El gobierno del Montonerato va por la última herramienta necesaria para asegurarse el control del funcionamiento del Estado. Quiere una ley que le permita reasignar partidas a voluntad, en forma permanente. Sin control sobre el dinero público las cámaras quedarán reducidas a ser un ámbito para discusiones inefectivas, ya que el control del más fuerte resorte del poder va a quedar concentrado en los funcionarios del Ejecutivo. A la corrupción final del esquema establecido por la Constitución, la oposición apenas opone algún reparo tibio, y al grueso de los argentinos le importa un pito. Ayer nada menos que Raúl Alfonsín - uno de los principales responsables de suplantar ideales republicanos por afanes democráticos- le señaló al gobierno que su pretensión de controlar el presupuesto a discreción es la muerte de la República.
Ya no se puede agregar más nada, para extenderle el certificado de defunción al ordenamiento constitucional de 1853.
Por eso, apenas, me limito a repetir un artículo que publique en El Disidente en octubre de 2004:
__________________________________________
Hace unas semanas, Raúl Alfonsín estuvo en Rosario presentando su libro "Memoria Política" pensado como un testimonio de estadista, pero que más precisamente debería ser recatalogado como un catálogo de excusas o explicaciones por lo que se hizo y por lo que no se hizo.
Ese día en Rosario, Alfonsín “prohombre” del retorno a la democracia en el ’83, figura rectora de la socialdemocracia latinoamericana, alma mater del progresismo delirante, dejó una frase que define claramente la tragedia política que ha vivido la Nación en las últimas décadas. Señaló no sin sonrojarse que él participó en el Pacto de Olivos con un espíritu “arquitectura,l para la construcción de un estado democrático, que no es lo mismo que una República”.
Y es más que claro que ese ha sido el objetivo de la política desde 1983 a la fecha; construir una democracia que –lo remarca Alfonsín- no es lo mismo que construir una república, a pesar que el articulado de la carta magna de 1853 establecía de manera concisa, clara y taxativa en el artículo primero: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La Constitución Argentina no hacía mención a la democracia en ninguna parte del texto, y aún así este sirvió de plataforma para la organización del país, de armazón jurídico para la verdadera construcción de la Nación, después de décadas de desencuentros y guerras interiores.
Las consideraciones democráticas aparecieron después de la reforma del art. 14º, refiriendo que “..las leyes…asegurarán al trabajador organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Disposición que jamás se cumplióya que este ejercicio democrático no fue nunca un objetivo de los demócratas argentinos, que aún hoy encuentran excusas para seguir postergando la implementación de cuestiones básicas dispuestas por el texto de 1853. Esta misma semana, el “democrático” Alfonsín volvió a atacar la posibilidad de susutanciación de juicios por jurados, demostando que de la Constitución sólo le interesan algunos fragmentos.
Y así estamos: consolidamos la democracia, pero mientras tanto minamos la República. Como huella de esta gesta queda la reforma constitucional de 1994: en el capítulo de nuevos derechos y garantías, la palabra “democracia” y “democrático” se repiten una y otra vez, desdeel tautológico artículo 36º que asocia orden institucional con sistema democrático, al artículo 38º que le asigna rol fundamental a los partidos políticos y compromete al Estado en el sostenimiento de los mismos. Como gestos “democráticos” se introdujeron las leyes por iniciativa popular, la consulta popular para la aprobación automática de leyes y la consulta popular no vinculante para iniciativas del ejecutivo. Todos sistemas para acercar a la gente a las urnas. Para consolidar la República, nada. Al contrario.
Desde entonces y a pesar de las nuevas herramientas legislativas, han proliferado los decretos de necesidad y urgencia, abusando del inciso 3 del artículo 99º, y se ha institucionalizado prácticamente la delegación de poderes del legislativo al ejecutivo, violando principios constitucionales básicos. La Corte Suprema, órgano que debería ser inmaculado e intangible, se ha convertido en el paradigma de del botín político y la independencia de los jueces es apenas real en honrosos casos especiales.
El capítulo final del asalto a la República se viene dando de manera silenciosa, y casi sin oposición. Este gobierno, haciendo uso de los poderes constitucionales intervino uno de los estados federales, pero extendiéndose más allá de lo posible se dispuso a darle al mismo una nueva constitución.
Para culminar la parodia. El gobierno de Kirchner dispuso la creación de un “Ministerio de Planificación Federal”, tan federal que decide desde la Capital y con criterio único la inversión en obras en las provincias. Manejando con criterio imperial los fondos y los proyectos que deberían estar en órbita de las provincias e incluso de los municipios.
