Informe SIP 65º Asamblea General

Como consecuencia de una escalada del poder político contra los medios de comunicación que culminó con el debate público y parlamentario de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, este año fue tal vez el más complicado en mucho tiempo para el funcionamiento de las instituciones democráticas y para el ejercicio del periodismo independiente.

Durante este período, la labor periodística sufrió numerosas descalificaciones que no contribuyen al libre diálogo democrático, en el que debe primar la moderación, la tolerancia y la razonabilidad. Más aún, esta estrategia confrontativa sirvió de base para que desde el gobierno se avanzara en acciones, medidas y regulaciones tendientes a restringir y debilitar el espacio de los medios de comunicación.

Lo que pudo haber sido un debate que contribuyera al fortalecimiento de los medios de comunicación y del sistema democrático, terminó en un atropello a la sombra de viejos revanchismos.

La ley de medios audiovisuales fue calificada por sus promotores como “la madre de todas las batallas”. El gobierno perdió de vista que la responsabilidad del Estado es establecer reglas claras y duraderas que garanticen la inversión en tecnología, la equidad entre los distintos medios de comunicación audiovisual y el equilibrio entre los intereses en juego.

La ley, aprobada por el Congreso, fue necesaria y oportuna para derogar la anterior de la dictadura militar y es probable que algunas de sus disposiciones sean plausibles, o hayan sido votadas con propósitos loables, pero el gobierno se ha concentrado más en asegurarse el control de los contenidos e impedir la fortaleza de los medios.

En estos debates no ha sido justo que desde las esferas oficiales se considere como enemigo a todo aquel que no comparta los contenidos y fines de su proyecto político. Mucho menos, que use métodos agresivos para descalificarlos.

Durante el período de consultas y debates legislativos sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26522, el gobierno se confrontó duramente con los medios de comunicación. Uno de los principales grupos periodísticos no fue solo objeto de persecuciones y hostigamientos sino de acciones directas tendientes a debilitarlo economicamente. Con la excusa o propósito de evitar la concentración excesiva de medios que se predica como objetivo de la nueva ley, lamentablemente se termina limitando la radiodifusión y televisión privadas.

La libertad de expresión requiere estar lejos del alcance de todo sistema político, sea gobierno u oposición. Ese es el verdadero sentido del Art. 32 de la Constitución Nacional que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o la sometan al fuero federal, y el Art. 14 que garantiza publicar las ideas sin censura previa.

Los pactos internacionales aprobados en el país que se refieren a la libertad de prensa son incompatibles con varios aspectos de la ley.

La nueva ley afecta derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho de propiedad. Las licencias que desconoce o limita fueron en su mayoría extendidas por las autoridades competentes y prorrogadas recientemente por 10 años, lo que la ley no respeta.

Un defecto no menos perjudicial para las grandes empresas, es obligarlas a deshacerse de sus licencias en cuanto excedieren los nuevos y menores límites de número de áreas de cobertura geográfica, en el plazo de un año, desde que la autoridad de aplicación fije el régimen de transición, lo que implicará que durante ese periodo habrá una verdadera liquidación de estaciones de radio y televisión.

El plazo establecido para la venta de las empresas que excedan los límites máximos permitidos por la ley, es un claro condicionante para el valor del capital de trabajo. Esta situación deberá demandar una especial atención al hecho de quienes resulten compradores, beneficiarios de esta situación, y su vinculación o proximidad con integrantes del gobierno.

El radiodifusor puede explotar hasta diez licencias o autorizaciones de comunicación audiovisual abierta o veinticuatro por suscripción con vínculo físico siempre que su cobertura no supere 35 por ciento del total nacional de habitantes o abonados al servicio, según el caso.

Los licenciatarios en ciudades de más de quinientos mil habitantes pueden perder su licencia si el Estado considera, sin mayores argumentos, que no cumple reiteradamente con las disposiciones y reglamentaciones sobre los porcentajes de música o producción nacionales, mientras que los conjuntos e intérpretes extranjeros deben limitarse al cupo disponible.

No se ha previsto que con las tecnologías ya disponibles, como Internet o lo teléfonos celulares, se podrán ver o escuchar sin limitaciones cualquier programa en desmedro de aquellos que conforman las emisoras privadas autorizadas por el Estado.

La conducción de la autoridad de aplicación está a cargo de un directorio constituido por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres por los bloques legislativos según su número y los dos restantes por un consejo de las provincias, lo que hace prever el posible control de parte del gobierno de turno sobre los medios independientes.

Las emisoras comerciales ocuparán sólo la fracción remanente del espectro, dada la reserva del 33 por ciento de las localizaciones para personas de existencia ideal sin fines de lucro y -del 67 por ciento restante- para el Estado nacional, provincial o municipal, las universidades nacionales y los pueblos originarios. La distribución reduce el espacio para la radiodifusión privada y aparece como una facilidad para ser controlada. Además, no especifica cómo se financiarán las emisoras estatales o de organizaciones sociales y les permite concurrir al mercado publicitario comercial como las radios privadas, lo que podrá acarrear una competencia desleal.

