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1 de abril de 2016

Contrapunto







  A las personas de derecha que han participado en la cosa pública, ya sea de la academia, ya sea en la política a través de cargos públicos, que se opusieron al proyecto totalitario del gobierno marxista leninista de Salvador Allende, luego apoyaron el gobierno cívico militar o el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y una vez, que los militares entregaron el poder de acuerdo a su itinerario, los mismos que los apoyaron empezaron lentamente a darle la espalda y creerle el relato de la Izquierda. Mientras ésta última jamás abandono a los terroristas del Mir y del FPMR encarcelados y condenados conforme a ley, los políticos de la ex derecha se sintieron avergonzados de los militares asignados a la DINA y la luego CNI, como si hubiesen hecho algo malo. Por eso, los dejaron a su suerte, mientras aprobaban los indultos a los terroristas bajo los gobiernos de la Concertación.

   Esas personas las califique de la Generación Perdida, mientras que a los partidarios de la fracasada UP los denomine la Generación Maldita. Bajo esa expresión no caen por cierto, los comunes, ya que a ellos no les corresponde hacer las tareas que tendrían que haber hecho los políticos y académicos del sector. No solo está perdida, sino interiormente dividida con respecto al pasado, los derechos humanos hasta abrazar las banderas del adversario. Esa es la guinda de la torta.

  En marzo, no sé a quién se le ocurrió la idea de traer de vuelta la Constitución de 1925 con el único propósito de hermanar la Izquierda y la Derecha. De paso sepultar la Constitución de 1980 y estar en sintonía con el programa de la Nueva Mayoría que desea cambiar la Constitución que nos rige. Además ha sido exitosa.

   La división que he mencionado la podemos ver poniendo cara a cara al profesor de Historia y abogado, Gonzalo Rojas Sánchez y al abogado y escritor Arturo Fontaine Talavera, quien desde 1983 se convirtió en director del Centro de Estudios Públicos (CEP). Durante su período antes que los militares devolvieran el poder “ Muchos opositores encontraron allí un lugar donde plantear sus posiciones a través de artículos en Estudios Públicos.. Junto a otros centros de estudio como Cieplan, CED, Flacso y Sur, el CEP desempeñó un papel clave en el término de la dictadura y la transición”. Los que ayudo son partidarios de la retroexcavadora de la Nueva Mayoría. El primero se califica con orgullo se conservador, mientras el segundo se califica de liberal. Ambos pertenecen a la misma generación. Ambos apoyaron la intervención militar. El primero siempre ha defendido la verdad histórica, el segundo se paso a la Izquierda al formar parte del directorio del Museo de la Memoria. Al primero se ha preocupado de la sistemática violación a los derechos humanos cometida a los militares preso en Punta Peuco, el segundo le ha hecho la vista gorda al no respetarle el Estado de Derecho, el debido proceso. Y eso que ufana de liberal. Que a los militares no se les aplique la igualdad ante ley, que es un principio liberal, no le produce un sentimiento de injusticia. Rojas es odiado por la Izquierda y la extrema Izquierda, mientras Fontaine es querido por ella, sobre todo, por los grupos terroristas Mir y FPMR. ¿Por qué creen el Presidente Bachelet en su primer mandato lo eligió para que formara parte de directorio de esa institución sesgada? De hecho, escribió una novela al gusto de la Izquierda Doble Vida, en que trata de una torturada y de un implacable agente de seguridad. Hasta visito el penal menciona igual que el novelista Truman Capote para su novela A Sangre Fría. Le gusta repetir los cliché de la ex UP: ”Las causas no exculpan los posteriores horrores y sevicias que… vulneraron de modo sistemático la vida, el cuerpo y la dignidad de tantas personas. El Estado fue entonces victimario".

       El escritor Arturo Fontaine tuvo un debate hace tiempo con el historiador Gonzalo Rojas sobre el papel de las Fuerzas Armadas , en tiempos del general del Ejército, Emilio Cheyre. Según el poeta y novelista, éstas últimas no eran un patrimonio de ningún sector político: “El Ejercito y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumir como parte de su doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de 1973. Esto sin perjuicio de las opiniones de sus jefes y de su personal. Si lo hicieran podrían en peligro su naturaleza de fuerzas nacionales. El golpe fue una intervención de la política interna del país que atravesaba por una situación de excepción. Las circunstancias y motivos que dieron origen hace 30 años al derrocamiento del Presidente Salvador Allende pertenecen a la historia de la “guerra fría” y de la inserción de Chile en ella. Constituye ya materia de estudios para analistas e historiadores”.


