Winston Smith

Ya se anuncia atropello del congreso remanente:

Editorial de La Nación
La Libertad de Informar, en Peligro

El matrimonio gobernante se ha pronunciado con tal energía en relación con el proyecto incubado en la Casa Rosada sobre una nueva ley de radiodifusión que se ha disipado cualquier duda que pudiera haber habido sobre la inspiración política de la iniciativa.

Nada habría que objetar si la inspiración fuera buena.

Pero de un proyecto en el que han redoblado su interés, más que en cualquier otro asunto, las principales figuras del elenco gubernamental, no cabe, precisamente por los antecedentes de aquéllos en materia de libertad de expresión, sino esperar el riesgo de un tiro de gracia a la pluralidad existente en las comunicaciones masivas audiovisuales.

En las últimas horas, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, confirmó que la iniciativa del Poder Ejecutivo ingresará en el Congreso antes de que asuman los nuevos legisladores, el 10 de diciembre.

El estudio del proyecto confirma la sensación que había generado en nuestro ánimo el solo hecho de verlos abocados al ex presidente de la Nación y al titular del Comfer a una campaña proselitista destinada a promocionar el nuevo régimen en la materia.

Lo hicieron como lo que ésta es para ellos: una cuestión estratégica para los intereses políticos del núcleo dominante en el poder.

El país ha penado demasiado en asuntos de este calibre como para que pueda vendérsele con facilidad gato por liebre.

El gran equívoco que han pretendido introducir los que alardean de progresistas es insuficiente cobertura para ocultar que en esta cuestión, como en tantas otras de interés nacional, más que remozar las instituciones, la política gubernamental produce, inevitablemente, fenómenos involutivos.

Algunas de las normas del proyecto en debate, como las que pretenden introducir definiciones múltiples sobre los contenidos de los medios, parecen haberse inspirado en decisiones de gobiernos de facto.

Es interesante, en ese sentido, releer el texto del Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión , sancionado hace más de 60 años por el gobierno del general Edelmiro Farrell.

La distorsión histórica en la que se emplean con efusión de errores los corifeos intelectuales del Gobierno termina por emparentarse con una revolución militar que confió en el triunfo de la Alemania nazi y sentó las bases para la instauración de un gobierno de origen democrático, pero que se apropió de muchos diarios, clausuró bastantes más e impidió con brutalidad que las minorías políticas accedieran a la radio y la televisión.

Si se evoca esa nefasta experiencia es por razones de pedagogía política, formulada a fin de evitar la reiteración de males ya sufridos.

Volver a recaer en una Argentina privada de la voz y de la imagen de quienes disienten del gobierno de turno debería preocupar no sólo a las diferentes versiones del abanico político que han actuado de manera consistente en la oposición.

También convendría que despertara inquietudes en quienes, habiendo militado en agrupaciones ajenas al gran encuadramiento político en el poder, han coincidido en voces y votos con él en reiteradas oportunidades y estén dispuestos en el futuro a ejercer, con mayor independencia que hasta ahora, los márgenes de libertad propios de una democracia republicana.

A estas alturas esas figuras harían un acto de inteligencia reflexiva si examinaran cuál habría sido su suerte política en los últimos tiempos de haber dependido, en la emisión de mensajes por radio y televisión, de leyes más permeables que la de hoy a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

La actual propuesta oficial está en dirección de sentar las bases para que eso ocurra.

Incluye, en un mismo régimen, todos los servicios de comunicación audiovisual, con independencia del soporte técnico utilizado para su transmisión.

Es decir, sin respetar los convenios internacionales suscriptos por nuestro país, por los cuales las frecuencias del espectro radioeléctrico constituyen un bien común de la humanidad y, por lo tanto, ajeno al dominio público de nación alguna.

Estas sólo pueden administrarlos como medios de comunicación de recepción abierta, libre y gratuita y a fin de canalizar la libertad de expresión e información.

Se explica, pues, el rechazo con el que ha sido recibida la iniciativa gestada en el Comfer.

Se la ha criticado con severidad desde el ámbito de la radiodifusión, del derecho y de la cultura en general, con excepción del elenco estable de aplaudidores del oficialismo.

Con el pretexto de convertir en insoslayable la protección de los menores -protección específica con la que nos identificamos-, se avanza hasta poner en manos del Gobierno el control de todos los contenidos de las programaciones.

Se trata de una temeridad poco novedosa.

La "ley de la dictadura", como suele calificarse la legislación vigente, apuntaba exactamente hacia ese objetivo.

Se alienta el ingreso en la esfera radioeléctrica de nuevos y numerosos operadores, desconociéndose que eso sólo sería posible con la ruptura de contratos existentes y de un grado más elevado aún de inseguridad jurídica.

Los plazos de las licencias vigentes cuentan a su favor con más de dos lustros por delante.

Anularlos sería quitar con la mano de la Presidenta lo que se extendió con la firma de su marido poco antes de concluir su mandato.

Se pretende volver a prohibir la constitución de redes de emisoras, con olvido de que en el mundo de la globalización y la interconexión electrónica se requieren audiencias de mayor y no de menor tamaño.

Pero, a contramano de esa política, y sin que esto sea motivo de sorpresa, se reserva a los medios del Estado la posibilidad de contar con amplia cobertura geográfica.

Digámoslo una vez más: el concepto de monopolio en esta materia es, en principio, abstracto.

Lo que verdaderamente importa es preservar la pluralidad de la oferta informativa que ha caracterizado a la Argentina.

De modo que la propuesta de reducir de 24 a 10 la cantidad de licencias de TV abierta y de radio por operador en todo el país nada dice por sí misma y no admite otra lectura que la sugerida por las intenciones subyacentes de los autores del proyecto.

Otro tanto ocurre con la reducción de las licencias de 15 a 10 años, a no ser por las claras dudas que suscita saber si con el eventual cambio les será posible a los permisionarios amortizar a tiempo las inversiones que se realicen.

El proyecto crea una burocracia excesiva para atender el desenvolvimiento de los medios de comunicación audiovisual.
Peor: coloca a la Autoridad de Servicios en la materia en la Secretaría de Medios de Comunicación dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Sería, así, un instrumento al servicio del poder administrador.

El federalismo formal que campea en el texto explica que se creen delegaciones de la autoridad de aplicación en cada centro urbano con un mínimo de 500.000 habitantes.

Habría, pues, más de 80 delegaciones, que superarían en número a las 76 delegaciones y subdelegaciones con las que cuenta la Policía Federal.

Además de esa vasta y múltiple estructura, se propone constituir un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 miembros.

En su momento se sumará a eso la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y una defensoría del público específica.

Los diputados y senadores de la Nación deben prepararse para participar de un serio y responsable debate.

Estarán en juego los principios esenciales de la libertad de informar y los derechos ciudadanos de acceso a una información plural y sin otras restricciones que las de la moral pública.

También quedarán comprometidos por lo que se resuelva los intereses de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias, a los que nadie podría renunciar en aras de transferir mayores facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo de la Nación.

Si en algo todos coincidimos es en que se está a las puertas de una cuestión que concierne a la naturaleza del sistema democrático republicano de gobierno contemplado por la Constitución nacional.

Es, por lo tanto, del caso actuar en consonancia y dejar de lado este impresentable proyecto que tiene como objetivo principal amordazar y controlar a los medios de comunicación audiovisuales.

Más aún, después del claro y contundente pronunciamiento popular en las elecciones legislativas del domingo pasado.