Y la revolución comunista sigue su curso

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¿Alguien pensó que con la alta abstención de las elecciones municipales de este año el Gobierno de Michelle Bachelet iba a dar un giro de 180º, como el conservador heterodoxo Daniel Mansuy pensó en el tiempo de llamado ‘realismo sin renuncia’ teniendo en mente los gobiernos socialistas francés de François Mitterrand, el cual tuvo que cambiar en su segundo tiempo? Su última línea lo dice todo: “No es seguro que mañana podamos decir lo mismo de Michelle Bachelet”. Además, Bachelet jamás se ha identificado ya sea la socialdemocracia alemana, ya sea el laborismo inglés, ya sea el socialismo francés o con el socialismo español, cuando el PSOE abandono el leninismo. Su mundo es el comunismo, ya sea la cárcel de la ex RDA, ya sea la isla cárcel de Cuba manejada por los hermanos Castro.

   Según el sitio el Pulso , en septiembre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista habían establecido un acuerdo base en el documento “Hacia un nuevo pacto de convivencia”. En ella los abogados establecen: “Nos hemos preguntado lo siguiente: ¿Pueden dos partidos, como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista -partidos con matrices ideológicas disímiles - contribuir objetiva y responsablemente al propósito de que el proceso constituyente prospere en beneficio de nuestro país? En nuestra opinión, no se trata de una posibilidad sino más bien de un deber”.

   De un universo electoral de 18 millones, el Partido Comunista en la elección municipal apenas obtuvo 250.000 votos. Lo que es nada misma. Sin embargo, desafortunadamente para el país ese el partido que lleva la batuta, marca el norte y la dirección del gobierno. Un minoría insignificante.

   El mencionado documento lo firmaron los abogados Jorge Correa Sutil, María Pía Silva y Javier Couso por parte de la Democracia Cristiana. El último abogado, si es mi memoria no falla estuvo trabajando en el CEP y formó parte de la Comisión Valech. Por parte del Partido Comunista firmaron los abogados Jaime Gajardo, Carlos Arrue, Patricio Palme y Bárbara Sepúlveda.

  Las conclusión de los abogados de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista es que el Estado tenga mayor injerencia en la economía, al contrario de lo que sostiene la Constitución de 1980: “pueden convenir en una visión común en torno al rol del Estado que incluye su función activa en la economía, dado que tenemos una visión crítica de la forma en que la Constitución de 1980 entiende su tarea subsidiaria”. La Nueva Mayoría no son capaces de mejorar la salud y la educación pública, así y todo, estos iluminados quieren meterse en la economía. Dudo que el paro público que hubo en noviembre los haya hecho repensar sus planteamientos. La empresa estatal Codelco está en quiebra. Eso tampoco les importa. Pronto el país va quebrar.

  Tienen varias cosas en común esos dos partidos. Ambos son estatistas y burócratas. Ambos creen en la tontera de que la propiedad privada ha de tener una función social o estar supeditada al bien común. Ambos son comunistas.

   Según la Nueva Constitución que desean los socialista burgueses y los marxistas, el eje del nuevo texto son los derechos humanos en todos los ámbitos: “apreciación común sobre la centralidad de los derechos humanos y podemos coincidir en que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, serán parte sustancial de la futura construcción legal”. Teniendo en alta consideración la dignidad humana y las libertades y sobre todo “sobre los avances alcanzados por la humanidad en materia de DDHH”.

  Queda claro como el agua que la Democracia Cristiana no considera los crímenes y atentados del grupo terrorista del FPMR, brazo armado del Partido Comunista como una violación a los derechos humanos, en que perdieron las vidas tanto civiles como militares. Por tanto, no hay que tomarse en serio cuando hablan de ‘las violaciones sistemáticas a los derechos humanos’ bajo el Gobierno Militar.

   Si en realidad le importa la dignidad humana, entonces los militares ancianos en el gulag de Punta Peuco estarían libres, pues es un atentado a los derechos humanos no aplicar la igualdad ante la ley y no darle los mismos beneficios que recibieron los terroristas. Eso me recuerda, que cuando Bachelet fue a la ONU en septiembre hablo de los derechos humanos para referirse a Venezuela, sin nombrar el país, como si en democracia y en su propio país a los militares se les niega la ley. Se supone que en democracia no se violan los derechos humanos.

  Para el director de la Fundación Horizontal y miembro del Partido Evópoli, el neoderechista, Hernán Larraín Matte, y que además, formó parte del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente afirmó, cuando éste hubo acabado: “No podemos decir que Chile habló”. Obvio, si nadie le intereso. Si el temario estaba predeterminado de antemano. Así que no se podía proponer cualquiera cosa. Con todo, al terminar el Proceso Constituyente la mayoría de los participaron proponían ideas más en sintonía con la Nueva Mayoría, esto es, que los derechos sociales estuviesen garantizados en la nueva Constitución. Esos derechos que tanto les gustan a los progresistas burgueses y marxistas son privilegios que se financian a costa de los demás.

  En los 15 mil Encuentros Locales auto convocado solo participaron 83 mil personas de un universo de 14.121.316 electores, lo que representa apenas el 0,58% del electoral. Hay que tener en cuenta que en los cabildos podían partcipar hasta los menos de edad, desde los 14 años.

