me entendés? Que en un año y medio

tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho

tiempo…”.

Los autores y un conjunto de cómplices de este sofisticado plan han

sido identificados y acusados en la denuncia del Dr. Nisman, donde fueron

caracterizados y se especificaron sus roles y aportes a la maniobra delictiva.

La primera y más importante referencia alude a la Sra. Presidente de la

Nación Argentina, de quien se probó haber emitido una expresa directiva para

que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento tendiente a desvincular a

los acusados de nacionalidad iraní en la causa por el atentado contra la sede de

la AMIA, a efectos de garantizarles su impunidad definitiva. En varias

oportunidades, los partícipes del plan criminal han hecho referencia a ello,

asegurando que todo está: “cerrado muy arriba”, todo había sido decidido “al

más alto nivel” porque “lo pidió la jefa” y su canciller, obediente, implementó

el plan porque fue “orden, orden y orden”. 38

Tal fue el grado de compromiso que asumió la Dra. Fernández en este

plan criminal de impunidad que se ocupó de seleccionar muy cuidadosamente

a algunos de sus colaboradores. Principalmente, delegó gran parte de la

instrumentación del plan criminal en su Canciller, Héctor Timerman. Por otra

parte, como muchas de las acciones relacionadas con la implementación del

plan, por ser notoriamente delictivas, de ninguna manera podían ser ejecutadas

por funcionarios nacionales, tuvo que recurrir a intermediarios que oficiaran

de nexo entre autores y ejecutores, de modo tal de evitar contactos directos

que pudieran comprometer públicamente a los funcionarios involucrados. Para

ello, se valió de ciertos sectores de la Secretaría de Inteligencia, del dirigente

Luis D´Elía y, especialmente, del Diputado Nacional Andrés Larroque.

Según la denuncia, en enero de 2011 y por orden presidencial,

Timerman se apartó de la comitiva oficial que visitaba distintos países de

Medio Oriente, para dirigirse a la ciudad siria de Alepo, lugar donde mantuvo,

en secreto, una reunión con el canciller iraní, Ali Salehi, a quien transmitió el

siguiente mensaje: “…la Argentina ya no está más interesada en resolver

aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones

económicas con Irán…”. Asimismo, las instrucciones presidenciales

incluyeron: la instrumentación de un mecanismo que permita disponer el cese

de las notificaciones rojas; la autorización a sellar acuerdos secretos con los

representantes iraníes; la orden de construir una hipótesis falsa sostenida en

pruebas inventadas para fabricar autores para el atentado; entre otras.

Otro aporte destacable al plan de la Dra. Fernández fue el anuncio que

efectuó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre

de 2012, ocasión en la informó que, en respuesta a un pedido efectuado una

semana atrás por la República Islámica de Irán, había instruido a su canciller

que inicie un proceso de negociación con dicho país. Esta contribución al plan

resultó fundamental, porque en el relato oficial respaldado por la Sra.

Presidente se pretendió –y así se hizo- ocultar que ya venían manteniéndose

un año y medio de negociaciones secretas y que el acercamiento se había

materializado por iniciativa de Argentina, y no de Irán, como se afirmó. No

podía reconocer públicamente que le había ordenado a su Canciller que

ofreciera a las autoridades iraníes impunidad para sus nacionales, a cambio de

un acercamiento geopolítico y comercial.

A pesar de negar públicamente que el comercio fuera un interés en la

vinculación con Irán, en forma secreta, la Sra. Presidente buscó poner en 39

práctica su decisión de comerciar con Teherán, encomendando gestiones a su

Ministro de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido. El compromiso

con los damnificados por el atentado era nulo, al punto que ya para el mes de

mayo de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional, por orden de la Dra. Fernández,

se hallaba embarcado en negociaciones secretas con Irán para intercambiar

petróleo por carne y granos. Más aún y como ya se refirió, la denuncia

acreditó irrefutablemente que de estas mismas tratativas comerciales participó

Mohsen Rabbani.

Otra de sus contribuciones tuvo lugar el viernes 27 de septiembre de

2013, un día antes del encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores

argentino e iraní, cuando le ordenó a Luis D’Elía que transmitiera un mensaje

al agente iraní Jorge Khalil, quien –luego- especificó el pedido de Cristina

Fernández: “…Necesita que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino

mañana anuncie la conformación de la ‘Comisión de la Verdad’…que por

favor lo anuncien en conjunto mañana en la reunión…que se defina el día de

la reunión de la ‘Comisión de la Verdad’ y también que se defina el día, en el

mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teherán…”. Mientras

Timerman afirmaba públicamente “…hemos recibido una llamada de la

República Islámica de Irán solicitando tener una reunión…”, los referentes

iraníes reconocían. “…la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina…”.

