'No es un decreto dirigido específicamente contra los empresarios, sino contra todos aquellos ciudadanos que estuvieran involucrados en actividades dirigidas a socavar la unidad nacional o generar riesgos potenciales a la seguridad del Estado', dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa.'Si encontramos a empresarios financiando actividades separatistas deben ser castigados, esperamos que ninguna persona apoye acciones separatistas', dijo más tarde Morales en un acto público.
El decreto autoriza a la fiscalía y a jueces a congelar fondos e incautar bienes aún antes de que los sospechosos fueran procesados y condenados.
Líderes opositores de Santa Cruz calificaron la disposición como una 'barbaridad que busca instaurar un terrorismo de estado', según dijo el jefe de los legisladores de esa región Oscar Urenda.
El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, afirmó que el objetivo del gobierno es 'amedrentar para que nadie haga oposición. El Ejecutivo no tiene atribuciones para fijar penas y no se puede castigar a sola sospecha y antes que haya un proceso', acotó.
El presidente de los empresarios de La Paz, Enrique García, declaró a la emisora Erbol que la norma crea un 'clima de incertidumbre y amedrentamiento'.
Los Tiempos
Para mí que a Ekeko lo asesora Donda.
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1 comentario:
La balcanización boliviana a la vuelta de la esquina
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