29 de junio de 2017

“No respetan el estado de derecho o la decencia humana”








  Me llamaron la atención de las palabras que dijo el presidente norteamericano Donald Trump a raíz de la muerte del estudiante de economía de la Universidad Otto Warmbier bajo el régimen de Corea del Norte: "El destino de Otto profundiza la determinación de mi administración de evitar que tales tragedias a manos de regímenes que no respetan el estado de derecho o la decencia humana básica lleguen a personas inocentes".

   El Estado de Derecho viene a ser lo mismo que la decencia humana básica. Trump no condeno a nortecorea por violar los derechos humanos como suelen decir los zurdos chilenos. Aunque la expresión ‘violar los derechos humanos’ se ha presta para diversas cosas. Las palabras del presidente norteamericano también valen para Chile. Chile no es Corea del Norte. El Partido Comunista chileno apoya la dictadura comunista de ese país. Y Bachelet apoya al PC.

  Chile es distinto de la dictadura comunista de Corea, pues estamos en democracia como dice Bachelet poniendo énfasis en la expresión ‘en democracia’. Según algunos, ya estamos en una dictadura democrática, puesto que la Nueva Mayoría hace que las instituciones les favorezca a ellos, mientras que a los políticos opositores les llega todo el peso de ley. No hay ninguna institución que se salve: los Tribunales de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado. Para unos hay prescripción del delito, si son de Izquierda, ya sean civiles o terroristas, para otros no rige la prescripción, porque son militares o son políticos de derecha.

   El estado de derecho comenzó a erosionarse con la “Llegada de la Alegría”, cuando el ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin traicionó a los militares con el Informe Rettig y con la reinterpretación de la Ley de Amnistía, mientras liberan a través de indultos a los terroristas y los miristas se beneficiaban con la amnistía. Recuérdese que los grupos armados de la extrema izquierda extorsionaron al primer gobierno de la Concertación exigiendo el mencionado informe a la vez que instalaban los llamados ‘jueces de derechos humanos’, cosa que no existe en nuestra legislación tales jueces como tampoco existe los delitos de derechos humanos tal cual les gusta repetir a los medios para condenar a los militares. Abierta discriminación.

   La cárcel de Punta Peuco, donde están presos los militares ancianos es un símbolo de la indecencia humana. En primer lugar, les niega la Ley de Aministía de 1978. En segundo lugar, la igualdad ante ley, pues mientras los terroristas del FPMR fueron indultados a los militares asignados a la CNI han sido condenados. En tercer lugar, los jueces han cometido el delito de prevaricación, que en cualquier país civilizado estarían castigados. En cuarto lugar, se les imputa delitos que no son retroactivos como el delito de lesa humanidad que condena el genocidio. Aquí no hubo tal práctica En quinto lugar, se les niega los derechos carcelarios como la salida dominical, que los terroristas tuvieron bajo los gobiernos de la ex Concertación.Y por último, se les niega el indulto humanitario en caso de que tengan enfermedades terminales, que el bloque DC/UP hizo con algún terrorista que tenía cáncer. En el Penal de Punta Peuco ha muerto el único reo que tenía Alzheimer.

   Sabemos que a la llamada derecha liberal representada por diversos think tank no les importa la suerte de los militares. Si les puede importar que a un ex ministro de Hacienda como Andrés Velasco el Servicio de Impuestos Internos haya actuado arbitrariamente, o que algunos políticos de la ex derecha se les haya acusado de financiamiento irregular, mientras a los parlamentarios de la Nueva Mayoría que también cometieron ese delito que no existe se les aplique la prescripción, ni caigan procesados. Ni mucho menos que el actual Gobierno que libero a más de quinientos reos haya discriminado a los ancianos de Punta Peuco por considerar que son un peligro de la sociedad.

  Asimismo es irrelevante tener la opinión del Instituto Nacional de los Derechos Humanos –engendro del primer gobierno de Michelle-, cuya labor es defender a delincuentes y terroristas para que tengamos la tranquilidad de que en Chile se respeta el Estado de Derecho.

   A principios de este año, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la gremial que agrupa a los grandes empresarios puso un inserto en La Tercera, en que acusaba al gobierno de dejar a la región de La Araucanía sin estado de derecho: “en esa zona ya no impera el Estado de Derecho”. Agregaron:”es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se comenten”. La vocera del gobierno, Paula Nárvaez califico de irresponsables las declaraciones de la Sofofa y llamo a diálogo: "Es una opinión que no compartimos ni en la forma ni en el fondo. Nos parece tremendamente preocupante que se den declaraciones irresponsables respecto a señalar que en una parte del territorio nacional no hay estado de derecho". ¿Por qué se tiene que dialogar con delincuentes y terroristas que queman, matan y extorsionan a los agricultores? Después dijo la vocera que era un juicio que no se basaba en la realidad, por tanto, era falso: "lo señalado por la Sofofa no es real, no es la situación que hoy día impera en la región de La Araucanía". La ministra mintió. La prueba más elocuente la vimos en el último censo, donde una comunidad de esa región no se dejo encuestar. No sé si le habrá llegado el castigo pecuniario con que el Estado amenazo a quienes no se dejaban encuestar.

   En el penúltimo 21 de mayo, el día de las Glorias Navales y de la rendición de cuentas del Jefe de Estado que, por cierto se cambio este año la fecha, gracias a los amigos violentos que tiene Michelle Bachelet, murió calcinado por el fuego el vigilante, Eduardo Lara encargado de cuidar el edificio consistorial de la ciudad de Valparaíso. Gracias a un grupo de estudiantes que lanzaron una bomba molotov en esa edificación. Los únicos que lanzan esos artefactos explosivos pertenecen al PC. Al día siguiente el obispo de la ciudad dijo: “Valparaíso está perdiendo la confianza en el Estado de Derecho”.

   El Gobierno tanto en La Araucanía como en el resto del país no quiere aplicar el Estado de Derecho, esto es, usar la fuerza legítima contra delincuentes o terroristas. A decir verdad, este post lo tenía pensado hace tiempo. Sin embargo, me faltaba algo. Tenía el título: “Un país sin Estado de Derecho”. Me quede mejor con las palabras de Trump.

 En resumen, nos hemos vuelto un país indecente. Por tanto, no hay Estado de Derecho.

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