La Sra. Presidente decidió la articulación de este plan criminal de

impunidad y en todo momento estuvo en control del mismo, ya sea

impartiendo órdenes directas a sus cómplices, o bien encabezando la necesaria

campaña discursiva para camuflar la perpetración del delito. Eligió a algunos

partícipes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a –cuanto

menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; controló la evolución

del plan; negoció por interpósitas personas con uno de los prófugos; y se

involucró personalmente en algunas acciones de ocultamiento que este

sofisticado plan requería.

La denuncia demuestra que el Ministro de Relaciones Exteriores y

Culto de la Nación, Héctor Timerman, fue -sin duda alguna- el principal

instrumentador del plan de impunidad. Desde su función, transmitió a Irán la

decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la

causa AMIA; acordó en secreto la baja de las notificaciones rojas e intentó

convencer –sin éxito- al Secretario General de Interpol que procediera en ese

sentido; signó acuerdos secretos con la parte iraní, que luego fueron 40

reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Ali Akbar Salehi; participó

de las negociaciones, de la redacción y de la firma del Memorando de

Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. De hecho, la suscripción

de este memorando en representación de la República Argentina constituyó

una contribución central al plan, pues se trató de una acción definitiva en la

ejecución de la maniobra criminal. Además, para llegar a ese objetivo,

comandó las tratativas con los representantes iraníes, aquellas que se

mantuvieron en secreto y también las que tomaron estado público,

desempeñando un rol central en la negociación con la contraparte iraní, para

convenir la impunidad definitiva de los prófugos, así como el cese de las

notificaciones rojas.

Su participación principal en el delito surge con nitidez de las

manifestaciones relativas a los acuerdos secretos sellados con Irán, en las

cuales los representantes persas hicieron notar su disconformidad por el

fracaso en la baja de las notificaciones rojas: “…hay un poquito de desazón de

allá… Desazón…Me parece que el ruso este de mierda [en alusión a Héctor

Timerman] se mandó alguna…estaba firmado algo, donde estaba el tema de

las cautelares [en referencia a las notificaciones rojas]…” y agregaron:

“…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió

con algunas cosas…”.

Además, la presentación judicial detalla que Héctor Timerman abusó

del secreto propio que pueden gozar las tratativas diplomáticas para ocultar los

avances del plan delictual y emitió comunicados desde la Cancillería

Argentina para engañar a la opinión pública sobre el contenido de las

negociaciones, a fin de garantizar que nada detenga el curso criminal.

Y también se involucró personalmente en la campaña de descrédito y

engaño destinada a destruir la credibilidad de la causa judicial con el fin de,

dolosamente, presentar al acuerdo con Irán como la única vía apta para

solucionar el caso. En la tarea de desprestigiar a la investigación judicial,

señaló: “…Por primera vez hay un compromiso por escrito de Irán…para que

la causa AMIA pueda salir de la total parálisis en la que se encuentra”, para

luego agregar que el “…proceso judicial en curso… no ha tenido avances de

ningún tipo en los últimos años”.

Otra contribución a la maniobra delictiva denunciada se advirtió en el

rol que desempeñó Timerman en relación a la puesta en escena de septiembre

de 2013, en la que se pretendió engañar a la opinión pública. En esa ocasión, 41

el canciller comunicó que la reunión con su par iraní nacía de un pedido de

Teherán, en respuesta al discurso presidencial ante la Asamblea General de

Naciones Unidas, cuando –en realidad- se comprobó que “…la reunión se

hace de apuro a pedido de Cristina…”.

Resumiendo, quien debería velar por los intereses de todos los

argentinos en materia de relaciones exteriores, se encuentra involucrado en la

ejecución de un ominoso plan de encubrimiento ideado, planificado e

instrumentado para dotar de impunidad a los acusados iraníes por el caso

AMIA y desvincularlos de forma definitiva de la investigación por el atentado.

En esta tarea, faltó a sus deberes de funcionario público, conforme lo

requiere el alto cargo ministerial que ostenta y lo exige la Ley de Ministerios

de la Nación; infringió la ley penal, incurriendo en múltiples conductas

delictivas; avasalló la actuación de la justicia argentina de los últimos ocho

años, efectuando concesiones que echan por tierra los logros obtenidos en el

marco de una causa sumamente compleja; engañó y mintió a dirigentes

comunitarios, a las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado, a los

sobrevivientes, a legisladores nacionales, a la prensa y a la sociedad argentina

toda, no dudando en tergiversar la realidad, con el objeto de ocultar el plan

criminal del que participó.

Otro de los partícipes centrales de este plan fue Luis Ángel D’Elía,

desde siempre un acérrimo defensor tanto del régimen iraní como del gobierno

nacional, al punto de calificarse a sí mismo como “un soldado” incondicional

de la Presidente: “…Yo tengo que hacer el juego de la Rosada…Si tengo

orden de no ir, soy un soldado acá…”.

Funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades

gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los

mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinados a ejecutar el plan y

remover los obstáculos que fue presentando el avance del encubrimiento. Fue

el encargado de transmitir la desazón que se generó en Irán por la vigencia de

las notificaciones rojas de Interpol. Su voz ha sido la del gobierno nacional.

Sus antecedentes lo avalaron para ocupar esa función. Esto se verificó en la

puesta en escena de septiembre de 2013. También se comprobó que fue

partícipe de las negociaciones comerciales ligadas al plan, que involucraron al

imputado Mohsen Rabbani, con quien está relacionado hace años.

Consustanciado ideológicamente con ambas partes del pacto delictivo,

estuvo varias veces en Irán invitado por el régimen. En sus visitas, se 42

entrevistó con altas autoridades y se pudieron comprobar reuniones con, al

menos, dos de los prófugos del caso AMIA: Ahmad Reza Asghari y Mohsen

Rabbani.

Al regreso de su viaje a Irán de principios de 2007, D´Elía refirió que le

habían entregado evidencias y documentación que demostraban que Irán no

había tenido nada que ver con el atentado contra la AMIA y que la acusación

de la fiscalía del caso estaba apoyaba en pruebas falsas. No obstante y luego

de haberse investigado en profundidad las pruebas aportadas por D´Elía,

quedó claramente comprobado que esa versión no encontraba apoyo, ni

siquiera, en los elementos y medidas de prueba que él mismo había propuesto.

Y, en consecuencia, se dio por finalizada esa línea de investigación,

concluyéndose que “la versión esbozada por Luis D´Elía, huérfana de todo

sustento, queda reducida a una teoría disparatada y antojadiza que cae por su

propio peso y no amerita un mayor análisis”.

A principios de 2010, esta vez acompañado por Jorge Khalil, Luis

D’Elía volvió a visitar Irán por una invitación del gobierno persa, y en esta

ocasión, le ofrecieron un acuerdo de similares características al que terminó

firmando Héctor Timerman tres años después, que ya incluía el cese de las

notificaciones rojas: “…Es parecido a lo que nos propusieron en el primer

viaje a Teherán ¿te acordás?...”, mencionó Khalil. Así, lo habían invitado

para ir adelantándole la solución política para desvincular a Irán del caso

AMIA y –de ese modo- dejar de lado las acusaciones de la justicia argentina y

habilitar la baja de las notificaciones rojas, en línea con lo históricamente

postulado por Teherán.

En su entorno, se destacan figuras como el ex embajador venezolano en

Argentina, Roger Capella, quien en noviembre de 2006 incitó a D´Elía a

realizar la protesta por el caso AMIA en contra de la justicia argentina, que le

costó su espacio en el gobierno de Kirchner. Sin embargo y más allá de haber

dejado la función pública, D´Elía siguió muy vinculado al gobierno, actuando

desde la “Federación de Tierras y Viviendas”. Su persistente injerencia en este

tema se vio corroborada, por ejemplo, en las palabras de Jorge Khalil quien

afirmó: “Recién salgo de donde Luis…le pedí hectáreas para nosotros, me las

va a dar ahora…para hacer un predio para nosotros….”

Entre los muchos hechos probados en la presentación judicial, se

comprobó que el mismo día en que se firmó el acuerdo, tanto a través del

entonces Secretario General de Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, como 43

de personal de la Secretaría de Inteligencia, le comunicaron a D’Elía la firma

del acuerdo y le hicieron llegar la indicación presidencial de silencio

estratégico por diez días, para no alterar los ánimos de la comunidad judía. Le

dijeron: “…Por las dudas que te llamen hoy los medios o alguno, tené perfil

bajo, por diez días por lo menos…”, y respondió: “…Bárbaro…me dijo

Parrilli recién también…”. Sin ser funcionario del gobierno, la directiva y el

hecho de ser anoticiado por el secretario presidencial al instante, demuestra

que Luis D´Elía era parte del plan criminal. Además, esta comunicación

personalizada resulta paradójica, si se tiene en cuenta que los familiares de las

víctimas del atentado tuvieron que enterarse de la firma del acuerdo por las

redes sociales y los medios de comunicación.

En agosto de 2013, en el acto del Día de Al Quds, Luis D´Elía

reivindicó a Hezbollah y se jactó de sus contactos con la organización

terrorista acusada de ejecutar el atentado contra la sede de la AMIA. Hizo

referencia a un viaje a la República del Líbano de marzo de 2012, donde visitó

sitios propios de la organización y estuvo en contacto con sus dirigentes. Su

militancia a favor de la referida organización terrorista llegó al punto de

solicitarle a Jorge “Yussuf” Khalil, que le facilite contactos con dirigentes de

Hamas y Hezbollah, por razones periodísticas: “…que le habilites contactos

allá con Hezbollah y Hamas…”.

