El sentido de justicia de la derecha chilena

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 El fallecimiento del ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin, quien gobernó el país de marzo de 1990 hasta marzo de 1995, nos ilustra que hay dos tipos de derecha. Una que se cree el cuento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el Gobierno Militar. Por tanto, defiende el Informe Rettig y desde luego el castigo a quienes hayan cometido tales delitos. Se pasa por alto, además, los principios del Estado de Derecho. Como si no fuese suficiente lo anterior, calla ante la tergiversación de la Historia. De esta decir que la otra Derecha no comparte los juicios de la derecha arrepentida comulga. La muerte del ex presidente me va a servir para mostrar que los académicos de este sector están más desorientados que los ex políticos de la ex derecha.

 En efecto, luego de la derrota de la aplastante derrota que sufrió la derecha en la última elección presidencial y parlamentaria, donde la Nueva Mayoría casi obtiene todos los quórum, aquélla ha intentado articularse. Una de las primeras medidas que hizo, por ejemplo, el Partido de Renovación Nacional (RN),fue cambiar su Declaración de Principios por parecer más de progresistas, como si el electorado fuese tan tonto. Una segunda medida fue, pues, realizar un seminario en enero del 2015 titulado “Nuestro sentido de Justicia”, que agrupo los diversos think tank de ese sector: Fundación para el Progreso de Alex Kaiser, la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad que es de RN, la Fundación Horizontal de Hernán Larraín Matte, el Instituto Libertad y Desarrollo, la Fundación Chile Avanza de Sebastián Piñera y el Instituto Respublica.

  Las loas que le han hecho ex presidente Patricio Aylwin algunos personajes del mundo académico de nuestro sector llegan a dar lástima. Los cometarios fueron realizados antes de que el ex contrincante del demócrata cristiano en la elección presidencial de 1989, Hernán Büchi declarase que iba del país porque no se respetaba el Estado de Derecho, ya que los burócratas cambian las reglas a cada rato, por cual no se tiene certeza jurídica. Hasta el ex ministro de Interior del Pinochet, Carlos Cáceres hacia cae en lugares comunes y palabras de buena crianza hacia Aylwin. Una cosa es ser cortés mostrando educadamente las diferencias, otra cosa es ser zalamero.

  La historiadora Lucía Santa Cruz , miembro del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo en su columna “La valiente prudencia de Patricio Aylwin”elogia así al demócrata cristiano. Rememora el abrazo entre Sergio Onefre Jarpa y Aylwin, que alguien llamó el “más conmovedor acto litúrgico republicano”. Con lo cual, “Y ahí nace el surgimiento de una confianza nueva respecto a la posibilidad de un futuro de paz para Chile”. Tras 26 años no estamos en paz. Luego escribe: “don Patricio Aylwin como el primer presidente democrático tras 16 años de dictadura no fue para nada fácil y sus logros no deben ser minimizados”. Nótese que emplea la palabra ‘dictadura’.

   Señala la consiga del primer gobierno fue “avanzar en la medida de los posible”, cosa que según ella, la extrema izquierda desvalorizó. Todavía no repara que ex Concertación o DC/UP obro así por conveniencia, no por pragmatismo o sensatez. Y eso quedo probado hasta que llegó la retroexcadora de la Nueva Mayoría. La extrema Izquierda, o sea, los terrorista exigieron el Informe Rettig, reparaciones económicas, violentar la Ley de Amnistía y perseguir a los militares con millares de querrellas, mientras los grupos terroristas están amnistiados e indultados.

  La historiadora repite que el problema es que había que subordinar el poder militar al poder civil e “instaurar las bases de una reconciliación cívico militar y de la amistad cívica esencial entre gobierno y oposición”. No he visto muestra de amistad cívica en los dos lanzamientos que hubo sobre el libro sobre el preso político el Brigadier Miguel Krassnoff, ni mucho menos en el documental ‘Pinochet’, donde salieron a molestar las jaurías de los organismos de derechos humanos, ni a las funas que le ha hecho a los militares en retiro por estar vinculados a lo que la Izquierda llama ‘violaciones a los derechos humanos’ en los lugares donde trabajaban. Para emprender la tarea de la reconciliación creó la comisión del Informe de Verdad y Reconciliación con el objetivo de “la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Los asesinatos que cometió, por ejemplo, el Mir hasta y después del 11 de septiembre de 1973, fueron excluidos. ¿Se cree el cuento de ese virus llamado ‘violencia política’ que infestó el país en la década del 60 del siglo pasado?

