Ideología del extermino

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue tanteando a la opinión pública en lo que concierne a su voluntad férrea de sacar una ley de plazos.
Como la vía de un proyecto de ley aún no se ha hecho efectiva, el Gobierno ha sondeado los ecos de la futura ley a través de una petición realizada por las asociaciones pro-aborto involucradas en la Subcomisión del Congreso de los Diputados.
La polémica suscitada a merced del intento de permitir el aborto libre de las adolescentes sin consentimiento paterno ha puesto en el centro de mira al Gobierno con un tema que ya consideraba ganado. 

Si la nueva legislación tenía previsto ver la luz bajo la forma de proyecto de ley, en este momento se replantea la estrategia política ante el debate suscitado.
El objeto de las presentes líneas es aproximarnos a algunas otras conclusiones de la propia Subcomisión a las que el Gobierno desatiende voluntariamente y que merece la pena conocerlas al menos.
Por este motivo nos parece conveniente hacer un repaso puntual de algunos aspectos estudiados a petición del Comité de expertos convocados por el Partido Popular.
A este respecto durante los últimos meses un amplio elenco de profesionales ha abordado la polémica iniciativa del Gobierno desde diversas perspectivas complementarias: en el plano legislativo, social y médico-científico. No pretendemos abordarlas todas sino sólo algunos aspectos interesantes para abrir un debate adecuado sobre el tema.
Creemos oportuno recurrir al apartado propio del marco del derecho con la cita inicial del enunciado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según la cual todo individuo tiene derecho a la vida.
Y desde una perspectiva eminentemente jurídica en nuestro país hemos de referirnos en primer lugar a la sentencia 53/85 emitida por el Tribunal Constitucional. Dicha sentencia se centra en dos aspectos fundamentales:

1. Destaca que la vida del feto es una vida humana: 'la vida humana es un devenir, es un proceso que comienza con la gestación' y la atribuye al nasciturus.
    La vida del feto es una vida distinta de la de la madre.

2. El Estado tiene la obligación de proteger esta vida: '... esto implica al Estado con carácter general, la obligación de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma'.

Por lo tanto la vida humana del nasciturus es protegible, o dicho de otro modo el nasciturus goza de protección porque al tener vida humana es un valor central del ordenamiento jurídico.
Según la doctrina arrojada por esta sentencia no se puede admitir una ley de plazos en el sistema constitucional español.
Esto es así dado que una ley de plazos dependería de la exclusiva voluntad de la madre. Si esta decisión de abortar depende exclusivamente de la progenitora aparece la desprotección total y absoluta de la vida del feto, cuestión que no admite el fundamento jurídico 9 de la sentencia de 1985.
Adicionalmente a este argumento existe otro fundamental relativo a una colisión directa entre derechos y valores equivalentes amparados por el artículo 15 de nuestra Constitución.
Una ley de plazos no podría admitirse porque vulneraría este artículo, tal y como ha sido interpretado por el tribunal Constitucional.
La sentencia 53/85 ya hacía también referencia a este asunto y en uno de sus fundamentos jurídicos decía textualmente que el personal médico y sanitario que participe o sea llamado a participar en un aborto tendrá derecho a poder objetar.
Esta posibilidad deriva directamente de la Constitución al ampararse en la libertad ideológica y religiosa del artículo 16.1.
Según esto el personal médico que se acoja a la objeción está ejerciendo un derecho fundamental, y en ningún caso se le puede obligar o coaccionar a participar en un aborto.
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María Angeles Muñoz

La llamada estrategia de 'salud sexual y reproductiva' consiste únicamente en matar seres humanos indefensos.