En este sentido, la denuncia comprueba que D’Elía no es una persona

simplemente alineada con Cristina Fernández por mera afinidad en relación al

caso AMIA, sino que se trata de uno de sus operadores, alguien que trabaja

para sus intereses, al que se le imparten instrucciones y que responde sin

cuestionamientos. No se eligió a cualquiera como intermediario para avanzar

en la negociación con Irán, eligieron a un “soldado”. Ya participaba del plan

cuando el acuerdo aún se estaba negociando, cuando se firmó el Memorando

de Entendimiento, cuando se lo trató en el Congreso Nacional, cuando quedó

trabado por el desinterés de Irán, y cuando se montó una actuación entre las

partes para engañar a la opinión pública simulando que intentaban

diplomáticamente acordar una salida dialogada a las desavenencias surgidas.

D´Elía estuvo involucrado en todo momento.

Según las pruebas, D´Elía realizó aportes fundamentales en distintas

instancias de este sofisticado delito. Recibió instrucciones de parte de Andrés

Larroque, se comunicó innumerables veces con el interlocutor del régimen

iraní, Jorge Khalil; contactó y se reunió con el representante diplomático de 44

Irán y abogó públicamente por la buena marcha del plan. Es decir, desde su

posición, contribuyó constantemente al avance del delito.

Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil ha sido el referente más importante de

las autoridades del régimen iraní en Argentina, incluso por encima del

entonces Encargado de Negocios de Irán en nuestro país, sobre quien, en el

marco de estas tratativas, tenía más poder y respecto de quien se refirió

despectivamente: “…Me chupa un huevo Pakdamán…” En otra ocasión,

afirmó: “…Yo lo puenteé, porque a mí me dijeron que yo tengo que hacer las

cosas y bueno…las hago. Aparte hablé con el jefe de él, si tiene algún

problema que se lo diga al jefe de él…”. Además, el sucesor de Pakdaman

como Encargado de Negocios de Irán en Argentina, obtuvo su cargo gracias a

la gestión y venia de Khalil: “…Éste es un embajador que elegí. Cuando a mí

me preguntaron ¿fulano, mengano o zutano? Dije fulano y yo se lo dije a este

Embajador ¿Ud. sabe que le puse yo el dedo a Usted? Me dice: si si si, yo le

quiero agradecer, porque habló por mí…”

Militante a tiempo completo de los intereses persas, ha sido la voz y

oídos de Irán en Argentina. En ese carácter, funcionó como el nexo central en

la vinculación entre funcionarios iraníes y argentinos en el marco de los

hechos denunciados, operando –de ese modo- como el referente de la

diplomacia paralela entre Buenos Aires con Teherán. Khalil siempre fue

consciente de su posición y la explicó manifestando: “yo soy orgánico le

dije…a mí me dieron la orden de allá, no tengo que mover un dedo…no

muevo un dedo” en alusión a que obedece enteramente las indicaciones y

directivas que recibe de Teherán. Considerado “…el interlocutor ante la

Embajada…”, él mismo explicó: “yo no estoy operando para ellos, yo estoy

operando para los nuestros, para lo que es la embajada…ellos me mandaron

a hacer una cosa, yo como soy el nexo…”, en clara referencia a su obediencia

a Teherán.

Otro rasgo de importancia para entender el peso de Khalil en este plan

criminal, gira en torno a su vinculación con el acusado Mohsen Rabbani, con

quien se ha comunicado telefónicamente y por correo electrónico en forma

asidua y con quien ha estado relacionado desde la época del atentado contra la

AMIA: “…te estoy hablando del 93, del 94, cuando explotó la bomba…”.

Cuando se debatía la aprobación del memorando en el Congreso Nacional,

Khalil le dijo a Rabbani: “…lo vamos a defender nosotros, en el Congreso,

adentro de la cárcel, afuera, en todos lados si Dios quiere, porque nosotros45

somos lo mismo, usted y la comunidad ésta, es lo mismo…si acusan a un

iraní, si acusan a un iraní van a tener que acusar a toda la comunidad

islámica del país, así de corta se lo digo….”.

La denuncia contiene pruebas contundentes que demuestran que Khalil

le envió a Rabbani todo tipo de información y, además, le hizo saber datos –

públicos y secretos- que recabó de sus fuentes locales, ya sea que hubieran

provenido de operadores con llegada al despacho presidencial, como el caso

del Diputado Larroque, de actores relevantes que responden al servicio de

inteligencia argentino y/o de históricos aliados locales de Teherán, como son

D´Elía y Esteche.

