Parlamentarios inútiles

El que haya un foro como el parlamento, no significa necesariamente y por obligación que todo lo se debate ha de tener la fuerza de la ley o convertirse en ley. Simplemente, es un lugar para intercambiar puntos de vista sin descalificar al adversario. Es el espacio donde supuestamente con las leyes enmarcan nuestras acciones para que podamos vivir de un modo civilizado. Con todo, el exceso de leyes, es tan malo como la inflación.

 Sin embargo, lo que brilla por su ausencia en los parlamentarios es su inteligencia. Creyendo que teniendo tantas leyes el ser humano actuara recto. La falta de juicio de los diputados y senadores la vemos cuando tienen cada ocurrencia que insulta el sentido común.

 Después de la ‘toma’ de la sede la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la dirigente comunista y vicepresidente de la Fech, Camila Vallejo, a la diputada demócrata cristiana, Carolina Goic , tuvo la genial ocurrencia de conferirle a los dirigentes estudiantiles, ya sea secundarios, ya sea universitarios, un fuero especial. La razón de tal medida, es “porque evidentemente ha existido una persecución hacia numerosos dirigentes y alumnos en general que, por haber participado en manifestaciones, han sido objeto de cuestionamientos y no han podido matricularse normalmente afectando esto lo que más queremos defender: el derecho a la educación, especialmente de quienes están liderando una legítima demanda”. Violan la ley, y la izquierda habla de persecución.

 El propósito de tal privilegio o fuero es que puedan cumplir sus deberes académicos como su rol de dirigentes. Así, “instituye el fuero estudiantil a dirigentes de los Centros de Alumnos y de las Federaciones de Estudiantes de Enseñanza Secundaria y/o de Educación Superior, garantizándoles que, durante el ejercicio de sus cargos, puedan contar con el derecho y las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus deberes académicos y el libre desempeño de su rol dirigencial”. Nadie le ha preguntado a Vallejo en cuál etapa va su tesis para optar al grado que confiere su carrera y cuando defenderá, si es que tiene algo que defender. Tomarse un sede política es un deber académico.

 La propia parlamentaria nos muestra que es privilegio, “lo fundamental, es que se establece, por ley, que no podrán aplicárseles medidas disciplinarias por hechos ocurridos con ocasión del ejercicio de su cargo”. Inmunidad e impunidad estudiantil.

 Además esa ley ahora que se está debatiendo rápidamente la ley Anti discriminación, es abiertamente discriminatoria. Dudo que se haya dado cuenta la parlamentaria demócrata cristiana.

 En ese proyecto, la respaldan los parlamentarios Mario Venegas, Víctor Torres, Pedro Araya, Fuad Chahín, Alejandra Sepúlveda, Matías Walker y Gabriel Ascencio.

 En otro aspecto en donde brilla la inteligencia de los parlamentarios, fue la propuesta de la Concertación, el Partido Comunista y el MAS de crear un nuevo impuesto que reemplace al impuesto específico a los combustibles. En efecto, si bien la oposición plantea disminuir el impuesto a los combustibles de 6 UTM a 4UTM, lo reemplaza con un gravamen a la cilindrada de los automóviles. Gatopartidismo. Cambia todo para permanecer igual. De este modo, los vehículos que tienen entre 2000 cc y 3000 cc cancelarían un impuesto anual de ochenta mil pesos o 2 UTM junto con el permiso de circulación. ¿No es absurdo el razonamiento de los políticos de la oposición?

 Y agrega la nota: "Y para los autos con una cilindrada sobre 3.000 cc la tasa sería de cuatro UTM (Unidades Tributarias Mensuales), lo cual se replicaría para los que utilizan diesel. También se formula gravar con una UTM por metro cúbico el petróleo diesel que usan las firmas exentas de pago como la minería, navieras y energía”. Obviamente a mayor cilindrada más impuestos. Y pensar que el automóvil se creó para los seres humanos tengamos más libertad. No sólo la sensación de ésta al sentir la velocidad al volante, sino la facilidad de desplazarnos de un punto a otro. No sé qué parlamentario saco a relucir cómo criterio para mantener el impuesto o rebajarlo, si los usuarios ocupaban el vehículo como herramienta de trabajo o diversión. Qué les importa a ellos cómo usemos los automóviles siempre y cuando respetemos las leyes del tránsito. Entre los autos desafortunados que tendrían pagar este impuesto está, pues, el Kia Sorento con sus motores "un DOCH V6 de 3.3 litros y 238 CV 24 válvulas MPFI, un DOCH V6 de 3.5 litros y 194 CV 24 válvulas MPFI y un DOCH V6 de 3.8 litros”, por ejemplo. Igualmente, el Chevrolet camaro 2010. En fin, si uno desea más potencia, tendrá que pagarle al Estado.

