“No respetan el estado de derecho o la decencia humana”

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  Me llamaron la atención de las palabras que dijo el presidente norteamericano Donald Trump a raíz de la muerte del estudiante de economía de la Universidad Otto Warmbier bajo el régimen de Corea del Norte: "El destino de Otto profundiza la determinación de mi administración de evitar que tales tragedias a manos de regímenes que no respetan el estado de derecho o la decencia humana básica lleguen a personas inocentes".

   El Estado de Derecho viene a ser lo mismo que la decencia humana básica. Trump no condeno a nortecorea por violar los derechos humanos como suelen decir los zurdos chilenos. Aunque la expresión ‘violar los derechos humanos’ se ha presta para diversas cosas. Las palabras del presidente norteamericano también valen para Chile. Chile no es Corea del Norte. El Partido Comunista chileno apoya la dictadura comunista de ese país. Y Bachelet apoya al PC.

  Chile es distinto de la dictadura comunista de Corea, pues estamos en democracia como dice Bachelet poniendo énfasis en la expresión ‘en democracia’. Según algunos, ya estamos en una dictadura democrática, puesto que la Nueva Mayoría hace que las instituciones les favorezca a ellos, mientras que a los políticos opositores les llega todo el peso de ley. No hay ninguna institución que se salve: los Tribunales de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado. Para unos hay prescripción del delito, si son de Izquierda, ya sean civiles o terroristas, para otros no rige la prescripción, porque son militares o son políticos de derecha.

   El estado de derecho comenzó a erosionarse con la “Llegada de la Alegría”, cuando el ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin traicionó a los militares con el Informe Rettig y con la reinterpretación de la Ley de Amnistía, mientras liberan a través de indultos a los terroristas y los miristas se beneficiaban con la amnistía. Recuérdese que los grupos armados de la extrema izquierda extorsionaron al primer gobierno de la Concertación exigiendo el mencionado informe a la vez que instalaban los llamados ‘jueces de derechos humanos’, cosa que no existe en nuestra legislación tales jueces como tampoco existe los delitos de derechos humanos tal cual les gusta repetir a los medios para condenar a los militares. Abierta discriminación.

   La cárcel de Punta Peuco, donde están presos los militares ancianos es un símbolo de la indecencia humana. En primer lugar, les niega la Ley de Aministía de 1978. En segundo lugar, la igualdad ante ley, pues mientras los terroristas del FPMR fueron indultados a los militares asignados a la CNI han sido condenados. En tercer lugar, los jueces han cometido el delito de prevaricación, que en cualquier país civilizado estarían castigados. En cuarto lugar, se les imputa delitos que no son retroactivos como el delito de lesa humanidad que condena el genocidio. Aquí no hubo tal práctica En quinto lugar, se les niega los derechos carcelarios como la salida dominical, que los terroristas tuvieron bajo los gobiernos de la ex Concertación.Y por último, se les niega el indulto humanitario en caso de que tengan enfermedades terminales, que el bloque DC/UP hizo con algún terrorista que tenía cáncer. En el Penal de Punta Peuco ha muerto el único reo que tenía Alzheimer.

   Sabemos que a la llamada derecha liberal representada por diversos think tank no les importa la suerte de los militares. Si les puede importar que a un ex ministro de Hacienda como Andrés Velasco el Servicio de Impuestos Internos haya actuado arbitrariamente, o que algunos políticos de la ex derecha se les haya acusado de financiamiento irregular, mientras a los parlamentarios de la Nueva Mayoría que también cometieron ese delito que no existe se les aplique la prescripción, ni caigan procesados. Ni mucho menos que el actual Gobierno que libero a más de quinientos reos haya discriminado a los ancianos de Punta Peuco por considerar que son un peligro de la sociedad.

  Asimismo es irrelevante tener la opinión del Instituto Nacional de los Derechos Humanos –engendro del primer gobierno de Michelle-, cuya labor es defender a delincuentes y terroristas para que tengamos la tranquilidad de que en Chile se respeta el Estado de Derecho.

