Impuestazo absurdo

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Art. 75.- Corresponde al Congreso... 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración...

CN
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Con la finalidad de INCUMPLIR el mandato constitucional, la Cámara de Diputados aprobó el 'Impuestazo Tecnológico'.
Veamos rapidito cómo fue la votación:
El proyecto se aprobó en general por 136 votos a favor, 61 en contra y 18 abstenciones.
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Curiosamente, fue la primera vez que el socialista Jorge Rivas participó de una sesión.
Rivas se moviliza en una silla de ruedas y se comunica por medio de una computadora que dirige con la mirada y cuyo sistema de software está conectado con los parlantes de la Cámara.
La mención no es casual, porque -para poner un ejemplo- todos los elementos tecnológicos que utiliza este señor -debido al impuestazo que votó- se encarecerán entre un 30 a un 40%.
Posiblemente a él estas cosas no le importan.
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El absurdo proyecto:

1. Declara 'productos suntuosos' a celulares, PC, laptops y monitores. Productos que son herramientas de trabajo y comunicación para la gran mayoría de los argentinos y que hacen al desarrollo económico, social y cultural del país. Por ejemplo, el teléfono celular es el único medio de comunicación para los más pobres.

2. Aumento de precios: 35 % una laptop, 15 % PC y 20 % un celular. Con lo que serán los más caros de América y probablemente del mundo.

3. Con estos aumentos se atrasa dos o tres años la llegada de nuevos equipos y los mercados de estos productos se reducen entre un 20 y un 40 %.

4. Agranda la Brecha Digital, retrasando al país aun más respecto de America Latina y el mundo. Actualmente Argentina está en el puesto número 10 de América Latina respecto a la densidad de PC por habitante y por detrás de Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile, entre otros.

5. Genera desempleo. Hoy en día hay 18 mil trabajadores que, en forma directa o indirecta, están empleados en las Pymes de capital nacional que producen PC, laptops y monitores en todo el país.

6. Destruye una industria nacional que ya está consolidada en todo el país por una industria que no existe en la provincia de Tierra del Fuego , que nunca fabricó una PC, laptops o monitor y genera sólo el 2 % de los celulares.

7. Aumentará la inseguridad, puesto que dichos productos tendrán un mayor valor de reventa en el mercado negro de artículos robados.

8. También aumentará el contrabando, por la mayor diferencia que habrá con los precios de estos productos en otros países.

9. Contribuirá a generar más recesión en la economía argentina por la retracción del mercado informático y celular.

10. Es una nueva contradicción entre lo que el Gobierno dice y lo que hace. Debido a que hace tan sólo una semana se anunció la Agenda Digital con el objetivo de que 'los beneficios de las TICs le lleguen a todos los argentinos'.
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Con el objetivo de moderar la fuerte polémica que se desató en torno al proyecto, parece que a último momento fueron excluidas las notebooks.
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El impuestazo será totalmente regresivo, ya que hará más difícil para los sectores con menores recursos la compra de productos electrónicos, aumentará la brecha tecnológica y dificultará el acceso a la información a los sectores menos pudientes de la sociedad.
Estas dificultades también se extenderán a los hogares, a las pequeñas empresas, a las escuelas, tanto públicas como privadas, y a las universidades.
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La iniciativa pretende beneficiar exclusivamente a Tierra del Fuego, lo cual es claramente violatorio del principio constitucional de igualdad.
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El argumento oficial de que las limitaciones a la compra de esta clase de productos permitirán el ahorro de energía no resiste el menor análisis, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los artefactos tecnológicos de última generación cuentan con dispositivos de ahorro energético, mientras que los equipos con más antigüedad -que ahora difícilmente podrían renovarse en hogares, escuelas y pequeñas empresas- consumen más.
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Es importante tener en cuenta que los artefactos que se producen en Tierra del Fuego -en definitiva el negocio que se pretende proteger- son los más caros de América Latina.


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