  El éxito de la llamada ‘transición a la democracia’ consistió, simplemente, en que la Concertación acepto de mala gana la institucionalidad y el modelo económico del Gobierno cívico militar.

   Luego está la columna del actual director del Instituto Libertad y Desarrollo, el economista Luis Larraín, “Los detractores de Aylwin” en que defiende a grandes rasgos la tesis del ‘secuestro permanente’ y el Informe Rettig. No esperemos que el abogado José Francisco García de ese think tank no critiqué la prevaricación y la nula aplicación de la Ley de Amnistía, si no lo hace su jefe. Según él, el ex mandatario demócrata cristiano “jugó un rol fundamental en la pacificación y reconciliación del país”. No hay paz ni reconciliación. El país ya estaba pacificado, si por ésta palabra se entiende desarticular a los grupos terroristas Mir, el grupo Mapu-Lautaro y el FPMR, gracias a los agentes del Estado que los combatieron. La ‘paz social’ se consiguió, por ejemplo, ayudando a los terroristas a escaparse de la cárcel de Alta Seguridad y “El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas”, según dijo el parlamentario Hernán Larraín a cambio del Informe Rettig y de perseguir a los militares. Los cientos de militares presos en Punta Peuco fueron la moneda de cambio de la ‘exitosa transición a la democracia’.

   En tiempos del Gobierno Militar, Larraín fue Superintendente de la Seguridad Social cuando comenzó la crisis económica de los 80. Luego fue nombrado subdirector de Odeplan en 1989 y finalmente director de esa institución. El actual director sigue los pasos de Cristian Laurrolet y Arturo Fontaine Talavera.

  El economista critica a quienes consideran que el ex mandatario dijo su célebre frase ‘la justicia en la medida de los posible’ a las violaciones a los derechos humanos, porque había tutelaje militar. Esa es la visión de la extrema izquierda. Sin embargo, a continuación señala hechos que considera casi como ficción, cuando son reales reales: “Esta es una visión sumamente extrema de los hechos, si consideramos, entre otras cosas que: a) Aylwin presionó al Poder Judicial hasta imponer la tesis de que la ley de amnistía vigente no eximía de la obligación de investigar, b) contra la opinión de sus asesores, decidió encargar la elaboración del Informe Rettig, que sirvió de base para el esclarecimiento de muchos de estos hechos y c) apoyó la tesis de la justicia chilena del “secuestro permanente” en los casos de detenidos desaparecidos, para eludir los efectos de la ley de amnistía; figura que fue llamada eufemísticamente “ficción jurídica” para no decir lo que de verdad era: una distorsión de la realidad para conseguir que en los hechos dicha ley no se aplicara en esos casos, lo que en mi opinión es reprobable porque es una flagrante aplicación del principio de que el fin justifica los medios”. Si Aylwin tiene una cara de maquiavelismo. Hay una carta de la jueza Raquel Camposano Etchegaray, en que refuta lo anterior en que los jueces aplican el artículo 141 del Código Penal referido a particulares.

  No sé cómo todavía elogia el destacado escritor y ex parlamentario, Hermógenes Perez de Arce al Instituto Libertad y Desarrollo, si aún desconoce las palabras de Larraín. Si el ex político ha sido uno de los principales detractores del Informe Rettig y uno de los principales denunciantes de la falta del Estado de Derecho hacia los militares.

  Pues fue lo que hizo. Al economista no le importa que se vulnere la igualdad ante ley, por cierto, un principio liberal. Ni tampoco le llama atención que los únicos que no violen los derechos humanos sean los terroristas, como si éstos nunca hubiesen existido.