Paradójicamente en 1983, cuando la suerte le sonreía y el destino parecía señalarlo como el gran ecualizador de los derechos civiles en el país, la campaña política de Alfonsín se apoyó en un film que se tituló La República Perdida, que señalaba las desventuras políticas del país entre 1930 y 1976. Para las siguientes elecciones apareció la secuela, La República Perdida II (1985). Nunca se produjo otro capítulo. Será porque con otros protagonistas, el capítulo final lo estamos viendo en vivo.
Ese día en Rosario, Alfonsín “prohombre” del retorno a la democracia en el ’83, figura rectora de la socialdemocracia latinoamericana, alma mater del progresismo delirante, dejó una frase que define claramente la tragedia política que ha vivido la Nación en las últimas décadas. Señaló no sin sonrojarse que él participó en el Pacto de Olivos con un espíritu “arquitectura,l para la construcción de un estado democrático, que no es lo mismo que una República”.
Y es más que claro que ese ha sido el objetivo de la política desde 1983 a la fecha; construir una democracia que –lo remarca Alfonsín- no es lo mismo que construir una república, a pesar que el articulado de la carta magna de 1853 establecía de manera concisa, clara y taxativa en el artículo primero: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La Constitución Argentina no hacía mención a la democracia en ninguna parte del texto, y aún así este sirvió de plataforma para la organización del país, de armazón jurídico para la verdadera construcción de la Nación, después de décadas de desencuentros y guerras interiores.
Las consideraciones democráticas aparecieron después de la reforma del art. 14º, refiriendo que “..las leyes…asegurarán al trabajador organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Disposición que jamás se cumplióya que este ejercicio democrático no fue nunca un objetivo de los demócratas argentinos, que aún hoy encuentran excusas para seguir postergando la implementación de cuestiones básicas dispuestas por el texto de 1853. Esta misma semana, el “democrático” Alfonsín volvió a atacar la posibilidad de susutanciación de juicios por jurados, demostando que de la Constitución sólo le interesan algunos fragmentos.
Y así estamos: consolidamos la democracia, pero mientras tanto minamos la República. Como huella de esta gesta queda la reforma constitucional de 1994: en el capítulo de nuevos derechos y garantías, la palabra “democracia” y “democrático” se repiten una y otra vez, desdeel tautológico artículo 36º que asocia orden institucional con sistema democrático, al artículo 38º que le asigna rol fundamental a los partidos políticos y compromete al Estado en el sostenimiento de los mismos. Como gestos “democráticos” se introdujeron las leyes por iniciativa popular, la consulta popular para la aprobación automática de leyes y la consulta popular no vinculante para iniciativas del ejecutivo. Todos sistemas para acercar a la gente a las urnas. Para consolidar la República, nada. Al contrario.
Desde entonces y a pesar de las nuevas herramientas legislativas, han proliferado los decretos de necesidad y urgencia, abusando del inciso 3 del artículo 99º, y se ha institucionalizado prácticamente la delegación de poderes del legislativo al ejecutivo, violando principios constitucionales básicos. La Corte Suprema, órgano que debería ser inmaculado e intangible, se ha convertido en el paradigma de del botín político y la independencia de los jueces es apenas real en honrosos casos especiales.
El capítulo final del asalto a la República se viene dando de manera silenciosa, y casi sin oposición. Este gobierno, haciendo uso de los poderes constitucionales intervino uno de los estados federales, pero extendiéndose más allá de lo posible se dispuso a darle al mismo una nueva constitución.
Para culminar la parodia. El gobierno de Kirchner dispuso la creación de un “Ministerio de Planificación Federal”, tan federal que decide desde la Capital y con criterio único la inversión en obras en las provincias. Manejando con criterio imperial los fondos y los proyectos que deberían estar en órbita de las provincias e incluso de los municipios.
Paradójicamente en 1983, cuando la suerte le sonreía y el destino parecía señalarlo como el gran ecualizador de los derechos civiles en el país, la campaña política de Alfonsín se apoyó en un film que se tituló La República Perdida, que señalaba las desventuras políticas del país entre 1930 y 1976. Para las siguientes elecciones apareció la secuela, La República Perdida II (1985). Nunca se produjo otro capítulo. Será porque con otros protagonistas, el capítulo final lo estamos viendo en vivo.
3 comentarios:
Es gracioso que los políticos argentinos, que se cagan sistemáticamente en la Constitución desde hace tanto tiempo, después se amparan en la defensa de la constitucionalidad cuando se los cuestiona.
Creo que lamentablemente va a llegar un día en que en la Argentina haya que plantarse, barajar y dar de nuevo, o que nos resignemos a seguir siendo este país del orto.
Lucas
Muy interesante y pertinente la distinción que haces entre república y democracia. Una distinción que incluso es válida para una monarquía como es España.
te felicito porque te diste cuenta antes... pero yo tengo 19 y vos cuarentilargos...
saludos igualmente...
y felicitaciones!
Publicar un comentario