   Luego de la lluvia de ideas que fue el proceso constituyente, la revista Que Pasa cuenta que La Moneda encargó un grupo de profesionales de distintas áreas humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Diego Portales recoger en forma sistemática, esto es, en frases claras y distintas las propuestas de los cabildos. En otras palabras codificar. En los Encuentros Locales (ELAS) se registraron 256 mil ideas. Dicho sea de paso, los profesionales trabajan en el sótano de la mencionada universidad.

   ¿Cómo filtran tantas ideas? A través de una metodología. Conforme a ésta, según cuenta Que Pasa: “Su sueldo es por frase sistematizada, por ello el ritmo de trabajo es intenso, casi sin detenciones y en algunas ocasiones alcanzando el día y la noche. Trescientas opiniones, en promedio, son las que codifican por día, en un diseño metodológico que se creó para cumplir con el inexorable mandato presidencial: que cada opinión de los participantes fuera recogida de forma fidedigna”. Trabajólicos.  Si bien el trabajo de los profesionales terminó en octubre, el Gobierno no está apuro, pues no quiere desprolijidad.

   La persona a cargo del equipo de 100 personas es, pues, el filósofo Claudio Fuentes, director del Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. El propósito de la metodología es que no haya ambigüedad o interpretación en las frases: “tenga una estructura gramatical estándar para que pueda ser procesada de forma irrestrictamente descriptiva, con el fin de que no exista ningún juicio interpretativo”.

  Asimismo, Que Pasa nos cuenta que la Secretaría General de la Presidencia buscó un método fiable, ya que no había una experiencia internacional o nacional para procesar las opiniones de las personas que participaron en los cabildos. El Gobierno no quería una muestra al estilo de las encuestas, sino “la fidelidad de lo expresado por los ciudadanos que participaron del proceso y, además, porque abarcaba el universo de esas opiniones”. El informe final que le entregaran al presidente de la República estará divido en cuatro ejes: derechos, deberes, instituciones y valores.

   Según revela Que Pasa, el Gobierno en un acto en la plaza de la Constitución va mostrar las bases ciudadanas con una exposición sobre la participación del nuevo texto: “El proceso seguirá su curso normal, asegura la misma fuente”. Como si nada.

   Ahora bien, ¿no encuentran que se oponen abiertamente el acuerdo de la Democracia Cristiana con el Partido Comunista sobre la Constitución y el proceso constituyente? El primero es elitista y el segundo son las opiniones de las personas que participaron en los cabildos. Y entre los dos, está el equipo de profesionales que tiene que ordenar las frases.

   La Revolución sigue su curso. Los cambios de ministros que ha habido no significan nada. Al Partido Comunista no le gustaba el demócrata cristiano, Jorge Burgos. El partido de Camila Vallejo se identifica con el ex ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien ocupa el cargo de Secretario General de la Presidencia. Por tanto, pertenece al círculo hierro de Bachelet. Una prueba de ello, son las recientes declaraciones del diputado de la retroexcavadora y primer vicepresidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana , quien dijo: "Eyzaguirre representa las reformas". Antes había dicho que la oposición había criticado el equipo político: "Aquí hay quienes han criticado fuertemente al equipo político, pero, en el fondo, lo que quisieran es retrasar o derechamente frenar las reformas". Como si nada.

   Lo anterior me lleva a una frase recurrente del jurista constitucional de Bachelet, Fernando Atria en su libro La Constitución tramposa, es que tenemos un modo de vida impuesto conforme al rayado de cancha de la Constitución de 1980.  En esta última a igual que en la Constitución norteamericana cada persona persigue son fines, mientras no viole la libertad, la vida y la propiedad de las otras personas: “Cuando mira al pasado, la pregunta es por el modo de vida, la forma de existencia política que hemos asumido viviendo bajo una decisión que en origen pudo haber sido heterónoma, impuesta”.

   Después compara la Constitución actual con las cadenas: “Es claro que esto entraña un riesgo de falsa conciencia, de que nos ocurra como al tío Tom y nos enamoremos de nuestras propias cadenas convenciéndonos de que no son cadenas”. Supongo que la libertad de enseñanza es una cadena como también la libertad de emprender y el resguardo de la propiedad privada. Más adelante dice: “Instituciones heterónomamente impuestas pueden someter al pueblo por la fuerza por diecisiete años, primero, y después si el trauma es suficientemente grande, por veinte años o más”.El negocio de la Izquierda es parasitar de lo que llaman trauma, aun cuando tres cuartas partes de la población apoyo el 11 de septiembre chileno.

  Según Atria, la crisis de legitimidad del actual ordenamiento económico y constitucional se puso de manifiesto con las manifestaciones estudiantiles que comenzaron el 2011, en el gobierno de Piñera: “que el pueblo chileno ya no acepta que los términos fundamentales de la vida en común sean los que quiso Pinochet o sus partidario…”.

   Sin embargo, en estos dos años y tanto del segundo gobierno de Bachelet, la Nueva Mayoría ha querido alterar el modo de vida que le gustan a los chilenos. Ella no escucha.

  Espero que en la próxima elección presidencial, la abstención llegue a un 80%, de ese modo la constitución chavista de Bachelet carecerá de legitimidad.