Con el motín que provocó en Gendarmería y Prefectura (y casi casi en las Fuerzas Armadas de no ser por unos parches burdos montados por Puricelli justo a tiempo) por su política salarial perversa, rencorosa, ilegal y vengativa, el Gobierno demostró que no le interesa mantener instituciones de seguridad razonablemente remuneradas y con una moral apta para enfrentar sus tareas en momentos en que la inseguridad es una preocupación constante de la sociedad.
Con el redespliegue y "carabinerización" de Gendarmería y Prefectura que no responde a ninguna razón que no sea su desconfianza hacia la Policía Federal y su odio hacia los militares, el Gobierno demuestra que no le importa que la frontera haya quedado abierta y expuesta a cualquier actividad ilícita.
Con el episodio vergonzoso del embajador argentino en Venezuela poniéndose del lado de los matones de la policía secreta chavista que apremiaron a unos periodistas argentinos, y encima insinuando que la culpa del episodio la tuvieron los propios compatriotas que debería haber defendido inmediatamente, el Gobierno demuestra que le tiene sin cuidado lo que le pueda pasar a los argentinos en el exterior y que nadie debe esperar que el Estado argentino acuda en su defensa si algo le pasa al exterior.
Con el papelón de la Fragata Libertad, retenida con su tripulación por un gobierno extranjero que actúa con bases legales cuanto menos dudosas en un episodio humillante como pocos en la historia reciente argentina, el cual se produjo a pesar de las advertencias hechas por especialistas acerca de la inconveniencia de visitar Ghana, el Gobierno demuestra que no le calienta en lo más mínimo la seguridad del patrimonio del Estado y de los medios de la defensa nacional, y que el desinterés por la seguridad de los argentinos en el mundo se extiende a sus propios empleados.
Creo que una de las pocas cosas en las que podemos encontrar un alto grado de coincidencias a través del espectro político (con excepción evidente del kirchnerismo, porque excluiríamos de ese espectro a aquellas fuerzas movidas únicamente por su profunda mala leche) es en el hecho de que la primera y más fundamental misión del Estado es la de proteger a los habitantes de su país, ya sea de la violencia doméstica criminal como de la violencia exterior estatal o no estatal.
El Estado argentino no sólo ha demostrado que es incapaz de cumplir con dicha tarea elemental y básica, sino que ni siquiera le importa hacerlo o descubrirse incapaz de hacerlo. Y esa comprobación, que deja sumidas en la irrelevancia cuestiones tales como lo mucho que nos pueda librar el Estado de la carga horrible de pagar por el fóbal o recompensar los embarazos irresponsables o montar ferias donde se presenta como gran logro tecnológico un caza prototipo de la década del '50 que ya era obsoleto antes de que terminara sus vuelos de prueba, nos lleva a una pregunta clave:
¿Ha perdido el Estado Argentino su razón de ser?