   Cuando alguien arguye la expresión “guerra fría”, simplemente, no cree en la libertad entendida como responsabilidad. Y por tanto, asumir, las consecuencias de sus acciones. El contexto sirve para entender, lo que no implica dejar de lado la posibilidad para elegir entre el bien y el mal. Dicha expresión más bien la emplean como lo hace Fontaine y la Izquierda para quitarse una decisión por la cual optaron. Al final, el responsable es el “otro”: la Guerra Fría, el Padre o la Madre, el medio ambiente, la familia y el país.

   El historiador Gonzalo Rojas les responde con estas palabras: “En esta misma tribuna el Director del CEP ha sostenido que “El Ejercito y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumir como parte de su doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de 1973”. 
   Esta posición empalma bien con lo que ya se había deslizado en uno de los párrafos de la Declaración de la Mesa de Diálogo, cuando se afirmó que en el futuro jamás debían usarse medios no democráticos para procurar un cambio de gobierno, lo que implica un tácito reproche a la legitimidad del 11 de septiembre. Y esa declaración no la había firmado un profesor universitario, sino un general del Ejército de Chile”.

   Luego argumenta Rojas que lo diferencia el conflicto de 1891 y el gobierno de Ibañez de la Unidad Popular, es que no fue una disputa entre el Parlamento y el Ejecutivo; aunque haya desembocado en miles de muertos en Concón y Placilla, pues no era una cuestión de vida o muerte para el país. Agrega: “Distinto es el caso de la Unidad Popular. Partidarios y detractores del proceso allendista –en las fuentes y en las divergentes miradas históricas- califican a los años 70-73 como el único período en que el país ha estado a punto de ser consumido por una guerra civil larvada y a las puertas de la guerra civil abierta. Mientras unos allendista gritaban “No a la guerra civil”, otros partidarios del mismo gobierno infiltraban a las FF.AA. y formaban aparatos paramilitares de miles de hombres (recordar las confesiones al respecto de Corvalán, Altamirano y Pascal Allende). Estábamos inserto en la Guerra Fría, nos dice el mismo Fontaine”.

   Más adelante cita al propio Fontaine, quien era vocal de la FEUC en abril de 1973: “Lo que la ENU persigue es dar al Estado la ideología socialista-marxista. Para ello no educa sino adoctrina. Porque ¿qué significa ‘educar’ para una sociedad socialista?...Aunque en Chile fueran –o de otra tendencia- no sería legítimo implantar un sola concepción, impidiendo de hecho su cuestionamiento. El educando que no es libre, pasa de persona a robot de un Estado totalitario”. Añade Rojas: “Que bien entendía el profesor Fontaine en abril de 1973 la naturaleza de la amenaza, de vida o muerte que se cernía sobre Chile”.

   Según el profesor Rojas, no se puede sostener que los argumentos de el derecho a rebelión es legítimo y luego rechazarlo cuando las cosas son distintas como lo hace Fontaine, ya que “ellas en realidad carecerían de la radicalidad que se les exige para ser aplicables”. Después dice:“¿Qué sentido tendría ponderar su posible aplicación en medio de unas determinadas circunstancias concretas y llegar efectivamente a la conclusión de que la rebelión es la última salida a una crisis si se temiera que en el futuro alguien quizás dirá que existían otras posibilidades de solución? Simplemente estaríamos así ante la imposibilidad de aplicar el derecho de rebelión y, por tanto, frustraríamos toda su eficacia ante el ilegítimo agresor. O la rebelión es, fue y será siempre legítima en ese caso concreto o nunca lo fue”.

   Si razona así el profesor Arturo Fontaine no esperen que se conmueva de la injusticia que sufren los militares, a los cuales se les aplica delitos inexistentes como el secuestro permanente, o bien, se les imputa delitos que no pueden ser retroactivos como el delito de lesa humanidad. Sobre todo, no se les aplica la igualdad ante ley.

