Voluntary bankruptcy

Los estatales recibirán un aumento del 8% en junio próximo -que se cobrará en julio- y un 7% más que se imputará a los salarios del mes de agosto y que se cobrará efectivamente en el mes siguiente.
Parece que la Nación tiene cerca de un cuarto de millón de empleados públicos, y que sus salarios comprometen el 10% del presupuesto.
Y que las provincias -en su conjunto- cerca de un millón y medio, pero los sueldos afectan más del 50% de sus presupuestos.
Bueno, cuando el Gobierno Nacional anuncia un aumento, al toque se anotan los provinciales, los municipales, los contratados, los informales, los mendigos, y etc.
El aumento salarial que anunció Massa complica entonces seriamente las finanzas públicas, porque cada punto de aumento a las provincias les cuesta unos $ 630 millones, y ese 15,5% hará saltar el déficit provincial por encima de los $ 10.000 millones.
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Tengo mis serias dudas que no sea una maniobra electoral más.
Porque en realidad ni la Nación ni las provincias están en condiciones de aumentar nada.
También es cierto que en julio es posible que suceda cualquier cosa, teniendo en cuenta que muchos ya hablan de una devaluación.
Bueno, dos meses son un 'largo plazo' en estas tierras de promisión.
La mayoría de las empresas -ni hablemos de las pequeñas- ya no saben qué hacer para no suspender o despedir empleados.
Conozco muchos pueblos del interior en los que la actividad está directamente paralizada, y que viven una economía de subsistencia.
Realmente no se qué cuentas hacen en el gobierno, porque si hoy el déficit ya no puede financiarse, no me quiero imaginar lo que será dentro de dos meses, encima sumando este aumento.
Siento que es como si existiera en la administración una especie de voluntad suicida que se empeña en precipitar el colapso.
Bueno, suponiendo que las cosas se mantuvieran medio como están, y sin variaciones en el tipo de cambio, este aumento del gasto determinará una mayor dependencia de las provincias hacia el poder central (como si la que ahora existe no fuera brutal), o que directamente vuelvan a circular los bonos.
Por otro lado, la estrategia de la mayoría de los gobiernos provinciales de estirar el pago a los proveedores tiene un límite, y además es francamente recesiva.