Luego de la ya referida reunión con el Ministro De Vido, Khalil reportó:

“…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en

donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para

arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de

granos y a través de otras cosas…bueno es cuestión de verlo”. A ello,

Rabbani respondió: “…Mándame para que evalúe…” y Khalil agregó: “…yo

le mando un mail, bien serio, de cómo fue la conversación y usted

evalúa…Agha, quédese tranquilo que estamos trabajando bien”. En otra

ocasión, dijo: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego

a mi casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Así, le

ha llevado tranquilidad a uno de los imputados por el atentado.

En la misma línea, la confianza de Rabbani en Khalil se demostró

cuando, por ejemplo, luego de una discusión entre ambos y ante el

ofuscamiento de Khalil, Rabbani se disculpó diciéndole: “lo maltrato a usted

en la confianza porque usted es responsable de todo”, o cuando Rabbani le

dijo: “…no mezcle más las cosas. Usted trabaja conmigo….”.

En lo concerniente al delito denunciado, Jorge Khalil ha tenido una

participación clave en el armado de la pista falsa destinada a redireccionar la

investigación. En ese sentido, fue quien se mantuvo en contacto telefónico

constante con personal de la Secretaría de Inteligencia abocado a esta tarea. Y

mucho antes de firmarse el acuerdo, Khalil ya trabajaba en el tema, junto con

Fernando Esteche, quien también aportó ideas para fabricar la versión

alternativa –falsa pero verosímil- que explique el atentado. Sabía

perfectamente, para ello había trabajado, que vendría “otra hipótesis, con

otras pruebas”, que descolocaría al Fiscal del caso y ridiculizaría la actual

investigación judicial usando pruebas falsas ajenas al expediente; y que la 46

“Comisión de la Verdad” no había sido creada para investigar, sino que estaba

destinada –justamente- a desvincular a los iraníes:“…alguien va a salir…con

la cara manchada de acá…Obvio, eso ya está arreglado… ¿Cómo va a ser

para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa…”.

En suma, la denuncia corrobora que tanto Luis D’Elía como Jorge

“Yussuf” Khalil fueron operadores cuidadosamente seleccionados para oficiar

de nexos clandestinos en el plan de encubrimiento. Una de las cualidades que

comparten es que, pese a la profunda consustanciación con los gobiernos a los

que representan y la confianza que inspiran en sus mandantes, no son figuras

oficiales. No ejercen cargos públicos ni tienen responsabilidades políticas

visibles en los gobiernos a los que sirven. Pero como denominador común,

operan muy cerca del poder, son de confianza del poder y, valga la

redundancia, poseen -en sus respectivos ámbitos- mucho poder.

En el marco de este plan, estos personajes no podían aparecer

vinculándose con las autoridades de ninguno de los gobiernos. De allí que, en

Argentina, para intermediar entre los autores del plan delictivo y varios de sus

ejecutores, se recurrió a una persona cercana y de confianza de la primera

mandataria y que –fundamentalmente- pudiera dar cuenta, con facilidad, de

sus contactos tanto con unos como con otros. Este nexo fundamental para la

articulación del plan fue el Diputado Nacional Andrés Larroque, quien

transmitió las decisiones presidenciales a sus ejecutores, a sabiendas de lo

delictivas que eran.

En efecto, la denuncia también identifica entre los partícipes de este

plan, al Diputado Nacional Andrés Larroque, quien ha sido un actor clave en

la articulación de la maniobra pues, dada su cercanía tanto con la Presidente

de la Nación como con los partícipes del encubrimiento, ha operado como

nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices.

La denuncia acreditó distintos episodios en los que Larroque comunicó

directivas presidenciales, tanto a Khalil como a D´Elía, sobre cómo debían

actuar. Como por ejemplo, la ocasión en que, en noviembre de 2012, Khalil

reconoció: “…vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis

D´Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora…que me llamaron

temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el

gobierno para dar…Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa

del Embajador…”. La interacción quedó evidenciada. Larroque transmitió

mensajes relativos al plan criminal, emanados de las autoridades del gobierno 47

nacional involucradas en el encubrimiento y Khalil los hizo llegar a las

autoridades iraníes.

La intervención del Diputado Larroque, conforme lo necesitaba el plan

de la Dra. Fernández, estuvo destinada a proteger las negociaciones con

Teherán de cualquier tensión innecesaria que pudiera surgir fundamentalmente

en el escenario político local. Así, Khalil reconoció: “…yo estuve hablando

con D’Elía y con el ‘Cuervo’ Larroque y me pidieron eso y yo lo transmití al

Safir [Se trata del Encargado de Negocios de Irán en Argentina] y el Safir me

dijo lo mismo…no hagamos algo que pueda molestar”.