   A principios de este año, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la gremial que agrupa a los grandes empresarios puso un inserto en La Tercera, en que acusaba al gobierno de dejar a la región de La Araucanía sin estado de derecho: “en esa zona ya no impera el Estado de Derecho”. Agregaron:”es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se comenten”. La vocera del gobierno, Paula Nárvaez califico de irresponsables las declaraciones de la Sofofa y llamo a diálogo: "Es una opinión que no compartimos ni en la forma ni en el fondo. Nos parece tremendamente preocupante que se den declaraciones irresponsables respecto a señalar que en una parte del territorio nacional no hay estado de derecho". ¿Por qué se tiene que dialogar con delincuentes y terroristas que queman, matan y extorsionan a los agricultores? Después dijo la vocera que era un juicio que no se basaba en la realidad, por tanto, era falso: "lo señalado por la Sofofa no es real, no es la situación que hoy día impera en la región de La Araucanía". La ministra mintió. La prueba más elocuente la vimos en el último censo, donde una comunidad de esa región no se dejo encuestar. No sé si le habrá llegado el castigo pecuniario con que el Estado amenazo a quienes no se dejaban encuestar.

   En el penúltimo 21 de mayo, el día de las Glorias Navales y de la rendición de cuentas del Jefe de Estado que, por cierto se cambio este año la fecha, gracias a los amigos violentos que tiene Michelle Bachelet, murió calcinado por el fuego el vigilante, Eduardo Lara encargado de cuidar el edificio consistorial de la ciudad de Valparaíso. Gracias a un grupo de estudiantes que lanzaron una bomba molotov en esa edificación. Los únicos que lanzan esos artefactos explosivos pertenecen al PC. Al día siguiente el obispo de la ciudad dijo: “Valparaíso está perdiendo la confianza en el Estado de Derecho”.

   El Gobierno tanto en La Araucanía como en el resto del país no quiere aplicar el Estado de Derecho, esto es, usar la fuerza legítima contra delincuentes o terroristas. A decir verdad, este post lo tenía pensado hace tiempo. Sin embargo, me faltaba algo. Tenía el título: “Un país sin Estado de Derecho”. Me quede mejor con las palabras de Trump.

 En resumen, nos hemos vuelto un país indecente. Por tanto, no hay Estado de Derecho.

La ONU negando la legítima defensa

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   Como si no bastará la incompetencia del actual gobierno con la delincuencia y menos aún, con asegurar el respeto a la propiedad privada y la seguridad en región de La Araucanía, los chilenos bien nacidos tenemos que aguantar, además, la injerencia de la ONU en esa región. Recuérdese que el actual conflicto en La Araucanía es uno de los nefastos legados del ex presidente de la Concertación, el demócrata cristiano, Patricio Aylwin, quien asesorado por su hijo, el abogado José Aylwin y un historiador de izquierda, hicieron la versión del Informe Rettig para los indígenas y la Ley que les permite a cualquiera persona con ascendencia mapuche reclamar tierras, violando así, el derecho a la propiedad. Todas las propiedades actuales están registradas con sus respectivos dueños. Pero los progresistas demócrata cristiano y ex Unidad Popular no les importan.

   En efecto, a fines de marzo apareció la noticia que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, el príncipe Zeid Ra'ad Al Hussein de Jordania estaba preocupado por el uso excesivo de la fuerza policial o de los agentes del Estado en la región La Araucanía. Le había enviado a Michelle Bachelet un video manifestando tal parecer, ya que él no estar presente en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos realizada, en Ginebra, Suiza. Dicho sea de paso, no sabía que la mandataria estaba viajando como símbolo de austeridad fiscal y no creo que fuese a Europa para asegurar que Chile es un país seguro para invertir, cuando los grandes empresarios nacionales han invertido fuera, desde que se puso en marcha la ‘retroexcavadora’. Estoy seguro, además, que fue al país de los relojes y chocolates para asegurarles de que aquí no existe incertidumbre jurídica como manifestó el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien se fue a vivir a ese país.

   El Alto Comisionado dice primero lo siguiente: "Chile ha sido durante mucho tiempo un fuerte defensor de los derechos humanos en la escena internacional". Él se refiere, naturalmente, a los gobiernos que tenemos desde 1990. Da por supuesto, que dentro del país se respetan los derechos humanos en democracia. En Chile no se respeta el principio de igualdad ante ley, partiendo con que un grupo minoritarios de chilenos se les niega las leyes que les aplicaron a los terroristas.

