La democracia está conformada por instituciones políticas y judiciales representativas de la voluntad popular debidamente expresada. El pueblo retiene su carácter soberano y faculta a los gobernantes a gobernar con la obligación de rendir cuentas de manera oportuna. Eso se logra con la publicidad de los actos de gobierno. Por eso la responsabilidad ciudadana está lejos de agotarse con la emisión periódica del voto en comicios libres y limpios. Esa misma responsabilidad debe suponer un seguimiento cotidiano de la calidad de gestión en la administración de los negocios públicos.
El acostumbramiento a la impunidad, la conducta de una Justicia que declina responsabilidades y, como consecuencia, el escepticismo y el desinterés social por las cuestiones públicas corrompen los fundamentos básicos de la democracia republicana. Se degradan las formas y el fondo del sistema; crujen las instituciones y el ciudadano común termina por sentir vulnerados sus derechos.
Por su parte, la ciudadanía debe sacudirse el letargo que suscita en su ánimo tanto la impunidad como la injusticia, y demandar de jueces y funcionarios el cumplimiento de las obligaciones a las que están llamados.
Editorial de La Nación
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