Asimismo, Larroque intervino en las comunicaciones por cuestiones

comerciales y así lo mencionó Khalil al aseverar: “…yo fui a hablar con

D´Elía y le dije…todas las propuestas y de la cancillería, de la cancillería

también…lo que me había propuesto…Y él lo elevó al “Cuervo” Larroque…el

de “La Cámpora”, el Jefe de “La Cámpora”…Y ya iban a hablar con

Cristina…”.

En suma, las constancias probatorias verifican que el Diputado

Larroque operó, en el marco de este plan, como nexo entre la Sra. Presidente y

Luis D´Elía, le llevó mensajes e indicaciones al referente de Teherán, Jorge

Khalil, y se mantuvo en comunicación con Fernando Esteche en relación al

plan. Un actor clave en la articulación de las comunicaciones y negociaciones

que viabilizaron la maniobra denunciada, operó para evitar complicaciones

que pudieran dañar el acercamiento con Teherán y también fue necesario en la

facilitación de las cuestiones comerciales subyacentes al encubrimiento.

Fernando Luis Esteche es el líder de la agrupación “Quebracho”, de

buena relación política con algunos funcionarios del gobierno nacional. Desde

antaño ha mantenido una postura favorable a los intereses iraníes, tanto que ha

sido sostenido económicamente por dicho régimen. Su intervención fue

determinante pues viabilizó el avance del plan de impunidad, acercando al

agente iraní en Buenos Aires con los funcionarios de inteligencia argentinos, y

en especial, sumando al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA,

Héctor Yrimia. Además aportó ideas concretas para la construcción de la

nueva hipótesis falsa. Al respecto, ya en diciembre de 2012 explicaba los

pasos que se debían tomar en relación al plan: “…quieren construir un nuevo

enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de AMIA, por ejemplo, es una

necesidad que tienen que construirla, van a querer ir construyendo el

consenso de esto…no van a poder decir que fueron los israelíes…”, 48

sugiriendo que podían atribuirle el hecho a “…una conexión de fachos

locales…”, y para sumar a Yrimia agregó: “…El Fiscal de AMIA es de ellos

[en referencia al servicio de inteligencia argentino], Yrimia, que lo echaron

del caso AMIA, él te puede…generar información, quiero que me den

información del caso AMIA, ¿se puede o no se puede? ¿Qué están dispuestos

a aportar?...”.

El Dr. Héctor Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en lo

Criminal y Correccional Federal, fue designado el día del atentado -junto a

otros fiscales- para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en el caso

AMIA. De allí que conozca en detalle los hechos materia de investigación por

haber estado en contacto con pruebas, testimonios, peritajes e informes de la

causa. Justamente, este minucioso grado de cognición tornó fundamental al

Dr. Yrimia para el buen desarrollo del plan, que contaba con las siguientes

“credenciales”: 1) un conocimiento personal específico sobre la causa del

atentado, por haber sido, entre otros, uno de los primeros fiscales del caso; 2)

su vinculación con el sector de la Secretaría de Inteligencia encargado del

armado de la nueva hipótesis falsa; 3) su relación directa con el agente iraní

Jorge “Yussuf” Khalil. Yrimia se encontraba en condiciones de aportar

información de primera mano de la causa y, consecuentemente, su aporte fue

realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde,

valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública,

cooperó para que la misma sea verosímil y se adapte a la realidad procesal de

la causa.

El primer registro contabilizado del contacto entre Jorge Khalil y Héctor

Yrimia data de principios de noviembre de 2012: “Tuve una charla con el

Fiscal…El Fiscal de la causa….el que estaba, no el que está ahora, el que

estaba…”. Esto ocurría antes de la firma del Memorando de Entendimiento.

Es de toda lógica que para esa época ya se estuviera trabajando en la

construcción de la pista alternativa, de la falsa hipótesis que desplazaría la

imputación a los acusados iraníes. Yrimia se sumó al plan e inició sus fluidos

contactos con los referentes locales de Teherán gracias a la intermediación de

Fernando Esteche. Y así lo explicó Khalil: “…Y, el que me sienta es

Fernando”, quien lo sugirió como fuente de información “eso te puede servir

bien concreto para cualquiera de las tesis…cualquiera de las cosas que vayan

a resolverse va a servir porque es información”. 49

Khalil llegó a reconocer que Yrimia y el personal de inteligencia

argentino: “…son los que están acomodando toda la historia…”, en alusión a

la fabricación de la pista falsa para redireccionar la investigación de la causa

“AMIA” hacia otra hipótesis y nuevos imputados.