 El razonamiento de los políticos del Gobierno como de la oposición es el siguiente, a propósito de la Reforma Tributaria que ha lanzado el Presidente Piñera: Les rebajamos ciertos impuestos, sin embargo, le agregamos otros para que el Estado siga recaudando la misma cantidad o más. Por cierto, nunca menos.

 El parlamentario que estuvo a cargo de esta iniciativa, es el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien preside la Comisión Técnica de la Cámara Alta. La propuesta de los políticos de izquierda es absurda e injusta, después de todo, los honorables usan autos fiscales que a su vez es financiado con la plata de los contribuyentes.

 Otro ejemplo, en que se muestra la falta de entendimiento de los parlamentarios, es raíz del fallo de la Corte Suprema que le dio luz verde a la represa de HidroAysén. Así, sabido el fallo, los parlamentarios de la Concertación y el MAS, acusaron al juez de tener intereses en ese proyecto. Según los parlamentarios, el juez o ministro como se les llama en Chile, Pedro Pierry tendría conflicto por interés. Por tanto, no sería una persona idónea para fallar. Para el senador del PPD, Guido Girardi: "Lamentamos profundamente el fallo no sólo por el daño ambiental y la intervención sobre la principal fuente de agua dulce del planeta, sino por el comportamiento de un ministro de la Corte Suprema". Para los legisladores: "daña profundamente a una de las principales instituciones del Estado ya que no garantiza ecuanimidad". Es justamente lo que la Concertación no promovido en la justicia, ni las organizaciones de derechos humanos, a saber, ecuanimidad.

Proponen una ley para evitar estos casos. Con todo, existe una ley que sanciona ese tipo de actos y se llama prevaricación al delito. El parlamentario del MAS, Alejandro Navarro propone crear “Ley Pierry”. Esa ley “impida a los jueces tener intereses en los fallos que estuvieren envueltos”.

 Sin embargo, los políticos como Girardi y el resto de la Concertación ha apoyado la prevaricación de los jueces que persiguen a los militares. Se acuerdan del abrazo sin pudor del juez Guzmán con la dirigente de los Detenidos Desaparecidos en los pasillos de la Corte Suprema, o del juez Solís casada con una terrorista del Mir. La Concertación apoyaba sin tapujos los conflictos de intereses de los mencionados magistrados. Cabe recordar que en el juicio de Pinochet en Londres, un juez tuvo que inhabilitarse porque su mujer era miembro de Amnistía Internacional. Ojalá que los políticos de derecha hablaran así, cuando se trata de los militares octogenarios.

 Como vemos, los parlamentarios no tienen nada que hacer, que complicar las cosas. Un ejemplo que los chilenos conocieron fue, pues, el Decreto Ley Nº 520, de 1932 de la República Socialista que la Unidad Popular usó.

El delito es aplicar la ley

Desde que comenzó la revolución comunista en Aysén con bombas molotov requisadas, varios autos destruidos y convertidos en barricadas, naturalmente la toma de los caminos principales de la XI Región, los medios y los políticos de oposición más algún oportunista de la Alianza en el parlamento, culpan al Gobierno de la violencia. Por una parte, me extraña que los reporteros no hayan identificado a los dueños de los vehículos dañados. Por otra parte, me parece sospechoso que los dueños de esos automóviles no hayan presentado una querella o que hayan denunciado a la prensa. Tengo el vago presentimiento que esas personas están bajo amenazas, por eso, no hablan.

En el post anterior denuncié como un hombre de Dios, miente y fomenta la violencia: “El Gobierno ha puesto la violencia”. Justo después de haber visitado Santiago y de haber presentado el pliego de peticiones en La Moneda, el obispo de Aysén, Luis Infanti, por los medios mostraron cómo fue quemado un bus de las Fuerzas Especiales de Carabineros. En otras palabras, la autoridad hace tiempo que está sobrepasada. Y la quema del vehículo es un desprecio.

