El delito es aplicar la ley

Desde que comenzó la revolución comunista en Aysén con bombas molotov requisadas, varios autos destruidos y convertidos en barricadas, naturalmente la toma de los caminos principales de la XI Región, los medios y los políticos de oposición más algún oportunista de la Alianza en el parlamento, culpan al Gobierno de la violencia. Por una parte, me extraña que los reporteros no hayan identificado a los dueños de los vehículos dañados. Por otra parte, me parece sospechoso que los dueños de esos automóviles no hayan presentado una querella o que hayan denunciado a la prensa. Tengo el vago presentimiento que esas personas están bajo amenazas, por eso, no hablan.

En el post anterior denuncié como un hombre de Dios, miente y fomenta la violencia: “El Gobierno ha puesto la violencia”. Justo después de haber visitado Santiago y de haber presentado el pliego de peticiones en La Moneda, el obispo de Aysén, Luis Infanti, por los medios mostraron cómo fue quemado un bus de las Fuerzas Especiales de Carabineros. En otras palabras, la autoridad hace tiempo que está sobrepasada. Y la quema del vehículo es un desprecio.

Desde luego, que para los progres, tanto intelectuales como políticos, ejercer la autoridad es sinónimo de autoritarismo, pinochetismo y fascismo. Espero, dicho sea de paso, que estos mismos individuos no vean esas series norteamericanas cuyo título es Law &Order y se vayan a pasar sus vacaciones en un país en guerra interna, si tanto les gusta el desorden y el caos. Así tenemos que el asesor de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone en una columna aparecida en la semana pasada, sostiene que “El orden público es un bien a defender, pero no un ídolo que se construye con la dura madera de los bastonazos”. ¿Para qué tenemos gobierno? Los progres chilenos se olvidaron de las palabras de Madison: “Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno”. Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros se ha comportado como matones. En los mismos pasos están los líderes del Movimiento Social de Aysén, Iván Fuentes y Misael Ruíz. Luego agrega: “El Gobierno debe hacer oídos sordos a los aprendices de brujos, que gustan de nostálgicos tonos autoritarios y lo llevan por el camino de la polarización”. Ejercer la autoridad y aplicar las leyes correspondientes equivale a ser "nostálgicos de tonos autoritarios”, y por tanto, el Gobierno es el responsable y no los activista sociales. En la misma línea de Ottone, tenemos la columna del abogado demócrata cristiano, ex sub secretario del Ministerio de Interior de Lagos y ex ministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, titulada: “La doctrina de Piñera del orden público”. El primer párrafo desnuda el pensamiento progresista :”El Gobierno ensaya en Aysén su nueva política de no dialogar con movimientos que mantengan alterado el orden público. La doctrina puede ser sabia, pero como la van aplicando estas autoridades, amenaza con deplorables resultados”. O sea, es bueno incendiar el país. Sutil se contradice como político, pues el ex presidente Ricardo Lagos no tuvo problemas en aplicar la Ley de Seguridad de Interior del Estado, cuando los líderes de la locomoción colectiva alteraron el orden público en Santiago. Y finalmente, el profesor de Derecho y asesor de Lagos en materias culturales, Agustín Squella comenta en la sección Libros de ‘El Mercurio’ el último libro de Lagos, “El Chile que viene”. Allí, vemos de nuevo el desprecio del orden público, la paz y la tranquilidad, cuando la izquierda no está en el Gobierno: “Pero para lograrlo se requieren reformas políticas de envergadura, que no continúen siendo postergadas en nombre del buen estado de la economía interna o del inmovilismo que los conservadores llaman gobernabilidad”. De nuevo los políticos de la Concertación se contradicen, pues lo que ellos ufanan como coalición, es que entregaron gobernabilidad por veinte años. Y por ello, se consideran exitosos. Me queda claro, que a los políticos progresistas les gusta estar siempre bajo la ‘revolución permanente’ del líder comunista León Trosky. Esto último lo confirman las palabras de Bachelet y Ricardo Lagos, al acoger la demanda de los estudiantes, y culpando a la derecha de no haber podido realizarlas. ¿Cómo la definiríamos? Marchas continúas, toma ilegal de propiedades y saltarse las instituciones de la República. La política se hace en la calle más no el parlamento y la deciden grupos de intereses que denuncian los intereses de los demás. En vez de emprender prefieren crear la atmósfera de descontento y así sentirse estar encima de la cresta de la ola revolucionaria.

Queda claro, por lo expuesto en el último párrafo que para la derecha el Estado de Derecho y los derechos humanos significan cosas distintas que a la izquierda.

