Es bastante extraño que en un país donde cada vez queda menos espacio para la iniciativa privada, la ayuda alimentaria que se presta (supuestamente) en barrios misérrimos, no sea responsabilidad de alguna oficina estatal sino de las tan mentadas "organizaciones sociales" que reciben insumos pagados con fondos públicos y se encargan del reparto.
Lástima que estas auditorías no sean habituales, sino una escaramuza en el enfrentamiento entre el el Estado Nacional y el Estado Provincial.
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