Se establece el criterio que los operadores de cable sólo podrán disponer de una señal propia, sin distinguir lo que es el transporte (sistema de cables), de la producción de contenidos (canal propio). La legislación comparada encuentra que, por ejemplo, en EE.UU. se puede producir sin límites, pero sólo se puede distribuir un 40 por ciento de producción propia.

También deberán desinvertir los propietarios de un canal de aire y un sistema de cable, ya que deberán optar por uno de los dos.

Un canal abierto o por cable sólo puede producir una señal. En Estados Unidos no tienen límites.

Gran parte de los principales medios privados del país quedarán al margen de la nueva ley en términos de propiedad, alcance nacional o número de licencias.

El principal perjudicado por esta situación es el grupo Clarín, empresa que edita el diario del mismo nombre, un canal abierto, un sistema de cables y señales al que lo alcanzan todas las limitaciones impuestas por la ley. En medio del trámite, el gobierno pretendió dejar sin efecto la autorización expedida por la Comisión de Defensa de la Competencia para la fusión de sus dos empresas de cable, Multicanal y Cablevisión.

En esos mismos días, la sede del grupo Clarín y el domicilio particular de algunos de sus ejecutivos recibió la visita de 200 inspectores de la AFIP (oficina que recaudación de impuestos). El grupo lo interpretó como una clara intimidación oficial, mientras la AFIP desmintió haber ordenado el operativo.

Esta ley ha producido el rechazo de casi todas las instituciones representativas de los medios, periodistas nacionales y extranjeros. La Sociedad Interamericana de Prensa se expresó a través de su presidente, Enrique Santos Calderón, durante su visita al país con motivo de la Asamble General de la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas realizada en la provincia de Salta en septiembre último, que el estado se convertiría en regulador parcial de toda la actividad periodística. Santos Calderón cuestionó a los gobiernos surgidos democráticamente que pretenden debilitar a los medios de comunicación, lo cual exige un estado de alerta ante los peligros para la libertad de expresión.

El contexto en el que se produjo el debate también generó una alta dosis de violencia –al menos verbal- e irritabilidad. Hubo pegatinas masivas de carteles en las calles con consignas contra medios de comunicación, y fuertes embates aun por fuera del tema excluyente como la ley de medios.

Una de ellas, denunciada por un director de la empresa Papel Prensa, copropiedad entre el Estado y los diarios Clarín y La Nación. El funcionario dijo haber sido amenazado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lo que se interpretó en los accionistas privados como el primer paso para quitarles la propiedad de la compañía productora de papel para diarios. El gobierno desestimó la posibilidad de estatizarla.

El sindicato de camioneros que conduce el dirigente de la CGTT, Hugo Moyano, uno de los dirigentes allegados al gobierno, impidió en la madrugada del miércoles 4 de noviembre la venta de los diarios La Nación y Clarín a sus distribuidores. Luego de negociar la afiliación de los empleados de las distribuidoras al gremio de los camiones, autorizaron la venta de cerca de las 5 de la mañana. El mismo operativo se llevó a cabo el jueves y viernes con más virulencia.

No es la primera vez que concretan esta acción contra la libre circulación de los diarios. En varias oportunidades habían entrado en conflicto con las cooperativas distribuidoras y últimamente su acción la extendieron contra los diarios. La presión contra las distribuidoras y empresas editoras no tiene antecedentes en el país y se llevan a cabo sin presencia de acción policial.

Este bloqueo fue repudiado por las entidades empresarias de medios ADEPA, ADIRA y CEMCI que coincidieron en calificarlo como una desmesurada acción que transforma a los diarios en rehenes de un conflicto ajeno y que cuando se interfiere por la fuerza la llegada de los medios de comunicación a la ciudadanía se afecta la libertad de prensa. El mismo operativo se repitió el jueves al salir a la venta la revista Noticias de Editorial Perfil.

Este 7 de noviembre, día del canillita, se anunció la puesta en vigencia de un sistema reglamentado para la venta de diarios y revistas. El ministerio de Trabajo crea un registro de paradas, repartos, venta en lugares públicos, y también decide sobre rescisiones, cambios de titulares, dejando sin efecto los márgenes de participación del vendedor en el precio de tapa. También se anunció que los canillitas se denominarán desde ahora trabajadores de la cultura y tendrían relación de dependencia con las empresas editoras.

Este año también fue el tiempo para una medida aguardada para el periodismo independiente. La Presidenta de la Nación ha enviado al Congreso un proyecto de ley, por el cual se propone la despenalización de las calumnias e injurias cuya amplitud o ambigüedad actuales restringen la libertad de expresión del periodistas y medios. Esta iniciativa es principio de cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al país a modificar la legislación penal. El caso que motivó este reclamo ocurrió en el 2008, cuando el periodista Kimel fue condenado por calumnias e injurias por la publicación de un libro.