  El príncipe Zeid Ra'ad Al Hussein elogio las reparaciones a las supuestas víctimas del Gobierno Militar a.k.a ‘dictadura’. Esas son las millonarias indemnizaciones a costa de los contribuyentes, mientras la Izquierda (DC/UP), se escandaliza por la desigualdad natural mas no por esas reparaciones. Se nota que a nivel internacional, la ex UP o los victimarios se han encargado de limpiar su imagen, vendiéndose como víctimas, pues como todos sabemos fue la Izquierda la que introdujo la violencia y el odio en la política chilena: "Chile ha dado grandes pasos desde el fin de la dictadura, sin embargo muchas familias aun no saben la verdad acerca de lo que sucedió con sus seres queridos". Las familias saben donde están, ya que unos están vivos o otros están muertos. A la Izquierda no le interesa la verdad. Y algunos vivos pasan como detenido desaparecido. Lo que les importa es dinero y de paso mantener el odio hacia un grupo minoritarios de chilenos, los cuales no pueden defenderse.

   Luego se refiere a un posible perdón a los supuestos violadores a los derechos humanos. Ese calificativo ya es un estigma. Digo ‘supuestos’, ya que no hay olvidar que para el bloque DC/UP/PC los terroristas primero del Mir en democracia hasta el 11 de septiembre de 1973 y después el Frente Lautaro y el FPMR no violaron los derechos humanos, a pesar de asesinaron a civiles o militares, pusieron bombas saliendo heridos o muertos civiles o militares, secuestraron e internaron gran cantidad de armamentos: "El derecho a la verdad para el grueso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es inalienable. Cualquier petición de perdón o liberación anticipada de los autores debe ser considerada con mesura a la luz de las leyes de los Derechos Humanos". No sé a qué le llama mesura. No tiene idea que son ancianos los que están en Punta Peuco. Como dije más arriba no les aplican las leyes, además, les niegan los beneficios penitenciarios a que tienen los reos como la salida dominical. La Justicia les niega el principio pro reo, entre otros. Si se informa más, le daría vergüenza vivir en un país como Chile. Se supo de los indultos que ha realizado Bachelet en lo que va de su mandato. Al Gobierno le llego con anticipación la petición de dos reos octogenarios que estaban agonizando en el penal mencionado, sin embargo, el presidente se los negó. Ni se movió por ellos, la subsecretaria de los Derechos Humanos.

  El Alto Comisionado no sabe distinguir entre justicia y la venganza del mismo modo que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati: "Ellos también los tienen y hay que respetarlos, aunque la justicia haya establecido que ellos no fueron respetuosos de los DD.HH. en determinados momentos". Ese afirmación es un prejuicio, porque aquéllos que la Izquierda llama ‘violadores de los derechos humanos’ es más que un estigma social que un juicio basado en la justicia, pues no existe un delito ‘violentar los derechos humanos’. Si fuese más hombre el señor de la Iglesia, estaría enojado porque se ha violentado la igualdad ante ley, y cuya única solución es una salida política tal como lo tuvieron los terroristas.

   Ahora bien, volviendo al tema de La Araucanía, él expreso su preocupación por el uso excesivo de la fuerza a los pueblos indígenas. Según él, se ejerce una violencia contra la etnia mapuche. Eso es falso, pues los descendientes de los mapuches mucho de los cuales tienen apellidos españoles, son chilenos. No existe de los chilenos por un lado, y por otro lado, los mapuches. No hay tal cosa como ‘pueblos indígenas’, lo que hay son terroristas. Según el príncipe todo se resuelve con diálogo: "el reconocimiento adecuado y el diálogo significativo es esencial, particularmente en la Región de La Araucanía". Eso lo mismo lo que sostiene el gobierno de Michelle Bachelet. Ante terroristas, pues eso es lo que son, la receta es el diálogo. La ex UP y el Partido Comunista lo único que les interesa sancionar es lo que llaman ‘terrorismo de Estado’. Eso no existe como tal. ¿El Mir y el FPMR eran unos Boys Scout, y no terroristas? Eso significa que la ONU no apoya el derecho a la legítima defensa de las personas.

   El actual director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos como los diversos personeros  del Gobierno de Bachelet dijo amén a las declaraciones del Alto Comisionado.

  El director del INDH, Branislav Marelic dijo: “Nosotros, en el marco de nuestro trabajo, coincidimos con esa alerta que pone el alto comisionado. (…) Siempre va a ser una tarea pendiente la regulación del uso de la fuerza en agentes policiales”. Que un grupo emplee la violencia a través de diversos medios, no les interesa. El único problema es el uso legítimo de la fuerza de Carabineros. ¡Qué quemen maquinaria, quemen vivas a dos personas, que quemen iglesias y prohíban el acceso en algunos sectores de La Araucanía, es un detalle!

