Llegó la hora de ponerse los pantalones largos

Para la mayoría de los ciudadanos argentinos, las últimas décadas han sido de pérdida tras pérdida. No hace falta enumerar lo que se perdió de orden económico, porque desde el Rodrigazo a la devaluación asimétrica, llenamos varios tomos. Me refiero a lo que perdimos menos tangible, a la calidad de vida en las ciudades, donde un chico de seis o siete años podía caminar solo por las calles (*) y donde los abuelos podían sentarse en las veredas a tomar fresco (*).

Hoy las áreas suburbanas son domiminios amurallados, y aún en los barrios más humildes se vive detrás de rejas y alarmas.

Sin embargo, el poder político sólo encuentra una causa: las armas. No es el deterioro del tejido social, la superabundancia de droga barata en cada esquina, el desprecio absoluto por la vida, la ausencia de proyecto en los jóvenes, la inepcia en el manejo de las fuerzas policiales, la tolerancia extrema en las sanciones penales, el mal entendido garantismo fundamentalista. No. La culpa es de las armas. Por eso finalmente y después de muchos amagues el gobierno finalmente lanzó sus iniciativas para el desarme ciudadano, y para declarar la emergencia en la materia. Hay que leer los considerandos para entender lo infame de éstos tipos que nos gobiernan.

Finalmente, como venía anticipando, en nombre del bien común se pretende recortar a los ciudadanos también el derecho a la tenencia de armas, y específicamente -el proyecto lo dice con todas las letras- el de legítima defensa.

Ante este avasallamiento de mis derechos no pienso quedarme tranquilo. Probablemente plantee un amparo, me gustaría que sea un juez el que me diga que lo que sostiene la letra de la constitución ha caído en desuetudo.

Mientras tanto he empezado a enviar a los legisladores una carta reclamándoles el rechazo del proyecto. Por ahora, creo que es lo mejor que se puede hacer. A quien quiera imitarme, el texto es éste:

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Sr. Legislador

He tomado conocimiento de la iniciativa elevada el pasado 9 de agosto al Congreso por el Ejecutivo Nacional, proponiendo la declaración de una “emergencia nacional en materia de tenencia, portación, fabricación, importación, etc, de armas de fuego”.

Quiero hacer notar que en los considerandos que anteceden al mismo, los funcionarios firmantes sostienen que el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana han promovido la generalización de la tenencia de armas en manos de ciudadanos honestos –ya que claramente separan a las armas que detenta la delincuencia- y que por consiguiente alegan un “cambio de relación funcional” entre las armas y sus usuarios. Esta invocada “inversión de roles” es señalada como causa fundante del proyecto, alegando que la defensa de la vida y los derechos, incluida la legítima defensa, es exclusiva potestad de “profesionales” del rubro.

Resulta por lo menos curioso que los mismos funcionarios que tienen a su cargo atender a la demanda creciente de seguridad por parte de la ciudadanía , respondan llamando a los ciudadanos honestos –se descuenta que sólo ellos responderán a la convocatoria- a entregar las armas en su poder, máxime que ninguna estadística seria demuestra que el desarme compulsivo haya solucionado las crisis de inseguridad, y que por el contrario ha sido en muchos casos disparador de mayor incidencia del delito violento, cuando los delincuentes conocen que pueden actuar contra víctimas inermes, desarmadas por quien en lugar de actuar como protector se convierte en el gran cómplice, evitando que los ciudadanos ejerzan libremente dentro de lo que manda la ley su derecho a la legítima defensa.

Espero que antes de considerar la iniciativa enviada, analice la misma a la luz del sentido común y no bajo la presión de lo políticamente correcto, y a cambio, se implemente una campaña que facilite la registración de armas en manos de ciudadanos honestos, que por lo complejo u oneroso de los trámites no pueden acceder a los mismos, como así que se facilite la entrega de armas por quienes desean libremente deshacerse de ellas, sin que la presión de generar un boom mediático sea el motivo para que se apruebe un engendro como el propuesto.

Como Legítimo Usuario a su vez rechazo todo procedimiento que signifique rempadronamientos, nuevas erogaciones o la introducción de nuevas tramitaciones en el ya de por sí complicado trámite registral, no ya por lo que las mismas puedan afectar a mi patrimonio, sino porque en lugar de acercar más y más gente al sistema terminarán logrando un efecto boomerang, dejando cada vez más y más ciudadanos en una zona gris, y más y más armas lejos del contralor oficial, logrando un efecto contrario al deseado.

Apelando a su responsabilidad, reciba un saludo de un ciudadano profundamente preocupado

Arq. Rubén Benedetti