Políticos argentinos: consolidando la Omertá

Sin tratamiento sobre tablas, sin objeciones de las comisiones parlamentarias, entrando en vigencia en plena feria judicial.Así nació la ley 25.990 que modifica puntos claves del código penal para reformular principalmente los plazos de prescripción que afectan a las causa de corrupción.

Así se extinguirían casi todos las acciones iniciadas a partir de las resonantes y mediáticas denuncias que convirtieron a la Presidencia Menem en la imagen de la francachela y la fiesta.

Pero también se extinguirían las acciones iniciadas por delitos ocurridos durante el término trunco de De la Rua, y aún más cubriría con un manto de olvido las acciones del interinato de Duhalde. Convenientemente, la ley alcanza a echar un manto de silencio sobre las denuncias sobre los misteriosos 500 millones de dólares que la Provincia de Santa Cruz recibió en pago de regalías petroleras y que se esfumaron durante la gestión como gobernador del Néstor.

Parece que los políticos argentinos sienten que con la economía más o menos estabilizada (¿por ahora?) la gente ha vuelto a generar una amplia tolerancia para con sus acciones corporativas. Se olvidan que la crisis del 2001 no se basó solamente en hechos económicos sino justamente en una profundo descrédito en la clase política, que se reflejó en aquel voto a la mortadela o voto a Clemente que anticipó el reclamo de que se vayan todos, que atronó la República hace apenas poco mas de tres años.

La ley 25.990 constituye una afrenta a la justicia, una afrenta a la República y una afrenta a todos los ciudadanos. Es una Ley de Olvido hecha a medida, una autoamnistía que deja en la impunidad hechos recientes y resonantes. Como tal no puede ser admitida.