  Según él, “dichas críticas carecen de un mínimo sentido de realidad, si se tiene en consideración la situación institucional que vivía el país y el balance de poder que existía en esos años. Criticarlo hoy día, quince años después, desde una cómoda posición, carece a mi juicio de todo valor”. ¿Cuál situación institucional? La amenaza vino de los terroristas, no de los militares.

  Si el grupo terrorista Mir hubiese triunfado, por no mencionar el FPMR brazo armado del PC, no existiría el Instituto Libertad y Desarrollo, ni los empresarios.

   Se nota que el director del Instituto Libertad y Desarrollo no le ha llegado a sus manos el libro del abogado Adolfo Paúl Latorre “Procesos sobre las violaciones a los derechos humanos”, ni jamás ha escuchado la defensa del abogado del brigadier Miguel Krassnoff, Luis Valentín Ferrada, a la ex juez Raquel Camposano Etchegaray o al abogado de Renovación Nacional, Miguel Otero y Marcelo Elissalde, todos los cuales denuncian que se les vulnera los derechos humanos a los militares, porque no tienen el debido proceso. Más aún el comandante Paúl Latorre denuncio el año pasado que la Corte Suprema en un oficio enviado al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que los tribunales no respetan la ley. El oficio es el Nº 33-2015 fechado el 27 de marzo del 2015. Así lo describe el abogado: “que los tribunales chilenos no respetan las instituciones tradicionales que inhibe o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía; y agrega que solo fue posible el procesamiento y la sanción de los militares al introducir en sus decisiones los conceptos de delitos de lesa humanidad, ius cogens y otros”. Sin embargo, el Instituto no saco un papers denunciado que un poder del Estado a otro le dice no acata ley, del mismo modo que lo hicieron cuando el SII empezó a perseguir a Andrés Velasco.

  Por último, Gonzalo Blumen, director ejecutivo de la Fundación de Sebastián Piñera “Avanza Chile” escribe en su columna “La total vigencia Patricio Aylwin”, en la que resalta lo mismo dicho por la historiadora de avanzar en la medida de lo posible en diversos frentes: “Y por ello no se trataba de elegir justicia o impunidad. No era crecimiento o igualdad”. La columna de Blumen confirma lo dije en el post anterior, que desde los noventa la política se basa en la paz social, no en la paz. Y eso significa que un grupo minoritario extorsiona o amenaza al resto de la sociedad saliendo a calle creyendo que son una legión o hacen cosas peores: “Corriendo la barrera de lo posible en materia de derechos humanos, pero preservando la paz social”. Por la paz social, el cobarde de Sebastián Piñera no quiso cumplir su palabra  que dijo en el Club Español, porque le temía a las organizaciones de derechos humanos de la Izquierda en general. Y la derecha en general ha aprobado cada tontera que se ocurrió a la ex Concertación.

   Recrea el momento en que el ex presidente en el Estadio Nacional llama construir un país unido entre civiles y militares: ““Chile es uno solo”. Porque en su lógica no cabían retroexcavadoras ni propósitos excluyentes”. Los únicos excluidos en estos 26 años ha sido a los militares condenados por ‘violaciones a los derechos humanos’. El piñerista le perdona sus errores: “Porque pese los errores u omisiones de su larga trayectoria, que por cierto los hubo”. Los tres omiten la Reforma Agraria, el hecho de que votará por Allende, que luego suscribiese el Acuerdo de la Cámara de Diputados y luego fuese opositor al Gobierno Militar, porque éste no le entrego el poder a la DC. Ni siquiera asocian el actual conflicto en La Araucanía con el ex mandatario demócrata cristiano. La guinda de la torta fue su última declaración antes de morir: “Nunca apoyé la intervención militar". En el video de Youtube dice lo contrario.

   Uno de los principales argumentos contra los Informes de la Izquierda, ya sea Rettig o Valech, los ha dado Hermógenes Pérez de Arce, es que esas comisiones vulneran la Constitución Política de 1980, en el capítulo 2, artículo tercero, en que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”. Recuerden hasta la Policía de Investigaciones creó una unidad especial para perseguir a los militares basándose en los cuentos de hadas de esos informes.

  La derecha está clínicamente muerta tanto a nivel político como académico, salvo contadas excepciones. Ese es el sentido de injusticia de la derecha chilena.