  En vez de evolucionar, involuciona. La coalición gobernante obtuvo el 26% de los votos. Uso la elección presidencial como una suerte de plebiscito al tener la posibilidad los electores de poner la “marca AC” en la boleta. Y aun así, los partidarios de marca AC no obtuvieron nada. A lo que se suma, que la mayoría del país rechaza al Presidente Bachelet y a la Nueva Mayoría. La Nueva Mayoría es la Nueva Minoría. Teniendo esos antecedentes, uno esperaría que los políticos y académicos de la ex Derecha se sumaran a la mayoría contraria al gobierno. Sin embargo, no es así. Ahí tenemos al Partido de Renovación Nacional proponiendo una alternativa al itinerario del gobierno para la Nueva Constitución. Ahora el ex director del CEP está proponiendo volver a la Constitución de 1925.

    Él lo expone de esta forma : “Pero una Constitución política surgida bajo el régimen del general Pinochet es muy difícil, si no imposible, que a la larga se legitime como la Constitución de todos. La razón es que el régimen militar divide y seguirá dividiendo a la sociedad chilena. El dolor causado por la transgresión sistemática de los derechos de las personas y la condena moral que ello suscita impiden que el fundamento común de la convivencia democrática haya emergido de ese mismo régimen.” Fíjense en la frase “la transgresión sistemática de los derechos de las personas”. Repite el coro de los derechos humanos de la Izquierda, cuando los terroristas del Mir y del FPMR no atentaron contra el derecho de las personas. También se le olvido de las violaciones sistemáticas a los derechos de la Unidad Popular.

   Según él, la nueva constitución tiene que partir de la Constitución de 1925 vigente hasta el 10 de septiembre de 1973. Mas reformada. No sé cómo Fontaine se puede tomar en serio el último discurso de Salvador Allende, cuando éste dice que respeto la ley y la Constitución. Ya se olvido de cómo concebían el Estado de Derecho la Unidad Popular: “injusticia económica y social”. Para el presidente marxista que tuvimos: “Sólo se realiza plenamente en la medida en que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista”. ¿Qué tiene que ver la igualdad ante ley con las desigualdades naturales?

  ¿Qué gran diferencia entre Gonzalo Rojas y Arturo Fontaine Talavera sobre la Constitución de 1925? Para el primero, la otrora Constitución fue responsable de que Allende instalase un gobierno totalitario , cosa que la actual Constitución de 1980 con sus cerrojos o contrapesos ha impedido que la Nueva Mayoría haga lo que quiera y tengamos un Hugo Chávez, Cristina K, Evo Morales y Nicolás Maduro. Otro Allende: “La Constitución de 1925 estuvo vigente completa hasta el 10 de septiembre de 1973 y fue justamente bajo su ordenamiento que Allende y su gente pudieron desarrollar el proyecto pre totalitario que conmovió a Chile”. Siguiendo con el razonamiento anterior, la Constitución de 1925 fue “co–causante de nuestra crisis”.

  Finalmente, enumera más los defectos que virtudes que tenía: “un texto que no incluye un reconocimiento explícito a la dignidad y libertad de la persona, que no consagra el derecho de los padres como primeros educadores, que no establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que no regula la autonomía del Banco Central, que no establece el recurso de protección, que consagra un Tribunal Constitucional de poca monta y que minimiza el papel de las Fuerzas Armadas”.

  Está claro que para Arturo Fontaine Talavera la Nueva Mayoría no es la Unidad Popular recargada y que Bachelet no es Allende. Así de ciego está.

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carancho dijo...

Como siempre, muy completo.
Parece que el canto de sirena progrezurdo enamora a algunos chilenos.
Lastima.

Juan Enrique Vicuña dijo...

La Constitución de 1925 permite la acusación del Presidente, para aprobarla se requieren 2 tercios de la Cámara de Diputados, lo que los oponentes del señor Allende no alcanzaron a obtener, es por esto que para sacarlo del puesto al que había sido electo de forma legal, usaron ilegalmente la fuerza a través de una rebelión militar, delito grave penado por el artículo 121 de nuestro Código Penal y el 256 del Código de Justicia Militar. Un gobierno ilegal, como fueron la junta militar dirigida por Pinochet Ugarte y su "presidencia", no pueden producir textos que tengan validez legal, acordarles alguna es tapar el origen delictual que tuvieron esos gobiernos.

 
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