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20 de junio de 2016

Los silencios del Instituto Libertad y Desarrollo







  El Instituto Libertad y Desarrollo elaboró dos informes. Uno sobre el conflicto en La Araucanía y otro sobre los beneficios penitenciarios. El primero se llama “La Política de Entrega de Tierras: Análisis y Desafíos de cara a un Nuevo Paradigma de Política Indígena” de abril de este años. El otro informe es “Sistema Carcelario y Libertad Condicional en Chile” de mayo.

   La Multigremial de La Araucanía ha estado más perdida, pues reunieron con Lorena Fríes del INDH para acabar con el conflicto y ahora junto LyD presenta propuestas de entrega de tierras , que por cierto, van generar problemas.

  Pues bien, el primer informe de 24 páginas hace un análisis de Ley 19.253, la violencia en la región, hace comparaciones con países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Finalmente, llega a una conclusión.

   En el primer párrafo señala: “Particularmente, la política de entrega de tierras, amparada en la Ley 19.253, se configura como una piedra de tope para la instauración de la paz social en la zona, en cuanto reproduce e intensifica el conflicto”. Observen que usa la expresión “paz social” y no paz. La primera expresión consiste en que un grupo minoritario usa la extorsión o amenaza para conseguir una cosa. Lo cierto es que el actual conflicto partió con esa Ley.

   Sin embargo, Julio Bazán Álvarez, autor de los libros ¿Es mapuche el conflicto? y Lo Derrocó el Pueblo, nos ilustra que esa ley abundan conceptos vagos como “tierras ancestrales” y “pueblo mapuche”. Los investigadores de LyD no vieron eso. La ley 19.253 pasa a llevar a propiedad privada. Señala, asimismo el autor, que no hay un tal derecho de tierras, ni derecho a restitución de tierras.

  Esa ley les da calidad de derecho positivo a los pueblos originarios por encima del Estado de Derecho. Igualmente, esa ley pasa a llevar los títulos bien adquiridos e inscritos en base al Estado de Derecho. Eso no lo vieron los investigadores.

   Los pilares del conflicto son, según Bazán en su blog : “La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, La Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, los activistas de los movimientos indiginista; las ONG que los financian, las legislaciones pro indígenas aprobadas en el Parlamento y la sujeción de los Gobiernos a las presiones de las extremistas”.

   Los investigadores concluyen: “De esta forma, se sugiere su modificación, con el fin de mejorar el proceso de restitución de tierras, poniendo énfasis en un desarrollo integral de los pueblos indígenas”.    En una entrevista realizada por El Mercurio de Santiago a Julio Bazán Álvarez, él afirma que la mencionada ley era innecesaria : “Jamás. Era una ley innecesaria. El saneamiento de tierras de las reducciones indígenas estaba resuelto cuando llegó el señor Aylwin". Por algo, al general Augusto Pinochet recibió un título indígena “Ulme Futa Lonko” o el Gran Cabecilla del Pueblo Mapuche. El informe dice algo importante. Las tierras que se han entregado están abandonas y no trabajadas.

   Concluyen también que la comunidad demandante tiene que poseer el título originario de la merced y para iniciar el proceso de reivindicación de tierra, sin “poner el riesgo la propiedad privada de la zona”. ¿No es un contrasentido? La ley 19.253 vulnera la propiedad privada.

   Los investigadores recomiendan: “Conjuntamente el Estado no debe negociar o beneficiar a personas o comunidades que hayan participado en hechos de violencia como medida de reivindicación de derechos”. Eso es lo que han hecho desde que dicto esa ley. ¿Qué creen que son sus interlocutores en el gobierno?

   Julio Bazán Álvarez en su blog comenta los Informes que saco el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el Instituto Libertad y Desarrollo sobre el conflicto en La Araucanía . Él cuestiona que no existen los derechos restitución de tierras como hacen ver esos Informes. Sobre el Informe de LyD, afirma:”sin entrar a destacar la cantidad de errores conceptuales que este informe contiene al analizar la situación de la propiedad en La Araucanía y otras regiones del sur”. Ni yo podría haber sido tan lapidario con respecto a esos Centro de Estudios: “Estos supuestos, reflejan como la propaganda indigenista ha logrado la aceptación de sus consignas, (contenidas en el Informe aludido y publicitadas con entusiasmo por medios de comunicación), son aceptadas como verdaderas por instituciones que se suponen informadas y celosas de cuidar los respaldos de sus afirmaciones: triunfo de la propaganda de las demandas engañosas, que conducirán al país a objetivos geopolíticos peligrosos para la soberanía nacional, y que no tienen sustentación histórica ni jurídica, como se demuestra en numerosos artículos de este Blog”. (La negrilla es mía). Como muestra en su blog Julio Bazán, hay intensiones separatistas de los grupos minoritarios terroristas. De ahí la expresión “al país a objetivos geopolíticos peligrosos para la soberanía nacional”. Dos think tank de derecha atrapados por consignas de la Izquierda.