Desde luego, que para los progres, tanto intelectuales como políticos, ejercer la autoridad es sinónimo de autoritarismo, pinochetismo y fascismo. Espero, dicho sea de paso, que estos mismos individuos no vean esas series norteamericanas cuyo título es Law &Order y se vayan a pasar sus vacaciones en un país en guerra interna, si tanto les gusta el desorden y el caos. Así tenemos que el asesor de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone en una columna aparecida en la semana pasada, sostiene que “El orden público es un bien a defender, pero no un ídolo que se construye con la dura madera de los bastonazos”. ¿Para qué tenemos gobierno? Los progres chilenos se olvidaron de las palabras de Madison: “Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno”. Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros se ha comportado como matones. En los mismos pasos están los líderes del Movimiento Social de Aysén, Iván Fuentes y Misael Ruíz. Luego agrega: “El Gobierno debe hacer oídos sordos a los aprendices de brujos, que gustan de nostálgicos tonos autoritarios y lo llevan por el camino de la polarización”. Ejercer la autoridad y aplicar las leyes correspondientes equivale a ser "nostálgicos de tonos autoritarios”, y por tanto, el Gobierno es el responsable y no los activista sociales. En la misma línea de Ottone, tenemos la columna del abogado demócrata cristiano, ex sub secretario del Ministerio de Interior de Lagos y ex ministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, titulada: “La doctrina de Piñera del orden público”. El primer párrafo desnuda el pensamiento progresista :”El Gobierno ensaya en Aysén su nueva política de no dialogar con movimientos que mantengan alterado el orden público. La doctrina puede ser sabia, pero como la van aplicando estas autoridades, amenaza con deplorables resultados”. O sea, es bueno incendiar el país. Sutil se contradice como político, pues el ex presidente Ricardo Lagos no tuvo problemas en aplicar la Ley de Seguridad de Interior del Estado, cuando los líderes de la locomoción colectiva alteraron el orden público en Santiago. Y finalmente, el profesor de Derecho y asesor de Lagos en materias culturales, Agustín Squella comenta en la sección Libros de ‘El Mercurio’ el último libro de Lagos, “El Chile que viene”. Allí, vemos de nuevo el desprecio del orden público, la paz y la tranquilidad, cuando la izquierda no está en el Gobierno: “Pero para lograrlo se requieren reformas políticas de envergadura, que no continúen siendo postergadas en nombre del buen estado de la economía interna o del inmovilismo que los conservadores llaman gobernabilidad”. De nuevo los políticos de la Concertación se contradicen, pues lo que ellos ufanan como coalición, es que entregaron gobernabilidad por veinte años. Y por ello, se consideran exitosos. Me queda claro, que a los políticos progresistas les gusta estar siempre bajo la ‘revolución permanente’ del líder comunista León Trosky. Esto último lo confirman las palabras de Bachelet y Ricardo Lagos, al acoger la demanda de los estudiantes, y culpando a la derecha de no haber podido realizarlas. ¿Cómo la definiríamos? Marchas continúas, toma ilegal de propiedades y saltarse las instituciones de la República. La política se hace en la calle más no el parlamento y la deciden grupos de intereses que denuncian los intereses de los demás. En vez de emprender prefieren crear la atmósfera de descontento y así sentirse estar encima de la cresta de la ola revolucionaria.

Queda claro, por lo expuesto en el último párrafo que para la derecha el Estado de Derecho y los derechos humanos significan cosas distintas que a la izquierda.

A ello se suma las desafortunadas las palabras del recién nombrado presidente del senado, el senador socialista Camilo Escalona, quien dijo: “Solicito, humildemente, a su excelencia, el Presidente de la República, el término de la violencia represiva”, con respecto Aysén. Sin embargo, esas palabras se condicen con otras que dijo antes: “Como Presidente del Senado, cumpliré sin dejar de ser lo que soy, un Senador de la República perteneciente a la oposición. Naturalmente, respetaré las obligaciones legales y constitucionales que esta responsabilidad significa”. Un poder del Estado le niega al Gobierno, que es otro poder del Estado, cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales. El senador Guido Girardi de izquierda sostuvo que si se aplica la ley de Seguridad de Interior del Estado, "simboliza el fracaso del camino republicano".

