Ambigüedades

Más allá de quién tenga razón, convertir en letra viva el contenido de la Constitución boliviana será uno de los mayores desafíos políticos de la historia humana.
Su mismo punto de partida refleja la dificultad.
El artículo 1 define a Bolivia un 'Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario'.
El artículo 5 establece que los idiomas oficiales son el castellano más otras treinta y seis lenguas indígenas, algunas de las cuales representan a un número muy pequeño de ciudadanos.
Vayan de muestra los idiomas oficiales que comienzan con la letra 'm': machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén y movima.
Como si con eso no alcanzara, los artículos 1 y 178 establecen el principio de 'pluralismo jurídico'.
Esto significa que 'la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena-originario-campesina gozarán de igual jerarquía' (artículo 179), y pone el derecho consuetudinario indígena en un pie de igualdad con el derecho positivo del Estado boliviano.
Pero, a diferencia de Inglaterra y su common law , no hay uno sino múltiples derechos consuetudinarios de los pueblos originarios bolivianos: por lo menos, uno por cada una de las siete circunscripciones indígena-originario-campesinas establecidas por la ley electoral transitoria promulgada el 14 de abril.
Por otra parte, de estos códigos ancestrales no escritos se desprenden algunas penas violatorias de derechos humanos, como el linchamiento e incluso la crucifixión.
De acuerdo con el informe de 2008 de la reputada organización Human Rights Foundation, durante el último lustro se registraron una cincuentena de linchamientos, cuyos perpetradores invocaron leyes antiguas.
Entre ellos está el caso del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, que en 2004 fue golpeado, apedreado, colgado y quemado vivo por acusaciones de corrupción nunca comprobadas.
Aunque el artículo 15 de la Constitución prohíbe la tortura y los tratos degradantes, y agrega que no existe la pena de muerte, en los hechos los linchamientos no se reprimen.
Y aunque Morales no se ha pronunciado a favor de estos suplicios, él y otros miembros de su gobierno han declarado que los latigazos son una forma tradicional de castigo a la que debe acudirse por su valor simbólico.
Su punto de vista encuentra sustento parcial en el artículo 30, que establece que las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos gozan del derecho 'al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde con su cosmovisión', y en el 190, que reitera que dichas naciones 'ejercerán sus funciones [...] a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios'.
Nos encontramos ante una rara paradoja: una normativa que institucionaliza la anomia. 
Esta se acentúa en artículos como el 11, que explicita: 'La democracia se ejerce de las siguientes formas [...]: directa y participativa [...]; representativa [...], y comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos, entre otros, conforme a la ley'.
En otras palabras, casi todo vale o puede valer.
El loable intento de reparación puede acercarles a una catástrofe humana sin precedentes en nuestro subcontinente.
El romanticismo jurídico en que ha desembocado el indigenismo boliviano equivale a la institucionalización de la consigna del mayo francés del 68: la imaginación al poder.
Se expresa líricamente en el delicioso y afamado artículo 8 de la nueva Constitución, que establece que 'el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa [no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón]'.

Carlos Escudé