   Lorena Fríes, actual subsecretaria de los Derechos Humanos, quien estuvo en Ginebra dijo: “Recogemos esa crítica y por supuesto que vamos a tratar de avanzar en lo que es una tarea de Estado”.

   Agregó que “hemos sido claros como gobierno en no aceptar situaciones de abuso policial. (…) Todavía nos queda por avanzar, pero estamos conscientes de que las situaciones de abuso policial, cuando se acrediten, no pueden seguir existiendo”. Sin embargo, no están conscientes de los terroristas. El mismo comentario que hice al director del INDH vale.

   El senador Hernán Larraín, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores se mostró disconforme: “La información y el juicio que ha hecho sobre lo que ocurre en La Araucanía revela desinformación o francamente un prejuicio (…); se olvida el comisionado que hay grupos terroristas en La Araucanía, que actúan con exceso de fuerza sobre agentes del Estado y sobre particulares, utilizando el incendio en forma frecuente como arma de terror”.

   Se le olvido al senador de la UDI arrepentido, que los terroristas son apoyados por el Gobierno. Los terroristas usan la violencia y “exceso de fuerza sobre agentes del Estado”. Esa afirmación puede confundir a las personas. La violencia siempre es ilegítima.

   Si se dan cuenta, todo el asunto estriba en quitarle legitimidad al uso de la fuerza, ya sea que la emplea la policía en forma correcta, ya sea los particulares, mientras legitiman el uso de la violencia por parte grupos minoritarios. De ahí que insistan en el diálogo en La Araucanía o en Venezuela.

  Se desprende, asimismo, que el Gobierno y el INDH avalan la desinformación al exterior sobre la situación real en La Araucanía, quedando los terroristas como perseguidos por ser una etnia, cuando son ellos los que usan la violencia. 

Los silencios del Instituto Libertad y Desarrollo

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  El Instituto Libertad y Desarrollo elaboró dos informes. Uno sobre el conflicto en La Araucanía y otro sobre los beneficios penitenciarios. El primero se llama “La Política de Entrega de Tierras: Análisis y Desafíos de cara a un Nuevo Paradigma de Política Indígena” de abril de este años. El otro informe es “Sistema Carcelario y Libertad Condicional en Chile” de mayo.

   La Multigremial de La Araucanía ha estado más perdida, pues reunieron con Lorena Fríes del INDH para acabar con el conflicto y ahora junto LyD presenta propuestas de entrega de tierras , que por cierto, van generar problemas.

  Pues bien, el primer informe de 24 páginas hace un análisis de Ley 19.253, la violencia en la región, hace comparaciones con países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Finalmente, llega a una conclusión.

   En el primer párrafo señala: “Particularmente, la política de entrega de tierras, amparada en la Ley 19.253, se configura como una piedra de tope para la instauración de la paz social en la zona, en cuanto reproduce e intensifica el conflicto”. Observen que usa la expresión “paz social” y no paz. La primera expresión consiste en que un grupo minoritario usa la extorsión o amenaza para conseguir una cosa. Lo cierto es que el actual conflicto partió con esa Ley.

   Sin embargo, Julio Bazán Álvarez, autor de los libros ¿Es mapuche el conflicto? y Lo Derrocó el Pueblo, nos ilustra que esa ley abundan conceptos vagos como “tierras ancestrales” y “pueblo mapuche”. Los investigadores de LyD no vieron eso. La ley 19.253 pasa a llevar a propiedad privada. Señala, asimismo el autor, que no hay un tal derecho de tierras, ni derecho a restitución de tierras.

  Esa ley les da calidad de derecho positivo a los pueblos originarios por encima del Estado de Derecho. Igualmente, esa ley pasa a llevar los títulos bien adquiridos e inscritos en base al Estado de Derecho. Eso no lo vieron los investigadores.

   Los pilares del conflicto son, según Bazán en su blog : “La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, La Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, los activistas de los movimientos indiginista; las ONG que los financian, las legislaciones pro indígenas aprobadas en el Parlamento y la sujeción de los Gobiernos a las presiones de las extremistas”.