Conforme la prueba que se acompañó en la denuncia, los contactos de

Khalil con Yrimia continuaron mes tras mes y se fueron profundizando:

“…Hoy hablé con el ex juez y ex fiscal de la causa AMIA, Yrimia…tuve una

reunión dos horas…”. Además, existen datos que demuestran que ambos

utilizaban sus reuniones para camuflar detrás de cuestiones religiosas el

avance del plan: “…nosotros estamos hablando de trabajar, de hacer un

trabajo conjunto entre la iglesia y el chiismo…esas son las excusas. Ahora,

después, estos tipos operaron mucho el tema…uno fue…ex juez de la causa

AMIA…Yrimia…Yrimia…con ese me junto hoy…”. Las reuniones por

cuestiones religiosas, completamente ajenas al objeto de la denuncia, se ha

probado que constituyen meras excusas, como lo reconoce Khalil, toda vez

que la vinculación con Yrimia giró siempre en torno al encubrimiento de los

acusados por AMIA.

Mientras se reunían por cuestiones lícitas y legítimas, como el

acercamiento entre dos religiones, motorizaron, al mismo tiempo y en las

mismas reuniones, el plan criminal encabezado por la Sra. Presidente y el Sr.

Canciller. Este modus operandi ya fue denunciado y expuesto por el Dr.

Nisman en otras presentaciones judiciales. Se trata nada menos que del modo

dual que los agentes iraníes han utilizado para ocultar actividades subrepticias

y hasta delictivas. Ocultan sus fines criminales detrás de fachadas religiosas o

culturales. La nueva denuncia resalta que ese accionar aparece ahora replicado

en este nuevo encubrimiento o, al menos, en una parte de él.

En esta maniobra criminal, las pruebas acreditan la participación

imprescindible de personal de la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de

la Nación que, con acceso al entorno presidencial y con información

privilegiada, instrumentó, materializó y llevó adelante los designios criminales

de la Sra. Presidente y del Sr. Canciller. Así, se actuó -en reiteradas ocasionesa

favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales, transmitiendo

informaciones secretas y protegidas por la Ley de Inteligencia Nacional a

agentes de una potencia extranjera. Se negoció la impunidad de los prófugos

de la causa AMIA y, para ello, se articuló el armado de una pista falsa y se

utilizaron los resortes del Estado Nacional para establecer buenas relaciones 50

con la comunidad iraní, facilitarle favores y allanar cualquier obstáculo que

surgiera durante la ejecución del plan.

En relación al cese de las notificaciones rojas, que el gobierno pensaba

inminente en febrero de 2013, uno de los agentes de inteligencia con mayor

involucramiento en esta maniobra, confesó: “…Tengo un chisme…me dijeron

ahí en ´la casa´…Interpol va a levantar el pedido de captura de los

amigos...Lo va a levantar ahora…”, aludiendo a la Secretaría de Inteligencia

como “la casa” y a los iraníes como “los amigos”.

El acceso al entorno presidencial de los agentes involucrados en el plan

de impunidad se acreditó también con la información privilegiada, verídica y

secreta que manejaban, hasta sobre la salud de la Dra. Fernández: “Te cuento

la doctora está con gripe y está con una fiebre de la puta madre. Así que está

con un quilombo de la puta madre, a ver si mañana arranca para hablar….si

va a hablar, va a hablar de última….después de las cuatro o cinco”, sobre el

acto del 25 de mayo de 2013. Y en ocasión de la sorpresiva intervención

quirúrgica a la que fue sometida la Sra. Presidente en octubre de 2013, y

cuando públicamente nada se sabía, comentaban: “…tiene un coágulo viste,

casi seguro que la operan…Ella se da cuenta el sábado cuando empezó a

hacer gimnasia…le empezó a pic…¿viste cuando se te duerme la mano?...que

te da picazón. ¡Y pensaron que era del corazón y salieron cagando! Bueno, de

allí le hacen todo un estudio dentro de, del sistema médico de la quinta, le

meten el anticoagulante, que eso es muy bueno, eso no siguió el daño,

¿entendés?...Ya está internada hace una hora y media…”.

Apenas se firmó el Memorando de Entendimiento, un agente de

inteligencia argentino le dijo a su contraparte iraní: “…Tranquilo, ya

ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”. Y

en febrero de 2013, también en relación a la entonces reciente firma del

Memorando de Entendimiento, agentes de inteligencia argentinos comentaban

a los iraníes: “…estamos muy bien y hay que laburar tranquilos…tenemos que

hacer un trabajo de acá a diez años, ¿me entendés? Que en un año y medio

tengamos las buenas noticias, pero acá hay que hacer un trabajo para mucho

tiempo…Si, pero tranquilo, está cerrado muy arriba, quedate tranca….”.

