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Se conoció ayer una nueva denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el motivo de la acusación es el de 'incumplimiento de los deberes de funcionario público', a raíz del decreto que modificó las tarifas de gas.
La denuncia quedó a cargo del juez Julián Ercolini, quien ya investiga una presunta asociación ilícita que habría encabezado el ex presidente Néstor Kirchner, hombres de su Gabinete y varios amigos.
El delito cometido sería, según consta en la denuncia, 'recargo tarifario en la factura del servicio de gas con destino a la creación de un fondo fiduciario para la importación del hidrocarburo', establecido a través del decreto 20267/2008 que es 'torpemente inconstitucional'.
El escrito fue presentado en los tribunales de Comodoro Py 2002 durante la mañana de ayer por el abogado José Lucas Magioncalda y apunta directamente contra la presidenta Fernández, al sostener -además- que 'la conducta típica denunciada carece de todo atenuante'.
El denunciante hizo hincapié en 'las circunstancias personales de la autora del hecho, quien además de tener todos los recursos del Estado para asesorarse jurídicamente, ha cursado la carrera de Derecho y sostiene que se ha recibido de abogada'.
'En definitiva, pareciera imposible que la nombrada desconociera los límites que la Constitución y las leyes de la Nación le imponen en relación a la creación de tributos', advierte el escrito.

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Algo me dice que la descerebrada infame no llega a fin de año.