   Los investigadores concluyen: “De esta forma, se sugiere su modificación, con el fin de mejorar el proceso de restitución de tierras, poniendo énfasis en un desarrollo integral de los pueblos indígenas”.    En una entrevista realizada por El Mercurio de Santiago a Julio Bazán Álvarez, él afirma que la mencionada ley era innecesaria : “Jamás. Era una ley innecesaria. El saneamiento de tierras de las reducciones indígenas estaba resuelto cuando llegó el señor Aylwin". Por algo, al general Augusto Pinochet recibió un título indígena “Ulme Futa Lonko” o el Gran Cabecilla del Pueblo Mapuche. El informe dice algo importante. Las tierras que se han entregado están abandonas y no trabajadas.

   Concluyen también que la comunidad demandante tiene que poseer el título originario de la merced y para iniciar el proceso de reivindicación de tierra, sin “poner el riesgo la propiedad privada de la zona”. ¿No es un contrasentido? La ley 19.253 vulnera la propiedad privada.

   Los investigadores recomiendan: “Conjuntamente el Estado no debe negociar o beneficiar a personas o comunidades que hayan participado en hechos de violencia como medida de reivindicación de derechos”. Eso es lo que han hecho desde que dicto esa ley. ¿Qué creen que son sus interlocutores en el gobierno?

   Julio Bazán Álvarez en su blog comenta los Informes que saco el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el Instituto Libertad y Desarrollo sobre el conflicto en La Araucanía . Él cuestiona que no existen los derechos restitución de tierras como hacen ver esos Informes. Sobre el Informe de LyD, afirma:”sin entrar a destacar la cantidad de errores conceptuales que este informe contiene al analizar la situación de la propiedad en La Araucanía y otras regiones del sur”. Ni yo podría haber sido tan lapidario con respecto a esos Centro de Estudios: “Estos supuestos, reflejan como la propaganda indigenista ha logrado la aceptación de sus consignas, (contenidas en el Informe aludido y publicitadas con entusiasmo por medios de comunicación), son aceptadas como verdaderas por instituciones que se suponen informadas y celosas de cuidar los respaldos de sus afirmaciones: triunfo de la propaganda de las demandas engañosas, que conducirán al país a objetivos geopolíticos peligrosos para la soberanía nacional, y que no tienen sustentación histórica ni jurídica, como se demuestra en numerosos artículos de este Blog”. (La negrilla es mía). Como muestra en su blog Julio Bazán, hay intensiones separatistas de los grupos minoritarios terroristas. De ahí la expresión “al país a objetivos geopolíticos peligrosos para la soberanía nacional”. Dos think tank de derecha atrapados por consignas de la Izquierda.

 La solución para La Araucanía como dice en la entrevista del 2011, es “proveyendo gran desarrollo económico en la zona, integrando al campesinado”.

   Es sabido que el Gobierno de Michelle Bachelet saco de la cárcel a 1400 reclusos de Santiago y Valparaíso saco de la cárcel a 1400 reclusos de Santiago y Valparaíso , mucho de los cuales son asesinos, violadores y narcotraficantes, por el pretexto de que existía hacinamiento. Según el Informe de LyD, el otorgamiento de la libertad condicional ha ido en ascenso. De acuerdo a Gendarmería existen 163 recintos penitenciarios. Naturalmente, para otorgar ese beneficio se requiere ciertas condiciones. No voy a entrar a enumerar la condiciones de la libertad condicional para el asunto que quiero abordar. Se nota, que para el Instituto Libertad y Desarrollo no existe el gulag de Punta Peuco. De lo contrario, hubieran escrito un Informe denunciando que discriminan a los reos de ese penal como se han visto en artículos publicados en blog y en otros sitios. A ellos se les niega todos los beneficios carcelarios que tienen los reos comunes. Tampoco les conmueve que todos los presos allí sean personas ancianas que tienen problemas médicos propios de su edad. Quizás los miembros de ese think tank no se pronuncian sobre los ancianos del gulag mencionado, porque no quieren ser tildados de fachos, pinochetistas y nazis u otro epíteto que se les ocurra a la Izquierda.

   El penal de Punta Peuco es descrito por las personas que lo han visitado como “Asilo de Ancianos” enrejado. Tiene muros, si es que no equivoco de 6 metros. En invierno, la temperatura llega a -6 grados. Un lugar ideal para personas de Tercera Edad.

   ¿Qué le importara que las personas allá están ciegos, otros tenga Alzheimer, o no tenga conciencia donde se encuentran, otros tienen diversos tipos diabetes e hipertensos? ¿Van a tomar en serio los informes del psicólogo de ese recinto que le da el pase a los reclusos para que puedan gozar de la libertad condicional? Una vez que tenga el informe de Gendarmería, el Instituto LyD elaborará otro informe haciendo comparaciones y citando a un “experto”.

