Mientras Evo Morales a falta de otra propuesta seria dice que la salida para los problemas de Bolivia es legalizar la cocaína y convertirse en una pesadilla para Washington, el país se encamina a otra crisis institucional, esta vez no empujado por las protestas callejeras ni por los autonomistas, sino por la incapacidad de los políticos para instrumentar una salida institucional que se ajuste a las leyes vigentes.
Rodríguez, que resultó presidente tras la caída de Mesa, decidió acortar el actual periodo Constitucional llamando a elecciones legislativas y presidenciales como una salida a la crisis, pero el Tribunal Constitucional acaba de fallar ordenando una redistribución de los escaños, lo que por un lado pone en duda la realización de las elecciones en diciembre, y mientras ha abierto un round de negociaciones entre los poderes del Estado, ha prendido la mecha de un nuevo enfrentamiento entre las Regiones, ya de por sí distanciadas en proyectos y perspectivas de futuro. Santa Cruz exige el respeto del fallo para que se amplíe su representación, Potosí, Oruro y La Paz en cambio piden se anule el llamado a elecciones. El conflicto en el parlamento no se representa por partidos, sino que los legisladores integrados en "brigadas" por región discuten las posiciones enfrentadas.
En Santa Cruz se declararon en emergencia, no descartan movilizaciones y acusan a las otras regones de desobedecer la Constitución, poniendo en riesgo la democracia.
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