Impresentables

Editorial II
Cifras impresentables
Indicadores brindados por informes internacionales muestran un pronunciado descenso del país en su calidad institucional


La Argentina se encuentra desprovista de estadísticas oficiales confiables. Esto lo sabe todo el mundo y lo niega el Gobierno, que ha acometido una manipulación sin precedente en la historia política del país. Si esto ocurre con las cifras sobre las cuales deben tomarse, aquí y en el exterior, decisiones que conciernen al desenvolvimiento nacional, menos creíbles, aún, han de ser las críticas conceptuales del oficialismo sobre quienes disienten de sus políticas.
Por eso nunca han tenido tanta relevancia, ni nunca han suscitado tanto interés como ahora los indicadores internacionales sobre la evolución argentina. Los resultados no pueden ser más negativos.
Tal vez una de las más prestigiosas herramientas sea, en ese sentido, el Worldwide Governance Indicators (WGI) o indicador mundial de gobernanza. Con diez años de registros, proyecta una radiografía del grado de desarrollo, respeto y calidad de las instituciones de 212 Estados. El balance del hipotético boletín de calificaciones en Calidad Institucional de los Estados de la región arrojó cifras impresentables para la Argentina. Entre los extremos posibles de cero a diez, la Argentina obtuvo 2,8, en Calidad Regulatoria; 3,2, en Imperio de la Ley; 4, en Control de Corrupción; 4,2, en Estabilidad Política; 4,8, en Efectividad del Gobierno, y 5,7, en Voz y Rendición de Cuentas.
A la luz de los registros de los últimos diez años, eso quiere decir, ni más ni menos, que entre 1998 y 2008, la Argentina ha descendido en todos los rubros mensurados. Si se compara, en particular, el capítulo Imperio de la Ley (o sea, grado de seguridad jurídica) con el de los otros países analizados, se observará que en esa década ninguno de ellos ha retrocedido tanto como la Argentina: veinticinco puntos. Los datos de Calidad Regulatoria son aún más graves: en 1998, la Argentina obtuvo 7 puntos; en 2008, 2,8.
Si a esos datos se le suma la información que surge del Indice de Calidad Institucional 2010, proporcionado por el Eseade, el panorama es más desolador todavía. Ese índice combina cuatro indicadores de instituciones políticas, entre ellas el Banco Mundial, Freedom House (sobre libertad de prensa) y Transparency International (sobre percepción de corrupción) y de instituciones de mercado, como el Fraser Institute y la Heritage Foundation.
La multiplicidad de indicadores promediados sirve para hallar un punto de equilibrio entre los estudios elaborados, pero no para disimular las malas prácticas de gobierno. Del puesto 93 en Calidad Institucional, obtenido en 2007, la Argentina ha bajado ahora al puesto 120 entre las 190 naciones calificadas en este último caso.
Se trata de datos abrumadores para el país. Como se comprenderá, del conjunto de aquellas conclusiones se infiere que nuestro país no respeta como es debido el derecho de propiedad, lo cual es un pésimo mensaje para las inversiones, la creación de trabajo y la lucha contra la pobreza.
Desviaciones de esa clase explican la forma en que alcanzan a la Argentina las declaraciones formuladas recientemente por Douglas North, premio Nobel de Economía en 1993: "(Latinoamérica) necesita reestructurar las reglas de juego y consolidar las instituciones que produzcan crecimiento. ¿Cómo? Estableciendo estructuras fuertes de derecho de propiedad, sistemas legales que posibiliten las transacciones, con reglas informales que complementen las instituciones formales como la honestidad y la integridad, y constituyendo un sistema político sólido que sepa cómo poner en pie las reglas de juego y hacer que la población las cumpla." A buen entendedor, pocas palabras bastan.