   Por ejemplo, cuando son llevados al hospital de su institución: “Cuando los reclusos deben ser llevados a los hospitales de las FF.AA o de Orden, lo hacen en carros celulares, incómodos, con conducción poco suave, con chaleco de imputado (amarillo, de plástico), que produce abundante transpiración (peligro de enfriamiento), esposados y si están hospitalizados, permanecen con centinela permanente de Gendarmería, este aspecto para ancianos es inhumano”. Como si les fueran a escapar.

   Es un detalle insignificante para el Instituto es que a los reos de ese penal no se les aplique la Ley de Amnistía de 1978, la prescripción, ni la igualdad ante ley.

   Se desprende, por tanto, que el reconocido think tank cree que los generales y almirantes en retiro presos son “un peligro para la sociedad” tan como el senador Orpis, o que ellos (los reos) cometieron delitos de lesa humanidad, aún cuando la ley que tipifica ese delito no sea retroactiva, o creen que los reos de Punto Peuco son ‘violadores de los derechos humanos’ como les llama Izquierda.

  Queda claro los silencios en que cae el Instituto Libertad y Desarrollo.

El legado nefasto de Patricio Aylwin

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  Cuando tome una micro y escuché los comentarios por las radio sobre el ex presidente demócrata cristiano y primer gobernante de la Concertación, Patricio Aylwin, quien falleció  el martes 19 de abril, me provocó indignación. Lo alaban de estadista, humanista cristiano, que se preocupo de los pobres o tuvo intereses social y que se enfrentó al mundo militar. Creo que Allamand decía que teníamos una democracia imperfecta en 1990. Y de la derecha añoraban la democracia de los acuerdos.

   El “Estadista” presentó un proyecto de ley que fue fatal en la Reforma Agraria. Dio su voto en la elección de 1970 para el presidente marxista llegará al poder, pues había coincidencia entre el programa de la DC y la UP. Luego se opuso a ésta última con el Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, llamando a los militares, que derrocaron a Allende: “El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista". El sector de la DC que él lideraba esperaba que la Junta Militar les devolviese el poder a ellos, y como no quisieron, entonces, se volvieron opositores al Gobierno Militar o cívico militar, oponiéndose a la Constitución de 1980 que nos rige y al modelo económico liberal. El programa original del primer gobierno de la Concertación era volver a 1970 y subir los aranceles a las importaciones. Si hasta la diputada comunista, Camila Vallejo se benefició al adquirir un auto Subaru. Tendiendo en cuento lo dicho, ¿Puede considerarse estadista a Aylwin?

  Para el demócrata cristiano que está recibiendo un funeral de Estado por haber sido el primero entre los pares, le vienen las palabras del monologo de Hamlet: “El paciente mérito que recibo hombre indigno”. Aylwin es responsable de la situación y persecución de los militares de Punta Peuco. Pues, la Izquierda ha usado el famoso Informe Rettig para querellarse contra ellos. Dicho sea de paso, el Informe se llamó ‘Verdad y Reconciliación’. Y la verdad, que sido mentira y irreconciliación. Gracias él a los militares de su generación no se les ha respetado la Ley de Amnistía de 1978 y la igualdad ante ley. La misma ley que benefició al grupo terrorista Mir y los indultos a los terroristas del FPMR, que cometieron crímenes desde 1979 hasta 1990. A los terroristas les conmutó la pena de vacaciones permanente en Europa. ¡Tienen que ser difícil cumplir lo que dice la ley! Además, indulto a personas que habían sido condenadas a cadena perpetua. Pidió a la Corte Suprema reinterpretar la Ley de Amnistía.

 Cuando un periodista de La Segunda , que luego fue vocero de prensa del general Pinochet en el senado, si había indultado a personas con delitos de sangre, él se enojo. Desde luego que lo hizo y con consentimiento de la Derecha por la paz del país.

  Una frase célebre que refleja su ignorancia sobre el funcionamiento de la sociedad y de la civilización fue y que a los enemigos de la libertad les gusta: “El mercado es cruel”.

