19 de abril de 2009

Sí, pero...

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La mayoría de las propuestas de reforma al régimen de coparticipación llevan implícito el supuesto de que los dirigentes nacionales son más idóneos que los del interior.
Una especie de 'subdesarrollo mental' justificaría extremar la centralización de recursos en el nivel nacional violando la Constitución Nacional. 
Si, por el contrario, se asume que la gente del interior es tan capaz e inteligente como la de Buenos Aires se concluye que para mejorar el funcionamiento del sector público es imprescindible liberar recursos fiscales a partir de desactivar intervenciones del gobierno nacional que se superponen con las provincias.
La presión impositiva en niveles récords señala que se está maximizando el esfuerzo de las familias y las empresas para financiar al sector público. 
Paradójicamente, son cada vez más visibles las evidencias de la ausencia del Estado. 
El dengue desnuda la ineficacia y el fracaso del sistema de salud pública, la deserción escolar el del sistema educativo, y la frecuencia y gravedad de los delitos el del sistema de seguridad y judicial.
Hasta cuestiones tan simples y básicas como tramitar un DNI complican la vida a la gente debido al mal funcionamiento del Registro Civil.
Son muchos los factores que explican esta ausencia de servicios públicos de calidad. 
Pero uno de los más importantes es la inadecuada distribución de funciones y recursos entre la nación y las provincias. 
Tomando el Presupuesto Nacional 2009 y separando las partidas que financian acciones que constitucionalmente le corresponden a la nación de aquellas que les corresponden a las provincias se llega al siguiente cuadro de situación:
El gobierno nacional estima gastar en el 2009 unos $234.000 millones.
Unos $134.000 millones son erogaciones que corresponden a funciones que la Constitución asigna al nivel nacional (defensa, relaciones internacionales, seguridad social, justicia federal, entre las más importantes).
Los $100.000 millones restantes son erogaciones que avanzan sobre funciones que la Constitución deja bajo la responsabilidad de las provincias (educación, salud, infraestructura y asistencia social).
Es decir, del total de gasto que el gobierno nacional ejecuta aproximadamente el 42% tiene por destino interferir en funciones provinciales.
En esta perspectiva, si la nación dejara de ejecutar estas intervenciones que avasallan las responsabilidades provinciales se liberaría una masa de recursos que permitiría duplicar los recursos que actualmente reciben las provincias por transferencias automáticas (unos $70.000 millones anuales) y simultáneamente encarar una rápida reducción de retenciones e impuesto al cheque.
Apropiarse de fondos provinciales para que funcionarios desde Buenos Aires los asignen en áreas cuya gestión es responsabilidad de las provincias, presupone que éstos son más idóneos que sus pares del interior.

U24

La idea es muy buena, pero está obviamente mal planteada.
Porque no se trata de un problema de 'idoneidad' de porteños versus provincianos  -habida cuenta que la mayoría de los funcionarios nacionales provienen del interior- sino de una centralización anómala del poder de naturaleza política, que vulnera las autonomías por razones electoralistas.

El subdesarrollo no es 'mental' sino 'moral', porque en definitiva lo que sucede es que todos son unos vulgares atorrantes.

¿Acaso Sandra Mendoza es mejor que Graciela Ocaña?


5 comentarios:

Carlos dijo...

Sandra Mendoza y Graciela Ocaña. Me hace acordar a la pregunta que hacíamos de chicos sobre si preferís comer un plato de caca o un plato de moco.

Rāḥēl Reznik dijo...

Así es, mi querido amigo, pero es lo que hay.

Sine Metu dijo...

El problema no es cómo se reparte. Es quién recauda.

marisa lopez dijo...

el mismo drek con distinto shmendrekle, deciamos. (lo habre escrito bien??)

Rāḥēl Reznik dijo...

Shmendrik [shmen- drik] ??