 La solución para La Araucanía como dice en la entrevista del 2011, es “proveyendo gran desarrollo económico en la zona, integrando al campesinado”.

   Es sabido que el Gobierno de Michelle Bachelet saco de la cárcel a 1400 reclusos de Santiago y Valparaíso saco de la cárcel a 1400 reclusos de Santiago y Valparaíso , mucho de los cuales son asesinos, violadores y narcotraficantes, por el pretexto de que existía hacinamiento. Según el Informe de LyD, el otorgamiento de la libertad condicional ha ido en ascenso. De acuerdo a Gendarmería existen 163 recintos penitenciarios. Naturalmente, para otorgar ese beneficio se requiere ciertas condiciones. No voy a entrar a enumerar la condiciones de la libertad condicional para el asunto que quiero abordar. Se nota, que para el Instituto Libertad y Desarrollo no existe el gulag de Punta Peuco. De lo contrario, hubieran escrito un Informe denunciando que discriminan a los reos de ese penal como se han visto en artículos publicados en blog y en otros sitios. A ellos se les niega todos los beneficios carcelarios que tienen los reos comunes. Tampoco les conmueve que todos los presos allí sean personas ancianas que tienen problemas médicos propios de su edad. Quizás los miembros de ese think tank no se pronuncian sobre los ancianos del gulag mencionado, porque no quieren ser tildados de fachos, pinochetistas y nazis u otro epíteto que se les ocurra a la Izquierda.

   El penal de Punta Peuco es descrito por las personas que lo han visitado como “Asilo de Ancianos” enrejado. Tiene muros, si es que no equivoco de 6 metros. En invierno, la temperatura llega a -6 grados. Un lugar ideal para personas de Tercera Edad.

   ¿Qué le importara que las personas allá están ciegos, otros tenga Alzheimer, o no tenga conciencia donde se encuentran, otros tienen diversos tipos diabetes e hipertensos? ¿Van a tomar en serio los informes del psicólogo de ese recinto que le da el pase a los reclusos para que puedan gozar de la libertad condicional? Una vez que tenga el informe de Gendarmería, el Instituto LyD elaborará otro informe haciendo comparaciones y citando a un “experto”.

   Por ejemplo, cuando son llevados al hospital de su institución: “Cuando los reclusos deben ser llevados a los hospitales de las FF.AA o de Orden, lo hacen en carros celulares, incómodos, con conducción poco suave, con chaleco de imputado (amarillo, de plástico), que produce abundante transpiración (peligro de enfriamiento), esposados y si están hospitalizados, permanecen con centinela permanente de Gendarmería, este aspecto para ancianos es inhumano”. Como si les fueran a escapar.

   Es un detalle insignificante para el Instituto es que a los reos de ese penal no se les aplique la Ley de Amnistía de 1978, la prescripción, ni la igualdad ante ley.

   Se desprende, por tanto, que el reconocido think tank cree que los generales y almirantes en retiro presos son “un peligro para la sociedad” tan como el senador Orpis, o que ellos (los reos) cometieron delitos de lesa humanidad, aún cuando la ley que tipifica ese delito no sea retroactiva, o creen que los reos de Punto Peuco son ‘violadores de los derechos humanos’ como les llama Izquierda.

  Queda claro los silencios en que cae el Instituto Libertad y Desarrollo.

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Anónimo dijo...

se me había pasado leer este post
me llama la atención que en Peronia, siempre atentos a las "amenazas extranjeras" de los que nos quieren robar territorio, agua, mujeres, tecnología, arroz con leche, etc no haya nadie que observe el singular fenómeno del reclamo territorial mapuche, un Plan Andinia de veras donde los que pretenden alzarse con media patagonia argentina y chilena no son los judíos sino los "indígenas"

TRESLETRAS

 
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