A ello se suma las desafortunadas las palabras del recién nombrado presidente del senado, el senador socialista Camilo Escalona, quien dijo: “Solicito, humildemente, a su excelencia, el Presidente de la República, el término de la violencia represiva”, con respecto Aysén. Sin embargo, esas palabras se condicen con otras que dijo antes: “Como Presidente del Senado, cumpliré sin dejar de ser lo que soy, un Senador de la República perteneciente a la oposición. Naturalmente, respetaré las obligaciones legales y constitucionales que esta responsabilidad significa”. Un poder del Estado le niega al Gobierno, que es otro poder del Estado, cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales. El senador Guido Girardi de izquierda sostuvo que si se aplica la ley de Seguridad de Interior del Estado, "simboliza el fracaso del camino republicano".

Ergo, el Gobierno destruyo los automóviles, los carabineros incendiaron su propio vehículo, los agentes del Estado quemaron neumáticos en los caminos y colocaron las barricadas. Represión significa velar por el orden y la seguridad de las personas.

El ex parlamentario de derecha y abogado, Hermógenes Pérez de Arce en su blog, nos ilustra que desde el nacimiento de la República, se han dictado diversas leyes para mantener el orden público. Así menciona el artículo 126 del Código Penal que es del año 1874, que condena con castigo de reclusión o confinamiento, que van desde 61 días hasta tres años de cárcel a "los que se alzaren públicamente con el propósito de... arrancarles (a los poderes constitucionales) resoluciones por medio de la fuerza". Y supongo que también habrá ocurrido en la Colonia, y en cualquier período de la historia humana con el único propósito de que podamos convivir.

Ahora bien, la institución que está bastante descarriada es, pues, la Iglesia Católica chilena. Así lo vemos en la declaración pública que saco a favor de los aiseninos, cuyo título es: “Junto con la comunidad de Aysén en esta hora delicada”. Se me caen las lágrimas el puro nombre del documento. Monseñor Ricardo Ezzati Andrelo, arzobispo de Santiago afirma: “Nos duele y preocupa que la violencia en el accionar y en el discurso termine torpedeando los acuerdos, contra la voluntad mayoritaria de buscar soluciones reales en un clima de paz y respeto”. Sin embargo, no denuncia quien ejerce la violencia. Luego agrega: “A todas las personas e instituciones directa e indirectamente involucradas en este conflicto, les pedimos con toda nuestra fuerza desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia. Cuando se anteponen al diálogo la presión ilegítima, las amenazas e intransigencias, la fuerza desplaza a la razón y es la comunidad en su conjunto la principal perdedora”. Nótese el tiempo en que se escribe la siguiente frase: “les pedimos con toda nuestra fuerza desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia”, como si no existiese las bombas molotov decomisadas, los autos particulares destruidos, el desabastecimiento generalizado que tuvo la comunidad de Aysén, la toma de puentes y rutas principales, y para rematar la quema del bus que transportaba las Fuerzas Especiales. Repito porque bordea en la locura de la declaración del Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Monseñor Ezzati: “desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia” ¿En qué país viven? ¿Por qué tanto asombrarse, si el arzobispo realizó la gestiones para que los mapuches terroristas que emboscaron un fiscal y su comitiva tuvieran un trato preferencial? ¿A qué le llaman ‘la presión ilegítima’? ¿Quién la ejerce? ¿El Gobierno o los actores sociales? Si la Iglesia piensa que es el primero, entonces como país nos vamos a las pailas, para usar una expresión que dijo un político oficialista.

Más aún, llegan a ser un desatino y caradura las palabras del agitador social, Iván Fuentes , quien a raíz de la querella contra veintidós personas involucradas en actos vandálicos en Aysén diga: “solicitando que retiren aquello (las querellas) para poder empezar a caminar como corresponde con gente civilizada, con gente del siglo XXI no con gente del siglo XIX hacia atrás”. Y agregue: “hay que entenderse desde el intelecto y no por la ley del garrote”. Si quiere hacer gala del intelecto, que renuncie a la toma de caminos y de hacer barricadas. ¿Qué hizo el señor Fuentes para impedir que se incendiara el bus de las Fuerzas Especiales? Naturalmente, la aplicación de la Ley de Seguridad del Interior del Estado no es contra los tres cabecillas del movimiento como tampoco se atrevieron culpar a Vallejos y Cía de los destrozos a la propiedad pública y privada. ¿Qué entiende el señor Fuentes por “caminar como corresponde con gente civilizada”? En otras palabras, la querella no es contra los autores intelectuales.

Los agitadores sociales están amparados por hombres de Dios, políticos e intelectuales que entienden que sus actos (delictivos) no traen consecuencias. Por eso, a la aplicación de la ley la denominan autoritarismo o represión. El delito es aplicar la ley.