 También se ha hablado que él tuvo que volver a relacionar el mundo civil y el mundo militar. Más bien, a los políticos con las Fuerzas Armadas, pues no hay olvidar que gran parte de la civilidad apoyo al Gobierno Cívico Militar de las Fuerzas Armadas. Se vio en el respaldo que obtuvo el general Pinochet en el plebiscito, un 46% y luego su funeral, que los medios intentaron minimizar la larga fila. En la última entrevista, que reproduce la revista Que Pasa, a cargo del académico Abe Lowenthal y su ex ministro, Sergio Bitar, quienes publicaron el libro Transiciones democráticas: conversaciones con líderes mundiales, dice lo mismo. Los académicos de la Izquierda crearon la imagen de las Fuerzas Armadas estaba fuera la sociedad, como si fuera un compartimento estanco. De ahí todas las reuniones con los altos mandos de las respectivas ramas armadas. Incluso una que dio en España, pasando por Mesa Diálogo que diálogo no tenía nada, hasta llegar al papel lastimoso del general Cheyre. El problema en el gobierno de Patricio Aylwin no eran los militares, sino los terroristas.

 El siempre dijo en sus entrevistas que el general Pinochet jugó un rol importante en la llamada ‘transición a la democracia’. Después de su mandato dijo en una entrevista: “Tal vez la permanencia de Pinochet (durante mi gobierno) ha ayudado a la estabilidad del proceso". Después de 10 años de primer gobierno de la Concertación seguían diciendo que la transición no había terminado: “Más allá de mis diferencias políticas con el general Pinochet, en cuanto gobernante creo que su presencia contribuyó a que no tuviéramos ningún episodio de esa naturaleza en la transición chilena (…) creo que el general Pinochet cumplió bien con su función”. En su última entrevista lo volvió a reiterar, para en esos años no saliese un coronel al estilo del argentino, Aldo Rico.

  Un hecho clave de su gobierno fue la elaboración del sesgado Informe Rettig de “Verdad y Reconciliación” para investigar los supuestos crímenes ocurridos en ese gobierno de los militares, olvidándose de los crímenes que realizo el grupo terrorista Mir entre 1968 o 1967 hasta 11 de septiembre de 1973 y meses siguientes, que afecto a los comunes de la derecha y de la democracia cristiana. En dicho Informe acuñaron la expresión ‘violencia política’ para ex culpar a la Izquierda que opto por la vía armada, instalar una dictadura comunista, como si un grupo de personas estuviesen poseídas, por lo cual no son responsables de sus actos. He dicho es como decir un virus al estilo de la película los Usurpadores de Cuerpos se posesiona de las personas de Izquierda.

¿Cuál es el origen del Informe Rettig? En la última entrevista que le hicieron al ex presidente a señala que a él se le ocurrió: ”La comisión de Verdad y Reconciliación fue formada para investigar los crímenes de la dictadura. La convoque al principio de mi periodo. Fue fundamentalmente mi iniciativa”. Nótese que esa afirmación, en realidad, es prejuicio hacia los militares como ha sido la tónica desde 1990. Se los pre-juzga por la prensa o por las opiniones que dan los políticos con la etiqueta de ‘violadores de los derechos humanos'.

  Sin embargo, no es así. Aylwin mintió al país. La realidad es otra. En efecto, cuando fue la huelga de hambre que hicieron los mapuches terroristas que emboscaron al fiscal Elgueta para cambiar la Ley Anti Terrorista , lo cual lo consiguieron, gracias a Sebastián Piñera, el parlamentario de la UDI, Hernán Larraín dijo: “No sé si fue mi impresión, mas las palabras del político oficialista dejan entrever otra cosa. El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas”. Esa es la verdad. Al leer las palabras del parlamentario de la ex derecha sospeche que el peligro en la ‘transición a la democracia’ no fue el Ejército ni las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino los terroristas. Finalmente, mi sospecha salió confirma con las palabras del diputado socialista Marcelo Schilling en ese período, que nos revela el origen del famoso Informe Rettig: “Alguna experiencia tengo en esto de enfrentar la violencia política de los grupos armados, y quiero decir que si en su oportunidad no se hubiesen tomado medidas como llevar adelante el Informe Rettig, hacer las leyes de reparación y levantar las limitaciones que imponía la ley de Amnistía, todo eso se habría convertido en bandera de lucha de los grupos violentista”. He allí el origen de nuestros infortunios, de las millonarias reparaciones a familiares de las ‘victimas’ y de la falta de piedad hacia los militares de Punta Peuco. No fue paz, sino que los chilenos y el Presidente de la República fueron extorsionados. Les temió a los terroristas. Ese fue el origen oscuro del Informe Rettig, donde colaboraron de la derecha el filósofo Cristóbal Orrego y el historiador Gonzalo Vial Corra. Según Aylwin, le pidió a Francisco Bulnes, más éste se negó. Encerrar a los militares fue la moneda de cambio de la transición y de la paz social, o sea, extorsionar. Hemos tenido una tregua, hasta que llego la Nueva Mayoría que desea arrasar todo. No escribo ‘paz’ a secas, porque no es así. En cambio, la expresión ‘paz social’ que tanto le gusta a Bachelet supone amenazar. Desde 1990 la política se ha basado en amenazas, si no se suben los impuestos o si no se hacen las reformas constitucionales, entre otras cosas, se acaba la cohesión social y otras cosas por el estilo.