Otro aporte fundamental de los servicios de inteligencia a la ejecución

del plan criminal remite a la construcción de la nueva hipótesis delictiva para

la causa AMIA destinada a desplazar a las acusaciones alzadas por la justicia

nacional en contra los iraníes. Al respecto, los espías reconocieron: “…ya 51

estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro

contexto…”, y este “trabajar en otro contexto” implicaba que la prioridad era

el acercamiento geopolítico a Irán, que imponía dejar de lado las acusaciones

contra funcionarios de dicho país. Con ese fin, y en referencia al Fiscal

Nisman, le comunicaron al agente de Irán: “…él sabe lo que va a venir, que

va a venir otra hipótesis, con otras pruebas y a hacer culo al norte porque

nunca las vio él las pruebas...”. Así, con una posición estratégica dentro del

gobierno nacional, comunicaban a un agente que opera para una potencia

extranjera, que se iban a presentar pruebas falsas para alterar ilegalmente el

curso de una causa judicial, deslegitimar a los actuales investigadores y

encubrir a los imputados.

Además de proveer información secreta y reservada a los contactos

locales iraníes, transmitieron tranquilidad a Teherán en distintos momentos del

despliegue encubridor. Así, por ejemplo, cuando se hizo público el

pronunciamiento emitido el 29 de mayo de 2013 por la Unidad Fiscal del caso

AMIA, en el que se presentaron nuevas pruebas que profundizaron la

implicación de los acusados iraníes en el atentado, los espías calmaron al

agente Khalil: “…Queda ahí…cuando llega al juez para arriba, ¿cómo va a

hacer?”, dejando entrever que estaba todo controlado, que nada iba a pasar

con ese dictamen fiscal, porque la decisión última dependía de las distintas

instancias del Poder Judicial y no de lo que demuestre o sostenga el Ministerio

Público Fiscal.

Ahora bien, la denuncia presentada por el Dr. Nisman se sustenta en un

contundente conjunto de elementos probatorios, entre los que se encuentra el

producido de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. El contenido

de estas comunicaciones resultó ser sumamente verosímil, dado que luego se

comprobó un fuerte y concluyente correlato entre lo conversado y hechos de la

realidad. Más aún, las conversaciones interceptadas dan respuesta a

prácticamente todos los interrogantes que la ciudadanía se había planteado

desde un inicio sobre este oscuro Memorando de Entendimiento, cuya sola

lectura despertó inmediatas y fundadas suspicacias.

De hecho, circunstancias y referencias que surgen de las

comunicaciones registradas pudieron ser corroboradas, ya sea porque tomaron

estado público o bien, porque se condicen con hechos o manifestaciones

posteriores que también trascendieron al conocimiento de todos. Es decir que,

referencias, circunstancias, fechas, episodios, posicionamientos políticos, es 52

decir, un conjunto heterogéneo de cuestiones mencionadas en los intercambios

telefónicos aportados en la denuncia, tuvieron correlato en la realidad y ello ha

redundado en la verosimilitud de las conversaciones registradas.

En consecuencia, las conclusiones de la denuncia, lejos de basarse en

inferencias o suposiciones, responden a hechos y circunstancias fácticas muy

difíciles de controvertir de acuerdo a los principios de la lógica racional y la

experiencia. Es más, las circunstancias acreditadas, de por sí sumamente

graves, apenas constituyen el piso probatorio desde el cual deberá partir la

investigación. La trama que evidencian es mucho más grave.

Por otra parte, la denuncia asume que aquellas personas que no

trepidaron en ejecutar un plan criminal para destruir la investigación por el

atentado a la AMIA y encubrir a imputados terroristas, tampoco dudarán en

recurrir a cualquier medio para salvaguardar sus patrimonios personales y

escapar así a las responsabilidades económicas derivadas de la comisión del

delito denunciado. Por esa razón, por la extensión del daño causado por el

delito y por la multiplicidad de víctimas afectadas, el Fiscal Nisman requirió

el dictado de un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados, por la

suma de $200.000.000 (doscientos millones de pesos).

En fin, la denuncia presentada por el Dr. Alberto Nisman ha revelado un

sofisticado plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los acusados

iraníes en la causa AMIA, que fue decidido por la Sra. Presidente Cristina

Fernández, e instrumentado –principalmente- por su canciller Héctor

Timerman, con la colaboración de otros sujetos entre los que se destaca el

Diputado Nacional Andrés Larroque.

La paradójica y por cierto irritante circunstancia de este entramado

delictivo es que los autores del plan, para lograr sus objetivos criminales, al

mismo tiempo que clamaban públicamente que solo buscaban verdad y

justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputación de la justicia argentina

a expensas de ochenta y cinco muertes. Así, la denuncia destaca la inusitada

gravedad institucional de este plan criminal, que no solo buscó destruir la

investigación judicial del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro

país, sino que en su ideación, planificación e instrumentación han participado

algunas de las más altas autoridades del gobierno nacional, incluyendo la

cabeza del Poder Ejecutivo.