Así como el gobierno de los K aceptó gustosamente que sus huestes cortaran las rutas, dandole visos de legalidad a una protesta que para nada debería tolerarse, también durante cinco años sus socios en las organizaciones de derechos humanos implementaron los "escraches" a los sospechados de haber participado en actos ilegales durante la represión del gobierno militar.
"A dónde vayan los iremos a buscar" era la consigna. Las llamamdas "organizaciones sociales" del kirchnerismo también ayudaron a oficializar el sistema, con "escraches"a Shell, a los supermercados, a la Rural... Ahora, el método se les vuelve en contra.
Estas protestas siguen siendo inaceptables, pero el gobierno -los gobiernos, incluyendo a los provinciales- se quedaron sin aval moral para reprimirlos, después de haberlos tolerado, si no directamente impulsado como arma política.
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