  Igual vale la preguntarse: ¿Quién está mintiendo: Patricio Aylwin o el diputado socialista? No sé si le paso por la mente la solución de la Guerra Civil de 1891. Sólo sé basándome en las declaraciones de Larraín y Schilling que la clase política que fueron cobardes.

   Desde entonces, comenzó la persecución a los militares y la agenda de los derechos humanos desde distintos frentes: el CDE, la oficina del Ministerio del Interior, el INDH y, por último, la subsecretaria de derechos humanos. Las instituciones mencionadas jamás se van querellar contra los terrorista indultados y amnistiados.

   Aylwin dejo fuera de la Concertación al Partido Comunista, con todo, se dejo extorsionar por grupos terroristas. Por eso, tan prisa en indultarlos o cambiarles las penas y que continuaron los gobiernos de esa coalición hasta el socialista, Ricardo Lagos, mientras crearon junto la derecha jueces especiales para investigar y condenar a los militares.

  Una frase célebre suya: “Justicia en la medida de lo posible”. A decir verdad, injusticia en la medida de los posible.

  Durante su gobierno se subieron los impuestos, como si los pobres no pagaran el IVA. Típico de los demagogos, como si solamente lo pagaran las empresas y los ricos: “por las impostergables necesidades en materia de salud, vivienda y educación, me he visto en la obligación moral de subir los impuestos de primera categoría desde un 10% a un 15% y el IVA desde un 16% a un 18% por un período de cuatro años y por una sola y única vez”. Ese fue su lado social y humanista cristiano del cual tanto ufanan los progresistas.

  En una entrevista, menciono en forma despectiva a Krassnoff, si gracias a éste sus familiares tienen sus bienes, entre otras cosas.

  El ex presidente Patricio Aylwin fue el responsable del conflicto de La Araucanía. De hecho es conflicto artificial. José Aylwin Oyarzún y el historiador José Bengoa fueron los asesores de la comisión para los asuntos indígenas “Comisión Histórica y Nuevo Trato”. En esa ocasión fue refutada por el historiador Sergio Villalobos. Julio Bazán Álvarez, autor del libro “¿Es mapuche el Conflicto?’ señala el ministro José Antonio Viera-Gallo asumió un “Compromiso de Estado” de entregarle tierras a los mapuches en base al derecho de tierras. Según Bazán Álvarez, no existe tal derecho. En vista de que no había oferta, ya que los propietarios tienen vigente su propiedad inscrita, “el gobierno se ha movilizado presionando a pequeños agricultores para generar un poder vendedor” desde 1990. Asimismo, señala el autor del mencionado libro que la ley 19.253 que creó la Concertación abundan conceptos vagos que no tienen asidero en la realidad: “tierras ancestrales” y “pueblo mapuche”. Con esa desafortunada ley, cualquiera persona de descendencia mapuche o cualquiera con la acreditación de indígena concedida por la Conadi puede solicitar tierras.

   Bazán concluye que el problema en esa región son de dos cosas: “El problema en La Araucanía es un problema de soberanía no de orden público” y “Se han transgredido las normas del estado de derecho”.

    El presidente demócrata cristiano es el responsable del terrorismo y la violencia, pues “la ley generó expectativas de tierras que no se podían tener porque todas estaban con títulos de dominio vigentes. La ley creó aspiraciones imposibles de cumplir. Generó una base, un fundamento, para la activación de los movimientos extremistas, y ese es el núcleo, el origen de la violencia en el sur”.

   Este el legado de Aylwin. Primero, un país dividido en base a la mentira y la venganza. Ni Reconciliación ni Verdad. Segundo, la violencia que hay en la región de La Araucanía.