Otros periodistas como Alfredo Leuco, Rolando Graña y varios del diario La Nación se encuentran enjuiciados por publicaciones efectuadas contra el gobierno.

Se mantienen las limitaciones efectuadas al decreto sobre acceso a la información pública dispuesta por el gobierno nacional en su jurisdicción y falta una adecuada regulación para la distribución de la publicidad oficial, cuestión que también ha sido omitida en la Ley de Servicios de Comunicación.

Otros hechos que afectaron la libertad de prensa en Argentina:

En abril y mayo se produjeron varios atentados contra agencias y receptorías del Diario Clarín, sin que hasta la fecha las investigaciones arrojaran ningún resultado.

Desde principios del año pasado la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos), comenzó a intimar a diarios reclamando una deuda por la incorrecta liquidación del IVA desde el 2003, medida que actualmente está cuestionada ante la justicia. Se realizaron diversas gestiones con el Jefe de Gabinete a los efectos de encontrar una solución para evitar riesgos de supervivencia a muchos medios del país, pero hasta el momento no hubo respuesta. Algunos medios decidieron acogerse a la moratoria dispuesta por el gobierno, con el agravante de consentir la deuda que se objeta.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni adjudicaron a la prensa un exagerado tratamiento en las noticias sobre inseguridad, expresando que se magnifican los hechos delictivos que se suceden día a día.

Las descalificaciones verbales durante este periodo se sucedieron permanentemente imputando a la prensa desde fusilamientos mediáticos contra el gobierno, a consecuencia de decisiones oficiales que involucran a grupos periodísticos.

Frente a un clima crispado y confrontativo, opuesto a la tolerancia y al diálogo, el matrimonio Kirchner acusó a medios y dirigentes de la oposición de llevar adelante un clima desestabilizador.

Un director de contrainteligencia de la ex SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), Antonio Horacio Stiuso, presionó en tribunales contra el director y el presidente, los doctores Bartolomé Mitre y Julio Saguier de La Nación por opiniones críticas a su actuación en la investigación del atentado a la AMIA. También ha querellado a periodistas de Clarín. El Jefe de Gabinete accionó judicialmente contra el director de un diario judicial de Quilmes, manifestando una clara conducta persecutoria.

Numerosas radios provinciales y municipales también sufrieron agresiones y atentados por su labor informativa.

Durante los años 2008 y 2009 continuaron los espionajes a periodistas, interceptándose correos electrónicos, telefónicos y contenidos periodísticos de manera ilegal.

En octubre, se denunció la difusión durante 17 minutos de imágenes sin autoría que pretendían incriminar a un periodista de La Nación. Ninguna autoridad oficial, ni del programa explicaron las razones por lo que sucedió, cuya confección se atribuyó a organismos de inteligencia del Estado.

En septiembre, durante una conferencia de prensa, el ex presidente Néstor Kirchner se negó a contestar una pregunta de un periodista de Clarín, aduciendo que no se sometía al poder monopólico del diario y que Clarín no es independiente

En varias oportunidades se empapelaron las calles con afiches contra el canal de noticias TN y Clarín que decían “Todo Negocio” por TN y “Clarín Miente”, mientras se siguió insistiendo con la frase “¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso?”

También en octubre se conoció sobre un proyecto para modificar el decreto N° 1025 que regula la distribución de diarios y revistas. La iniciativa considera a los dueños de quioscos y paradas de venta como trabajadores de la cultura

En julio fue incendiado el equipo de transmisión y derribada la torre de la antena de la FM Satelital 95.3 en la ciudad de Goya, Corrientes. No hay indicios todavía de los posibles autores del atentado descartándose los móviles de robo ya que no faltaba nada de las pertenencias de la emisora.

Gonzalo Rodríguez, periodista del programa de televisión de Caiga quien Caiga fue agredido en momentos que hacía una nota sobre anormalidades en el funcionamiento del aeropuerto de El Bolsón, en Río Negro por el intendente Oscar Romera.

El diario Los Andes de Mendoza accionó contra distribuidores y agentes del gobierno de San Juan, que según su entender impidieron la distribución de la revista Rumbos del 7 de julio del corriente año.

Diferentes agresiones padecieron directivos y ejecutivos de Clarín, inclusive se repartió una revista íntegramente dedicada a atacar al grupo Clarín y algunos de sus principales accionistas durante una marcha organizada por el dirigente gremial Hugo Moyano y la agrupación piquetera La Cámpora.

La publicación Democracia de Junín denunció competencia desleal contra Diario La Verdad que pertenece al Obispado de Mercedes Luján. La AFIP en forma provisoria, concedió al diario del Obispado exención del pago de impuesto Al valor Agregado, por la venta de espacios publicitarios, considerando que era un medio para difundir el culto religioso. Esa desigualdad existente no fue resuelta pese a que afecta la igualdad ante la ley y la libre competencia.