Ergo, el Gobierno destruyo los automóviles, los carabineros incendiaron su propio vehículo, los agentes del Estado quemaron neumáticos en los caminos y colocaron las barricadas. Represión significa velar por el orden y la seguridad de las personas.

El ex parlamentario de derecha y abogado, Hermógenes Pérez de Arce en su blog, nos ilustra que desde el nacimiento de la República, se han dictado diversas leyes para mantener el orden público. Así menciona el artículo 126 del Código Penal que es del año 1874, que condena con castigo de reclusión o confinamiento, que van desde 61 días hasta tres años de cárcel a "los que se alzaren públicamente con el propósito de... arrancarles (a los poderes constitucionales) resoluciones por medio de la fuerza". Y supongo que también habrá ocurrido en la Colonia, y en cualquier período de la historia humana con el único propósito de que podamos convivir.

Ahora bien, la institución que está bastante descarriada es, pues, la Iglesia Católica chilena. Así lo vemos en la declaración pública que saco a favor de los aiseninos, cuyo título es: “Junto con la comunidad de Aysén en esta hora delicada”. Se me caen las lágrimas el puro nombre del documento. Monseñor Ricardo Ezzati Andrelo, arzobispo de Santiago afirma: “Nos duele y preocupa que la violencia en el accionar y en el discurso termine torpedeando los acuerdos, contra la voluntad mayoritaria de buscar soluciones reales en un clima de paz y respeto”. Sin embargo, no denuncia quien ejerce la violencia. Luego agrega: “A todas las personas e instituciones directa e indirectamente involucradas en este conflicto, les pedimos con toda nuestra fuerza desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia. Cuando se anteponen al diálogo la presión ilegítima, las amenazas e intransigencias, la fuerza desplaza a la razón y es la comunidad en su conjunto la principal perdedora”. Nótese el tiempo en que se escribe la siguiente frase: “les pedimos con toda nuestra fuerza desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia”, como si no existiese las bombas molotov decomisadas, los autos particulares destruidos, el desabastecimiento generalizado que tuvo la comunidad de Aysén, la toma de puentes y rutas principales, y para rematar la quema del bus que transportaba las Fuerzas Especiales. Repito porque bordea en la locura de la declaración del Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Monseñor Ezzati: “desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia” ¿En qué país viven? ¿Por qué tanto asombrarse, si el arzobispo realizó la gestiones para que los mapuches terroristas que emboscaron un fiscal y su comitiva tuvieran un trato preferencial? ¿A qué le llaman ‘la presión ilegítima’? ¿Quién la ejerce? ¿El Gobierno o los actores sociales? Si la Iglesia piensa que es el primero, entonces como país nos vamos a las pailas, para usar una expresión que dijo un político oficialista.

Más aún, llegan a ser un desatino y caradura las palabras del agitador social, Iván Fuentes , quien a raíz de la querella contra veintidós personas involucradas en actos vandálicos en Aysén diga: “solicitando que retiren aquello (las querellas) para poder empezar a caminar como corresponde con gente civilizada, con gente del siglo XXI no con gente del siglo XIX hacia atrás”. Y agregue: “hay que entenderse desde el intelecto y no por la ley del garrote”. Si quiere hacer gala del intelecto, que renuncie a la toma de caminos y de hacer barricadas. ¿Qué hizo el señor Fuentes para impedir que se incendiara el bus de las Fuerzas Especiales? Naturalmente, la aplicación de la Ley de Seguridad del Interior del Estado no es contra los tres cabecillas del movimiento como tampoco se atrevieron culpar a Vallejos y Cía de los destrozos a la propiedad pública y privada. ¿Qué entiende el señor Fuentes por “caminar como corresponde con gente civilizada”? En otras palabras, la querella no es contra los autores intelectuales.

Los agitadores sociales están amparados por hombres de Dios, políticos e intelectuales que entienden que sus actos (delictivos) no traen consecuencias. Por eso, a la aplicación de la ley la denominan autoritarismo o represión. El delito es aplicar la ley.