Letát se muá

Es un principio clave de las democracias modernas, manifestado de diversas maneras según el país que se trate, que el Ejecutivo no puede gastar fondos públicos bajo ningún concepto sin contar con la previa aprobación expresa del Poder Legislativo.

En los Estados Unidos, el rechazo de un proyecto de presupuesto nacional o la no aprobación del mismo para el cierre del año fiscal, resulta en el cierre (government shutdown) de todas las funciones "no esenciales" del gobierno federal, a menos que medie una resolución conjunta de ambas cámaras para extender el financiamiento público.

En varios sistemas parlamentarios, sobre todo los del llamado "sistema de Westminster", el rechazo legislativo a un proyecto de presupuesto, o incluso a un proyecto impositivo, equivale a una moción de censura contra el gobierno ya que el Parlamento le rechaza la facultad de disponer de los fondos públicos (Loss of Supply), y provoca o la dimisión inmediata del gabinete o la disolución del parlamento y la convocatoria a elecciones inmediatas.

En la Argentina repiola y langa, que está de vuelta de todo y a la que la Vía Láctea le queda chica, como si no alcanzara con la payasada de que ante la no aprobación de un presupuesto se emplea de prepo el del año anterior, la Viudita cara de piedra asegura por cadena nacional que seguirá gobernando sin importar lo que resulte del bochornoso debate en el Congreso, incluso si tiene que asignar partidas por decreto.

¿La Constitución? Bien, gracias. Así nos va.

Berretada total

El Senado aprobó la ley de Presupuesto, y le dio un manto de legalidad al proyecto de la otrora ley de leyes, cuya única intención es subestimar crecimiento para luego repartir libremente. Según lo aprobado por los representantes el PBI crecerá un 4%, lo cual es ilusorio ya que por efecto de arrastre y el positivo viento de cola se supone será mucho más que ello. Pero al gobierno poco le importa esto, ya que sólo quiere que los ingresos que provengan de un mayor crecimiento al pronosticado pueda ser distribuido sin intervención alguna del Poder Legislativo.

Lo más lamentable dentro de esta gran esfera de destrucción institucional, es que la función originaria e histórica de este ley queda totalmente distorsionado y finalizada. Ya no son los representantes de la sociedad quienes le indican al rey cómo gastará los ingresos provistos por la ciudadanía, sino que ahora los supuestos representantes sólo indican un tope para gastar en las diferentes partidas puesto que el rey puede distribuir libremente los montos entre ellas. Los superpoderes son la destrucción institucional y republicana total, y no hay emergencia económica que valga luego de años de crecimiento y supuesto mejoramiento de índices sociales.

Este poder concentrado en pocas manos con el tiempo nos hará volvernos a encontrar con más corrupción, compra de voluntades y discrecionalidad total. Eso es el kirchnerismo, cobro de impuestos, compra de voluntades y corrupción para empresarios y amigos del poder.